Como Indira, Marín Franco es uno más de los hombres del candidato panista a Gobernador que impuso en el gabinete de su padre, primero como subsecretario y ahora en la titularidad, luego de desempeñarse como director de Participación Ciudadana y Regidor Cuarto en el ayuntamiento de Boca del Río.
Vulgaridad y misoginia, el sello de la casa
El tono empleado contra una mujer, con ser ofensivo y de un nivel de vulgaridad impropio de un funcionario de gobierno, refuerza el discurso misógino del gobierno panista, el que ha recibido dos alertas de género de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), la primera en noviembre de 2016 por violencia feminicida en 11 municipios, y la segunda en diciembre pasado por agravio comparado, justo por existir en la entidad un marco normativo que violenta los derechos de las mujeres, en particular los sexuales, reproductivos y de salud.
Nadie puede negarle a un gobierno rechazar explícitamente expresiones críticas contra sus políticas públicas. En un ambiente tan polarizado como el que se vive este año, con cinco elecciones concurrentes (Presidente de la República, Senado, diputados federales, Gobernador y diputados locales) muy competidas, es lógico que haya respuestas inmediatas a señalamientos de la oposición. Lo que sale de toda lógica es el tono y el lenguaje usados por el funcionario estatal, a todas luces diseñado y ordenado por el titular del Poder Ejecutivo.
El mensaje final de la torpe alocución yunista, leída por el titular de Sedesol, dibuja un gobierno misógino y antidemocrático: “El Gobierno del Estado, y en particular el Gobernador Yunes, están dedicado a trabajar. Usted, diputada, debería hacer lo mismo; dejar a un lado el mitote y ponerse a trabajar en beneficio de los veracruzanos, que para eso le pagamos”.
Con los muchos meses que le pagamos al diputado Yunes Linares su estancia en San Lázaro, y solo dedicado al mitote. ¡Válgame la rebuznancia!
Mujeres de Veracruz, en grave riesgo
Este jueves 8 de marzo, cuando se conmemore el Día Internacional de la Mujer, se recordarán las palabras que este martes pronunció María López de la Rica en el Congreso del Estado sobre la situación jurídica de las mujeres veracruzanas, luego de recibir el Premio Estatal a la Mujer Veracruzana 2018 por su activismo enfocado en erradicar la violencia de género desde una perspectiva jurídica social y a su promoción de los derechos humanos de las mujeres, en particular en las comunidades de la Sierra de Zongolica.
Es extraño que un día el gobierno estatal emita expresiones como la del titular de Sedesol contra una mujer, la diputada Rocío Nahle, y al siguiente la Legislatura otorgue este premio a una connotada activista, nacida en Colombia por cierto pero comprometida con las veracruzanas, como María. Y no le fue nada bien, al menos a la Fiscalía General del Estado, a cargo del abogado personal de los Yunes, Jorge Winckler.
López de la Rica acusó un absoluto desinterés del Fiscal en temas relacionados con las mujeres. Por ejemplo, desde diciembre pasado en que fueron despedidas sus titulares, aún no se ha contratado a 22 nuevas fiscales especializadas en Investigación de Delitos contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas, pese a que eran insuficientes. Lo grave es que mientras la Fiscalía le da la espalda a las veracruzanas, quienes viven una situación de inseguridad e impunidad, de enero de 2017 a la fecha han sido asesinadas 251 mujeres en el estado.
La primera Alerta de Género dictada por la Conavim se refería a la vulnerabilidad creciente de las mujeres ante la violencia de género, señalándose 11 municipios donde el fenómeno era más visible, si bien hay que reconocer que no se circunscribe a esos territorios. La galardonada pidió al gobierno estatal llevar a cabo las acciones contempladas en las dos alertas de género, una por violencia por agravio comparado y la otra por violencia feminicida, no solo en los 11 municipios señalados por la Conavim sino también en los 47 municipios con población indígena mayoritaria.
Dijo que las indígenas veracruzanas no tienen acceso a la justicia por la distancia que media entre sus comunidades y los centros de procuración de justicia, lo que se agrava por la pobreza que impide destinar recursos para sus traslados. “Esto hace que las mujeres que toman la decisión de vivir una vida libre de violencia desistan y regresen a sus lugares a vivir con ‘el violador’ y se expongan a la violencia extrema”.
Ya las notas periodísticas darán cuenta de otras peticiones de esta mujer que es representante de la asociación Kally Luz Marina AC en el municipio de Rafael Delgado, una organización que desde 2007 brinda apoyo psicológico, legal y social a las mujeres en condiciones de vulnerabilidad, principalmente en la zona serrana de Zongolica, en el centro de Veracruz.
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