La corrupción proviene hasta de mantener a decenas de secretarios de despacho, subsecretarios, directores generales y hasta asesores cobrando fuertes sumas de dinero sin hacer nada de aquello a lo que los obligan normas como la Constitución Política estatal, la ley local de la Administración Pública y los propios perfiles y funciones establecidos en particular por cada dependencia, como está ocurriendo en el actual gobierno.
Ya hemos visto cómo varios de los funcionarios que llegaron al principio del minigobierno solo se dedicaron a usar el presupuesto para promover su imagen pública con miras a su lanzamiento como candidatos a puestos de elección popular: solo baste recordar a los secretarios de Infraestructura y Obras Públicas y de Desarrollo Social, Julen Rementería del Puerto e Indira Rosales San Román, hoy enfocados en llegar al Senado de la República, el primero por mayoría relativa y la segunda por la vía de la representación proporcional.
El aparato propagandístico del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares hace tiempo que se puso al servicio de la campaña de su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez, aunque lo niegue persistentemente, lo que quiere decir fría y llanamente corrupción.
Y hay otras manifestaciones más a nivel de piso que, estén o no instrumentadas por órdenes de los altos niveles de gobierno, constituyen actos de corrupción en que las autoridades directivas pueden ser cómplices por omisión. Solo baste recordar las quejas de los transportistas contra autoridades de Tránsito y de Transporte Público, a cargo del titular de Seguridad Pública, y aún más, lo que sucede en los centros penitenciarios, que siguen convertidos en una verdadera mina de oro, a costa de los internos y sus familiares, y cuyos dividendos no tienen ninguna forma de ser fiscalizables.
De que tenemos un gobierno corrupto, lo tenemos, y entiéndase gobierno a todo el aparato político-administrativo dependiente de un solo personaje, el Gobernador del Estado, cuyos tentáculos se extienden más allá de la capital estatal.
Veracruz, segunda entidad en percepción de corrupción
“Si hay una entidad federativa en donde la corrupción ha roto las relaciones entre autoridades y población, sin duda lo es Veracruz”. La frase, externada este jueves en Coatzacoalcos por el comisionado del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), Joel Salas Suárez, debe calar muy hondo no solo en la persona del gobernador Yunes Linares sino en la de todos y cada uno de quienes habitamos esta entidad.
Y es que dijo también que Veracruz es la segunda entidad federativa donde la gente experimenta mayor corrupción, lo que ha minado las instituciones y el tejido social.
Al participar en la presentación del manual sobre el Sistema Nacional Anticorrupción y Jornada de Capacitación en Transparencia, el funcionario federal no habló tomando como criterio sus propias lucubraciones sino información derivada de una encuesta del INEGI que no mide percepción de corrupción sino las experiencias de corrupción que viven los ciudadanos.
En ella, el 95 por ciento de los veracruzanos dijo que la corrupción en el estado es frecuente o muy frecuente, por lo que es la segunda entidad federativa donde se tiene la mayor experiencia de corrupción en el país. Y precisó que para contener la corrupción es necesario contar con mayor personal y poner en práctica la normativa vigente. Para colmo, tanto en el ámbito nacional como en el estatal sigue habiendo nombramientos pendientes de los sistemas anticorrupción.
Por el lado de la transparencia, Joel Salas dijo que las entidades federativas que reciben mayor cantidad de solicitudes de información son la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Jalisco y San Luis Potosí.
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