El miércoles, una nota del corresponsal de El Universal en el Estado, Édgar Ávila, dio a conocer que: “La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz (CEDHV) informó ayer que cuando los visitadores que envió ingresaron al penal de La Toma, tras los hechos de violencia, encontraron a 70 reos heridos en la enfermería”.
Y que: “La presidenta del organismo. Namiko Matzumoto Benítez, indicó que hasta el momento tiene 10 quejas en proceso de integración que presentaron internos del penal por probable maltrato de las autoridades penitenciarias”.
Namiko es una funcionaria muy celosa de su deber y una experta en la materia, reconocida internacionalmente, y ahora sabemos que no se quedó cruzada de brazos cuando se enteró de los hechos y envió a personal a su cargo para ver por los derechos humanos de los internos, a lo que se pudo haber sumado que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) le haya solicitado su apoyo.
Este reporte es el que pudo haber servido de base a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México (UNODC) y a la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) para que condenaran el hecho, aunque, posiblemente por un error, en su comunicado oficial hablaron de 60 y no de 70 lesionados.
Cuando parecía que el asunto empezaba a perder interés mediático luego de la detención del director y del subdirector de La Toma, ayer el portal alcalorpolitico.com publicó un comunicado oficial en el que la Fiscalía General del Estado contradice al gobernador y echa por tierra la versión que dio el domingo pasado.
Ese día, hablando a nombre del Grupo Coordinación Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares dijo que se había acordado “un operativo para trasladarlos (a ‘cuatro reos de muy alta peligrosidad’) a un centro federal de alta seguridad” y que: “Al ingresar al penal, seis de los elementos policiacos fueron agredidos y encerrados en un espacio sin salida. Los internos prendieron fuego y provocaron que con el humo se intoxicaran y perdieran la vida los seis policías”.
Después se trató de justificar la acción sangrienta y hallar culpables diciendo que todo se había debido a una filtración a los reos que presuntamente iban a ser trasladados.
Pero en el comunicado de la Fiscalía, fechado el miércoles en la ciudad de Córdoba, se da otra versión. Se dice que siete personas adscritas a la Secretaría de Seguridad Pública, de las que sólo se ofrecen sus iniciales, “realizaban una revisión al interior del centro penitenciario… originada por la violencia que se registraba y debido a las quejas externadas por algunos internos”.
Que: “La acción preventiva fue del conocimiento de los reos de máxima peligrosidad identificados como (citan los nombres y sus alias), quienes probablemente apoyados por el Director y Subdirector del reclusorio… se amotinaron con la intención de hacerle daño a los policías que ingresaron, derivando en la privación de la vida de siete policías, quienes fueron asfixiados al ser quemada una de las áreas del reclusorio”.
¡Chin!
¿Qué llevó al fiscal Jorge Winckler a enmendarle la plana a su jefe el gobernador? ¿Acaso el temor de que tanto las Oficinas de la ONU como la CNDH envíen visitadores y pongan al descubierto toda una cloaca que lo pueda imputar por omisión? ¿La aplicación del dicho: de que lloren en mi casa a que lloren en la tuya, que lloren en la tuya?
Cosa de recordar que los organismos de la ONU no sólo condenaron los hechos sino que señalaron que: “es imperativo que las autoridades desarrollen a la mayor brevedad posible una investigación exhaustiva, independiente e imparcial que permita el juzgamiento y sanción de los responsables de estos hechos”.
La UNODC y la ONU-DH no son cualquier oficina a las que se les pueda amedrentar enviándoles un citatorio para que comparezcan por haber dicho lo que dijeron, menos contentándolas con el guiso de una paella.
La ONU demandó que se juzgue y sancione a los responsables, y se tendrá que hacer si no se quiere una condena mundial.
Aunque tímidamente, la Fiscalía acepta que sí, que hubo un motín, que los policías que resultaron muertos realizaban una “revisión”, pero en ningún momento habla de que se hubiera tratado del traslado de “reos de muy alta peligrosidad”. El motín, se dice ahora, fue “debido a las quejas externadas por algunos internos”, que se supone que nunca fueron atendidas.
¿No hubiera sido mejor decir desde un principio la verdad? ¿O en todo caso dar cuenta en forma preliminar de lo sucedido con la aclaración de que se estaba investigando y que el resultado se daría más tarde? ¿Se quería ocultar el verdadero número de lesionados? ¿Se buscaba proteger al verdadero responsable del desastre que prevalecía en La Toma sobre lo que había advertido la CNDH y nunca se hizo nada? Creo que se trató de ocultar que la violencia que azota a Veracruz alcanza los penales.
La primera versión estaba muy ojona para paloma, sobre todo porque tan pronto se supo lo que estaba ocurriendo, la prensa regional empezó a informar y de lo que iba dando cuenta no cuadraba con lo que se trató de explicar después.
Este caso pone de manifiesto el error de que el gobernador se asuma también como el vocero de su administración, pues debió haber enviado al Coordinador de Comunicación Social a que diera la versión de lo sucedido. Ante el sesgo que tomaron las cosas, hoy bien lo pudo haber cesado y le hubiera echado la culpa diciendo que no lo había consultado. De paso hubiera dejado a salvo su imagen y su credibilidad. Al desgaste que sufre por la crítica mediática y en las redes, se sumará ahora el que le acarreará el desmentido de Winckler, su subalterno y su protegido. No fue cosa del PRI o de Morena.
Ahora se ha creado un embrollo que tendrá que aclararse, pero es grave que la Fiscalía haya exhibido y puesto en entredicho al gobernador. Se ha dañado a la institución. Las consecuencias también se reflejarán en las urnas. No lo dude. |
