Hace un año, en la víspera de la elección municipal de 2017, Téllez hizo precisamente un llamado a los líderes religiosos para que no fungieran como “árbitros políticos” en las campañas electorales porque, les recordó, “no es su función ni la ley se los permite”, refiriendo que los 11 obispos, tres sacerdotes y un pastor veracruzano acababan de ser absueltos por las autoridades electorales luego de comprobarse que no hicieron proselitismo a favor de nadie en la contienda electoral de 2016, como había impugnado el PRI ante los órganos jurisdiccionales tras el triunfo del panista Yunes Linares.
El director de Asuntos Religiosos declaró entonces a “El Sol de Córdoba” que con este antecedente los representantes de las Iglesias saben que no deben ser “árbitros políticos”, sino que cada veracruzano tiene la libertad de expresión y manifestación de elegir a sus próximos gobernantes.
Sin embargo, en la carta pastoral que difundieron este domingo los arzobispos de Xalapa y los obispos de las otras siete Diócesis de Veracruz con motivo de las elecciones de julio próximo –en la que advierten a sus feligreses que “es un deber de conciencia para el ciudadano no dejarse llevar por las apariencias, ni por quienes buscan comprar su voto a través de presiones o a cambio de dádivas o promesas de cargos políticos, o por la pretensión de perpetuar sin mérito a las mismas familias o grupos en el poder”– dejaron suficientemente claro que “conforme a la legislación civil y eclesiástica, en las misas y actos propiamente religiosos, así como en los templos y sus anexos, se evitará todo aquello que pudiera ser o aparecer como apoyo a un determinado candidato o partido”; que “hemos de respetar la libertad de los fieles laicos en sus opciones políticas, dentro de un pluralismo de partidos”, y que para ello promoverán “talleres de participación ciudadana a favor del voto totalmente libre y responsable”, con lo que tratarían de contener la intentona de los gobernantes que pretendan imponerse mediante un fraude electoral.
SE ‘ENCUERA’ DEL ÁNGEL
De los que a principios de enero de 2017 le arrimaron el caballo a Amadeo Flores Espinosa para obligarlo a renunciar a la presidencia del CDE del PRI, a dos –al líder cenecista Juan Carlos Molina Palacios y a Éricka Ayala Ríos, dirigente estatal de la CNOP– ya les aseguraron la diputación local plurinominal; mientras que a Lorena Piñón la gratificaron con la Delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores desde a mediados de febrero pasado.
Al único que le “cumplieron” a medias fue al vocero del partido tricolor Marco Antonio del Ángel Arroyo, hijo del líder del Movimiento Nacional de los 400 Pueblos, César del Ángel Fuentes, a quien efectivamente le dieron la candidatura de Representación Proporcional pero en el lugar número 9 de la lista plurinominal, dentro de la franja de los llamados “nacidos para perder”.
Por eso es que Del Ángel Arroyo tronó contra su partido y hasta promovió ante el Tribunal Electoral de Veracruz un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales, argumentando que hubo opacidad e irregularidades en la asignación de estas candidaturas, lo que de inmediato desmintió la dirigencia estatal del PRI que preside Américo Zúñiga Martínez. |
