Mi sorpresa no se circunscribió a su calidad y formación, sino más a ese interese de su parte por pretender mejorar las cosas en la máxima Casa de Estudios, la cual ya sufría de la los embates y rapacidades de quien mal gobernó Veracruz, y que hoy se encuentra en la cárcel.
Para sorpresa mía y de muchos, Sara Ladrón llegó al rectorado.
Fue entonces que comenzó a escribir una nueva historia para la Universidad.
Si mal no recuerdo, mi nuevo acercamiento se dio a raíz de los intensos reclamos y negociaciones para que el Gobierno del Estado cumpliera con la entrega de los recursos federales y estatales destinados a la misma Universidad, que pasaba por la peor crisis de maltrato por parte de un Ejecutivo.
Y es que todo esto habrá que recordarlo en un momento como el que hoy vive la rectora Ladrón de Guevara, en medio de una crucifixión mediática producto de ese dejó de misoginia rampante, en medio de la venganza política producto de un proceso electoral tan importante, y como parte de ese sentimiento de menosprecio que se sigue aplicando a las féminas, por el simple hecho de serlo.
A unos días de la conmemoración del Día de las Madres, llegó la hondonada de descalificaciones disfrazadas de investigación periodística -producto de una maliciosa filtración de una escritura pública-.
En su momento, la hoy acusada de la compra de una propiedad por la cantidad de 12 millones de pesos según la escritura emitida por el notario Público número 9 de la Décima Primero Demarcación Notarial del Estado, Arturo Hernández Reynante-, habría encabezado los sentidos reclamos de la comunidad universitaria por la falta de pago a docentes, investigadores, trabajadores, becarios, jubilados y todo el personal en hacía marzo de 2016, no toleraba más la voracidad de un gobierno ladrón.
Los poco más de dos mil 300 millones de pesos entregados a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) que nunca llegaron a las arcas universitarias, provocaron que la comunidad universitaria acompañara a su rectora en lo que es recordado como una de las principales manifestaciones de la población universitaria desde los tiempos del movimiento estudiantil de 1968 y 1971.
Quizá para muchos de esos sus detractores, esas cosas pasaron porque tenían que pasar, o porque incluso, tenía acuerdos en lo oscurito como afirman con el actual gobernador del Estado, Miguel Ángel Yunes Linares, en el afán de conseguir mejor salario, colocar recomendados y porque no granjearse negocios al amparo del encargo.
Nada más falso que eso.
La rectora de la UV, Sara Ladrón antepuso y expuso incluso su vida al encabezar esas marchas, en reclamo para que se le entregara a la universidad lo que le correspondía.
Acaso ya se nos olvidó que, en el pasado Gobierno, ese mismo que encabezó Javier Duarte con el amparo de Arturo Bermúdez, otrora poderoso secretario de Seguridad Pública, desaparecieron personas de las que nadie volvió a saber.
Acusada de una operación que bien puede justificar su trayectoria de más de 30 años en la Universidad, en donde desempeño cargos directivos -directora del MAX y Secretaria Académica, segunda posición en importancia de la universidad-, con una plaza de investigadora de tiempo completo nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores (SNI2), que, sumado al patrimonio de su esposo, Guillermo Heitler Aroste, -otro connotado investigador y experto en el tema demoscópico y de las encuestas- bien pudieron adquirir la propiedad.
Pero claro que no, los momentos que vive Veracruz y México son idóneos para la diatriba, la descalificación sin miramientos, así como el gremio periodístico jamás se unió para proteger a uno de los suyos en la persona de Ricardo Alemán, mucho menos lo harán en pos de una mujer, con esa capacidad académica, porque es como reconocer que no pueden ser inferiores a ella.
Nadie reconoce, eso sí que alcanzó un acuerdo para que el SAT no siguiera demandando un adeudo de mil 800 millones de pesos por el pago de impuestos retenidos por la Sefiplan que jamás enteró y que afectaba directamente a los académicos y trabajadores.
Tampoco reconocerán que ingreso el cobró para las arcas de la UV del Plan Estatal de Desarrollo del actual gobierno estatal, que palabra más, palabras menos, tuvo un costo de 150 millones de pesos.
Nadie dirá nada de que logró que el gobierno del Estado a través del Ejecutivo otorgará la Autonomía Financiera de la UV, con lo que anualmente el monto de ingresos propios incrementará hasta alcanzar el 4 por ciento del presupuesto para el Estado de Veracruz.
Aun cuando son aparentemente ínfimos los avances, lo que no debiéramos perder de vista es que su gestión consumó lo que ninguna universidad pública nacional tiene, que es precisamente esa autonomía financiera.
Sumado al hecho de que venía la Universidad de lidiar con 12 años de gobiernos que le saquearon, y que ahora al menos mantienen un puntual cumplimiento de los compromisos en materia económica.
De la mano de la certificación de los planes de estudio, de casi todas las carreras en todas las facultades y por supuesto en todos los campus de la UV, con planes de comenzar a ampliar la matricula mediante el uso de la Internet, eso resultan simplezas.
Qué triste ver que la confrontación política y el cobró de posibles facturas sustente una legitima operación entre particulares, que no tendría nada de extraño, si el personaje no fuera la rectora de la Universidad Veracruzana.
Al tiempo.
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