La cuestión es que el anuncio de la FGE no tuvo el efecto deseado a juzgar por las reacciones de los principales actores políticos y de lo expresado en redes sociales por infinidad de ciudadanos.
Es unánime la opinión de que Karime Macías debe responder ante la ley, pero también que la justicia ha sido selectiva en Veracruz.
Lo menos que se preguntan muchos es si se procederá también en contra de ex funcionarios del duartismo, señalados y denunciados durante su campaña en 2016 por el hoy gobernador veracruzano e incluso por la propia Auditoría Superior de la Federación por el desvío de sumas millonarias, pero que para andan tan campantes, algunos de ellos cobrando como diputados locales u otros reclutados como operadores políticos del candidato del PAN-PRD-MC a la gubernatura del estado. O todos coludos o todos rabones dicta la sentencia popular que no se ha cumplido en nuestro estado.
Por eso el escepticismo ciudadano está a tope.
Lo que se comenta es que haber echado mano del caso de Karime Macías implica el haber usado el mayor de los obuses del gobierno de Yunes Linares y que hacerlo a poco más de un mes de las elecciones para gobernador más competidas en la historia reciente, donde según la mayoría de las encuestas hay un empate técnico entre los abanderados del PAN y de Morena, es revelador de que se han encendido los focos rojos en las filas blanquiazules.
Sobre todo por la altísima intención del voto que existe en Veracruz en favor del abanderado presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, superior ya al 50 por ciento, y que puede arrastrar a los candidatos de ese partido, sin sudarse ni acongojarse, a la victoria.
Lo único que puede evitarlo es que en Veracruz se dé el voto diferenciado. Cosa que se ve poco probable habida cuenta los antecedentes electorales en la entidad y sobre todo en unos comicios tan polarizados como los de este año, donde el voto antisistema y la intención del elector de castigar la corrupción y la inseguridad que vivimos será determinante en los triunfos y derrotas. Ahí estará sin duda la diferencia.
Por ello el anuncio de que van tras Karime Macías tiene una indudable intencionalidad político-electoral.
Pero la apuesta es arriesgada. Porque todo el proceso para ubicar, detener y, en su caso, extraditar a la esposa de Javier Duarte se llevará meses y las elecciones son el 1 de julio, por lo que el esperado efecto en el votante puede convertirse en franca decepción y llevarlo a sufragar en consecuencia.
Como sea, ya se juegan las últimas cartas de una partida de pronóstico reservado, donde por lo visto y oído la aplicación de la justicia también juega en esta lucha del todo por el todo. Si no pregúntenle al abanderado del PAN Ricardo Anaya y la guerra que el aparato de estado soltó en su contra y que lo dejó herido y tocado en las preferencias en la elección presidencial.
Ya muy pronto se verá la efectividad de esta estrategia. Hagan sus apuestas.
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