La creciente violencia criminal, que ha hecho que muchos lugareños hayan enviado a sus familias lejos y que pocos estén dispuestos a ir en calidad de turistas, ha hecho mella no solo en servicios vitales como el de la atención médica, la construcción y el transporte, sino en aquellos secundarios como los servicios turísticos.
En los últimos meses, según Esteban Enríquez España, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles del Sur de Veracruz, al menos tres hoteles han debido cerrar sus puertas, como resultado de la crisis económica, el desempleo, la falta de inversiones y el éxodo de personas. El dirigente empresarial, por alguna razón, evitó mencionar como causa la violencia criminal que ha incrementado los homicidios, secuestros, robos con violencia, cobro de piso y extorsión.
Según Enríquez España, ni la baja de algunas tarifas ni las promociones han logrado que se reactive la ocupación hotelera; los empresarios apuestan a que la economía se reactive con proyectos como el de la Zona Económica Especial (ZEE).
Desdén por el sur de Veracruz
Para colmo de males, la senadora electa y próxima Secretaria de Energía, Rocío Nahle García, no ha dicho nada respecto a qué se hará en el sur de Veracruz, donde el próximo gobernador (al igual que en Tabasco) salieron de las filas de Morena; eso sí, ha estado movidísima por Tabasco, y lo hará próximamente en Campeche, por encomienda del virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador, para ubicar los proyectos más importantes del próximo sexenio, la construcción de dos refinerías.
Esta zacatecana, quien ha desplegado la mayor parte de su carrera profesional y política en Coatzacoalcos, donde tiene sentados sus reales, no ha volteado a ver rumbo al antiguo Puerto México, una región a la que solo se le ha mencionado como posible receptora de inversión federal por la rehabilitación de la refinería de Minatitlán, lo que no va a alcanzar para recuperar una región antaño feraz, que ha perdido buena parte de su riqueza biótica por contribuir con energéticos al país sin recibir una justa retribución por lo que tanto ha dado y por aquello que ha perdido.
Durante su campaña, en un mitin celebrado en Coatzacoalcos en mayo, López Obrador solo atinó a decirle a los trabajadores petroleros que no va a haber despidos (más de los que ya han ocurrido y que han dejado en situación precaria a cientos de familias) y que a los jubilados les garantizará siempre su pensión. Junto con esa promesa, lanzó un misterioso mensaje: “Todos atentos porque les vamos a hacer un llamado, porque el propósito es rescatar la industria petrolera nacional”.
Ahora que los magníficos dividendos electorales de Morena en el país diluyeron los extraordinarios resultados obtenidos en el sur de Veracruz, donde arrasaron en las cinco elecciones, habrá que ver si quien despachará en Villahermosa, en que estarán las oficinas de la Secretaría de Energía, voltea un poco hacia la tierra adoptiva en que ha ganado todo.
¿Una ciudad fantasma?
Por supuesto, Coatzacoalcos no llegará al grado de quedar vacía o apenas habitada por quienes tienen empleo. Lo que sí está ocurriendo es un persistente éxodo de sus habitantes hacia otros estados, porque aún con seis corporaciones policiacas estatales y federales, no se ha logrado dominar al monstruo de la violencia criminal.
Hace ya tiempo que por todos los rumbos menudean los letreros de venta de casas. La organización “Ciudadanos Unidos por Coatzacoalcos” calcula que entre el 30 y 40 por ciento del sector económico ha desaparecido. Comercios que han bajado sus cortinas, obligados por la baja rentabilidad de sus negocios y el fenómeno del cobro de piso; médicos que han cerrado sus consultorios ante los constantes robos y secuestros; profesionistas que se han quedado en la ciudad para seguir en sus trabajos pero que han enviado a sus familias a vivir en otra ciudad e, incluso, en otros estado; hoteles que han debido cerrar ante la casi nula ocupación.
Coatzacoalcos y la región están castigados por los negativos efectos económicos de una industria petrolera en crisis y por la incapacidad de los gobiernos municipal, estatal y federal para contener la violencia creciente.
Y no hay visos de que la situación mejore pronto.
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