Mientras algunos secretarios de despacho y funcionarios de organismos autónomos del gobierno del estado, en una malentendida prueba de lealtad hacia el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, siguen hundiéndose por sus complicidades con los actos intimidatorios que el mandatario estatal del PAN ha emprendido contra empresarios que le reclaman el pago de las deudas institucionales y ex aliados políticos que le fallaron en la operación electoral o que de plano –como el caso de la diputada local panista Cinthya Lobato Calderón– se han adherido oficialmente a las filas de MORENA, otros arrepentidos neoyunistas estarían tratando de blindarse políticamente para obtener impunidad ante la rendición y ajuste de cuentas que inexorablemente habrá de darse con el cambio de administración y alternancia de partido.

Los casos más lamentables de los secretarios que se han confabulado con el revanchismo de Yunes Linares han sido los de Salud, Arturo Irán Suárez Villa, y de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié; a los que se han sumado también el fiscal general Jorge Winckler Ortiz, y el auditor general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, cuya incondicionalidad, como ya se vio al término del sexenio duartista, seguramente se redireccionará hacia el nuevo gobernante que asumirá el poder en diciembre próximo.

Bueno, ha trascendido que hasta el ex contralor Ricardo García Guzmán –otro desleal que igualmente traicionó al ex gobernador Javier Duarte a cambio de impunidad y del respeto total de Yunes a su parcela de poder familiar en Pánuco– ¡ya habría intentado acercar sus alfiles con la nueva clase gobernante que está por arribar de MORENA! 

Y es que así como sus hijos Ricardo y Rodrigo García Escalante habían llegado a la alcaldía y obtenido la diputación local por Pánuco como candidatos de la alianza PRI-PVEM y terminaron aliándose en 2017 con el PAN y posteriormente con el primogénito de Yunes que pretendía suceder a su padre en la gubernatura, ahora uno de los vástagos del ex contralor habría ofrecido supuestamente a un operador de MORENA su voto en la LXIV Legislatura local para impedir que la bancada yunista alcanzara la mayoría calificada que constitucionalmente se requiere para aprobar el polémico nombramiento del Fiscal Anticorrupción y de los 12 nuevos magistrados para el Tribunal Superior de Justicia del Estado que pretende imponer el mandatario panista.

Según la versión trascendida, Rodrigo García, quien actualmente es diputado local, habría intentado negociar con MORENA la elección de Pánuco, pues su presunto triunfo y el de su hermano, postulado a la diputación federal, fueron impugnados ante los tribunales electorales por el cúmulo de irregularidades. 

Pero el interlocutor morenista le habría dicho que no necesitaban de su voto porque dos diputados iban a renunciar al PAN: Cinthya Lobato y Sebastián Reyes Arellano, por lo que, despechado, inmediatamente alertó a los que…¡estaba traicionando!.

¿HABRÁ ‘HUMO BLANCO’ HOY?

Por cierto, entre los múltiples temas agendados para la sesión de este martes de la LXIV Legislatura local, destaca el dictamen de la Comisión de Procuración de Justicia que será sometido a consideración del pleno para designar al nuevo Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción.

Todavía anoche, según trascendió, continuaban las presiones, los chantajes, las intimidaciones y hasta los intentos de soborno para persuadir a media docena de diputados que aún se resistían a votar por la terna finalista –de un total de 25 aspirantes originales–, la cual es encabezada por Marcos Even Torres Zamudio, actual visitador general de la Fiscalía General del Estado, quien presuntamente tendría algún parentesco con la familia Yunes Márquez. Los otros dos candidatos de relleno son Andrés Domínguez Fernández, actual secretario general de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y Gustavo Fernando Basto Pulido, Fiscal de Investigaciones Ministeriales de la FGE.

Este martes se sabrá si finalmente los operadores yunistas lograron “convencer” a los diputados que les hacían falta para alcanzar los 34 votos mínimos de la llamada “Mayoría Calificada”.

Y es que en la reunión de este lunes de los integrantes de la Comisión Permanente de Procuración de Justicia, que ya se había cancelado en dos ocasiones anteriores, el diputado Roberto Zenyazen Escobar García, coordinador del grupo legislativo de MORENA, se negó nuevamente a firmar el dictamen que sería sometido al pleno para consumar dicho nombramiento.

Según el legislador morenista, también los diputados del PRI y del grupo independiente “Juntos Por Veracruz” rechazaban que esta Legislatura que está por concluir sus funciones el 4 de noviembre próximo eligiera al Fiscal Anticorrupción cuyo periodo durará cinco años –casi todo el sexenio siguiente–, por lo que se negó a revisar y firmar el documento.

DESCANSO NECESARIO 

Debido al presente periodo vacacional, esta columna dejará de publicarse a partir de mañana. Nos leemos, Dios mediante, hasta el próximo lunes 30. Por su comprensión, muchas gracias.