Prácticamente desde el arribo del auditor del Órgano de Fiscalización Superior, ORFIS, Antonio Portilla la práctica del diezmo a cambio de impunidad, formó parte de la dinámica de trabajo en ORFIS.
El mecanismo de extorsión era simple.
El Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) daba cuenta a los medios que “estaría a días de presentar denuncias por presuntos desvíos de recursos en contra determinado número de ayuntamientos, que abarcaría a funcionarios municipales, para poner a temblar a los ediles.
“Ablanda y negocia”, es el dicho del Antonio Portilla.
Ya en corto se “orientaría” a los alcaldes para que contrataran despachos que ellos “recomendaban” para luego mandar a enviados de la institución a negociar el billetazo “por fuera” para la aprobación “sin pedos” de sus respectivas cuentas públicas.
Desde luego que el apriete no solo era para el alcalde. Incluía además al síndico, al regidor de la comisión, al Tesorero, al director de obras y al Contralor.
Fue una práctica común que tomo carta de naturalización al arribo del gobierno de Miguel Angel Yunes Linares en donde en 2017 se revisaron con lupa las cuentas 2015 y 2016.
En algunos casos, como en la de 2015, se señaló que pudieran ser hasta 84 funcionarios municipales los involucrados en un nuevo paquete de denuncias todas, de no solventarse, se convertirían en penales.
No sucedería lo mismo con los ayuntamientos panistas a quienes ya para el 2016 se les dio prácticamente un cheque en blanco, para usar recursos para pagar obras inconclusas o pendientes del pasado.
ORFIS se apoyaría en el Congreso local tras la aprobación a los municipios para que hicieran uso del dinero del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) para pagar adeudos del 2016 cuando corría 2017.
Así, se cumplía con el PAN, se quedaba bien con el gobierno de Yunes y los municipios priistas quedaban bajo el criterio de ORFIS y los operadores políticos de la Contraloría General del Estado, que literalmente obligaban a los ediles a apoyar a la de a wilson la causa del hijo del gobernador.
Sin embargo, concluido el periodo electoral que llevó a Morena a la victoria total y el consecuente debilitamiento del poder yunista, empieza a emerger el prudridero de la corrupción de ORFIS.
Y es que ya sin la presión gubernamental al menos un centenar de funcionarios municipales -84 para ser exactos- están prestos para denunciar las presuntas o reales raterías de la dependencia que encabeza Lorenzo Antonio Portilla Vázquez.
Portilla, invento de Fidel Herrera, protegido de Javier Duarte y “Delfín” de “El Burro” Iván López Fernández, siempre guardó fidelidad a sus patrones hasta que una vez de rodillas ante Miguel Angel Yunes Linares fue el primero que habló de un desfalco de Javier Duarte por 75 mil millones de pesos, así como el involucramiento de prácticamente todo el gabinete Duartista.
“¿Eso declaró Portilla?”, se preguntaban azorados ex colaboradores del mandatario hoy en prisión… y también los que temblaban ante la sospecha fundada de ir a parar a Pacho Viejo.
Portilla tuvo que vender a los suyos para salvar el pellejo. Acaso por ello no le representaba ni un gesto vender a la más antigua de su casa si fuese necesario como lo fue el caso de Pepe Mancha, con tal de no ser atropellado y, aún más, conservar el privilegio.
Bastó que siguiera a pie juntillas las instrucciones del nuevo patrón, llevarle dinero fresco y garantizar la elección del primero de julio.
Así fue.
El error fue que nunca pensaron que ganaría Cuitláhuac García y que el drenaje del excremento les regresaría.
Xalapa, Perote, Veracruz, Coatzacoalcos, Catemaco, Banderilla, San Andrés Tuxtla, Pánuco, Emiliano Zapata y Tuxpan son municipios cuyos ex alcaldes tuvieron que pagar enormes sumas por sus cuentas públicas 2017.
Es tiempo pues de hacer cuentas.
Tiempo al tiempo.
*Premio Nacional de Periodismo |
