En realidad, como Duarte, Yunes Linares trataba de desactivar infructuosamente las estadísticas de periodistas asesinados en Veracruz durante su minúsculo gobierno, como recientemente trató de hacerlo para evitar la certeza de que existe una escalada de violencia contra el magisterio por parte de la delincuencia organizada.
Duarte y Yunes han coincidido también en su apreciación negativa de la prensa y las redes sociales. En agosto de 2011, luego del asesinato de Miguel Ángel López Velasco y de Yolanda Ordaz de la Cruz, periodistas de Notiver, y de que nueve reporteros de la fuente policiaca por temor a la violencia abandonaran la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río, Duarte instrumentó el encarcelamiento de dos blogueros por difundir información que causó una verdadera histeria colectiva.
Gilberto Martínez Vera y Maruchi Bravo Pagola fueron detenidos y acusados de terrorismo, ante la ausencia de un delito tipificado exprofeso, con la amenaza de ser condenados a entre tres y 30 años de prisión.
La difusión de un rumor –que consideraba el ataque armado a una escuela y la desaparición de niños– fue desproporcionada; pero en ese momento era común caer en ese tipo de versiones, cuando la ciudad estaba presa de los criminales, cuando se hablaba de que en el Acuario de Veracruz había estallado una granada que había provocado la muerte de transeúntes y aparecían mantas con amenazas en los puentes de la ciudad, firmadas por los cárteles en disputa.
Poco tiempo después, los blogueros fueron liberados, pero constituyó un uso faccioso del marco jurídico para limitar de manera absurda la libertad de expresión. Según el entonces procurador Reynaldo Escobar, quien era más raudo que el actual Fiscal para armar historias, su indagatoria acreditaba que los detenidos tenían la intención de trastornar la vida social, económica y educativa del estado.
En agosto de 2017, el gobernador Miguel Ángel Yunes llegó al extremo de amenazar con echar la fuerza del estado en contra de tres colaboradores de medios de comunicación que, según él, entregaban información a la delincuencia organizada. Dijo que dichos individuos, cuyos nombres nunca reveló y, por supuesto, nunca llevó a la justicia, laboraban en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. “No vamos a permitir, de ninguna forma, que escudándose en la calidad de periodistas sigan colaborando algunos individuos con la delincuencia organizada”, dijo como una de las tantas fanfarronadas que hizo, como parte de su estrategia contra los medios de comunicación.
Las benditas redes sociales
“Estoy seguro q si @BingenRM no anduviera de vacaciones en Miami también hubiera votado a favor [#LeyAntiMemes], y si @PoloDeschamps no anduviera en Dubai por lo menos podría leer las iniciativas del @legisver. ¿Cómo pagan eso? ¿Y encima patrocinar portales basura? @maryjosegamboa”. Kuno Carbonell @KunoCarbonell
En Veracruz, criminalización de las redes sociales
La semana pasada, Veracruz logró un nuevo retroceso en materia de libertades: la denominada “Ley AntiMeme”, como se ha llamado a una engañosa reforma que ha entrado en vigor desde el jueves 27 de septiembre, cuando fue publicada en la Gaceta Oficial.
Los argumentos son mentirosos. En apariencia, se busca evitar afectaciones entre particulares, como el acoso cibernético, la suplantación de identidad en redes sociales, las amenazas por correo electrónico, el ciberbullying, los rumores que supongan un comportamiento reprochable, ofensivo o desleal para generar represalias, y que provoquen problemas en la salud de la víctima como estrés postraumático, delirio de persecución, insomnio, cambios de personalidad, sensación de inferioridad, entre otras. Todo ello tendría el apoyo de quienes no conocen el trasfondo verdadero.
Sin embargo, su principal objetivo es anular la posibilidad de ejercer la libertad de expresión en las redes sociales tanto a periodistas como a ciudadanos, cuando manifiesten posiciones contra figuras públicas, prácticamente las únicas con posibilidades de iniciar un proceso jurídico en contra de quienes utilicen las redes para criticar sus comportamientos negativos de toda índole.
El artículo 196 Bis, adicionado al Código Penal de Veracruz con un delito definido como Acoso Cibernético, establece la siguiente redacción:
“Se impondrán de seis meses a dos años de prisión, y hasta cien días de trabajo a favor de la comunidad, a quien, utilizando cualquier medio de comunicación digital, difunda información lesiva o dolosa de otra persona, revelando, cediendo o transmitiendo una o más imágenes, grabaciones audiovisuales o textos, que dañen su reputación o su autoestima y le causen con ello afectación psicológica, familiar, laboral o en su entorno cotidiano”.
¿Cuál sería el procedimiento para demostrar, por ejemplo, la identidad de quien emita un mensaje (gráfico o escrito) que, desde el punto de vista del aludido, afecta gravemente su fama pública y genera consecuencias negativas en su salud o vida privada, cuando la mayoría de los perfiles son prácticamente anónimos? Los únicos con capacidad para movilizar a la incipiente policía cibernética son quienes se encuentran en el poder y, acertó, el objetivo sea arremeter contra medios de comunicación, periodistas o blogueros plenamente identificados.
En resumidas cuentas, bajo la piel del cordero ciudadano, el lobo institucional y partidista busca establecer trampas contra medios, periodistas y ciudadanos libres de Veracruz que señalen, aún con supuestos, comportamientos con los que no estén de acuerdo, por lo que “las benditas redes sociales” pasarán a la báscula y la entidad se convertirá en un espacio para la represión, como ocurre en países como China o Venezuela, donde se encarcela a blogueros, artistas, periodistas y luchadores sociales solo por manifestar sus posiciones en internet.
Y digo que en Veracruz, porque se establece una aplicación dentro de su territorio, a no ser que se adopte en la legislación penal nacional, lo que seguramente está en la mente de prácticamente todos los partidos políticos.
Pero sobran las preguntas: ¿esta legislación local perseguirá a ‘acosadores cibernéticos’ de otros estados o países que atenten contra personas o figuras públicas locales?, ¿las instituciones locales de impartición de justicia podrán ejercer acción penal fuera de sus mojoneras para referirse a cuentas de redes sociales cuyos usuarios o administradores se encuentren fuera de la entidad?, ¿o simplemente busca adocenar el enorme espíritu crítico tanto de los periodistas como de los usuarios veracruzanos de las redes sociales?
Lo interesante, y yo diría preocupante, es que la reforma fue propuesta desde marzo pasado por un diputado del PRD, José Kirsch Sánchez, respaldada en comisiones por cuatro diputadas identificadas con el PAN y aprobada por diputados y diputadas del PRI y ¡de Morena!, pese a que es un ardid de los panistas que se van para reprimir a medios y usuarios cuando ya no estén en el poder.
No fue sorprendente que las diputadas que llegaron por Morena y luego se sumaron al proyecto del gobernador Miguel Ángel Yunes (como quien fue ariete en la pasada contienda electoral, Judith González Sheridan, y la supuesta recaudadora de Andrés Manuel López Obrador, Eva Cadena Sandoval) se sumaran a la propuesta legislativa. Tampoco que lo hicieran la fugaz diputada panista por Martínez de la Torre, Mariely Manterola, o la engañosa defensora de periodistas Marijose Gamboa, ella misma presa durante el gobierno de Duarte por el homicidio imprudencial de un joven mientras manejaba en la madrugada aparentemente en estado de ebriedad, aunque el mayor motivo de su encarcelamiento hubiera sido su ejercicio periodístico crítico.
Lo que más extraña (o alerta) es que los legisladores salientes de Morena se hayan prestado a este juego perverso, cuando el gobernador electo Cuitláhuac García Jiménez ha expresado que habrá respeto a la libertad de expresión, lo que puede adelantar la posibilidad de que el proyecto se federalice y entremos en un estado vulnerable para la libertad de expresión. Ojalá que no.
Empresas inmobiliarias, afectadas por Hipólito Rodríguez
Para nadie es un secreto que el zigzagueante inicio del gobierno morenista de Hipólito Rodríguez significó, gracias a medidas aparentemente preventivas y torpes declaraciones, llevar prácticamente a la quiebra a varios comerciantes grandes y pequeños que tienen negocios y dan empleo en la Plaza Ánimas.
Que el académico universitario haya llegado sin proyecto, al menos en los temas de movilidad urbana y promoción de empresas, es algo que se corrobora a diez meses de su gestión.
El problema es que ambos temas golpean a la alicaída economía de los xalapeños, afectados por los despidos masivos emprendidos tanto por el gobernador saliente como por la propia administración municipal: el estado desastroso de las calles y la infraestructura urbana alejan al turismo, que se enlaza a la nula existencia de programas culturales y artísticos que atraigan visitantes, mientras que la ausencia de proyectos de generación de empleos está creando inercias preocupantes en el sector empresarial.
El más reciente grito de desesperación provino la semana pasada del sector inmobiliario, para el que Xalapa está colapsada. Según su percepción, el ayuntamiento inhibe el desarrollo económico, la oferta inmobiliaria y la generación de empleos, por lo que la ciudad ha sido destrozada y desairada por sus autoridades municipales.
En un escrito enviado a varios comentaristas y medios de comunicación, los empresarios inmobiliarios señalan lo siguiente: “La capital veracruzana padece por el desconocimiento, insensibilidad y falta de criterio de sus autoridades; si bien el alcalde Hipólito Rodríguez no da una, en el mismo barco están los integrantes del Cabildo que no frenan al gris alcalde. En tanto, sus directores y coordinadores tampoco saben de las obligaciones de un servidor público, no aportan en lo absoluto, pero sí exprimen el presupuesto de los xalapeños, al cobrar quincenalmente, por no hacer nada.
“Tal es el caso de la directora de Desarrollo Urbano, la orgullosa “maestra en urbanismo” América Carmona, que ha sido incapaz de aportar su cátedra –como lo hace hasta la fecha en la Universidad Veracruzana–, esto al parecer le impide ser una funcionaria de tiempo completo y atender de buenas a los ciudadanos que diariamente acuden a esa oficina, muy lejos está de ser facilitadora del desarrollo.
“A principios de año, gestores y desarrolladores de vivienda señalaron que sufren por la soberbia, incapacidad y falta de conocimiento de América Carmona, la cual a casi 10 meses aún desconoce las obligaciones de una dependencia como la que ocupa, para apoyar a los ciudadanos y profesionistas en los trámites que se realizan en esa dirección, además de generar ingresos por el pago de estos a las arcas municipales.
“Incluso, esa falta de criterio para otorgar los permisos de construcción ha generado que inversionistas, constructores y empresas opten por otras ciudades como Boca del Río, Veracruz y Puebla para desarrollar sus proyectos.
“Tan grave es el asunto, que el Grupo Chedraui, el cual por cierto dona desde hace varios años concreto hidráulico al Ayuntamiento de Xalapa, para la pavimentación de calles, está siendo bloqueado por la inexperta directora de Desarrolla Urbano en sus gestiones.
“Es hora de poner orden y desplazar a funcionarios incapaces de servir a los xalapeños”.
¿Será?
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Álvaro Belin Andrade
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