Ahora que se hizo oficial el resultado de la polémica encuesta sobre el destino de la terminal aérea de la Ciudad de México –confirmando lo que el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador tantas veces reiteró a lo largo de su campaña electoral–, habrá que ver si en Veracruz, donde radican sus más rudos adversarios políticos, logran entender por fin el contundente  mensaje que el fundador de MORENA mandó a todos aquellos que todavía dudan de su proyecto transformador.

Y es que este domingo por la mañana, varias horas antes de que concluyera la consulta popular, el tabasqueño volvió a remarcar: “Cualquiera que sea la decisión que tomen los ciudadanos… vamos a ahorrar mucho, porque no va a haber corrupción, se los garantizo, ahora sí que ‘me canso ganso’, vamos a acabar con la corrupción. Por eso el nerviosismo, porque algunos pensaban que iba a ser más de lo mismo, que era cambio de gobierno. No, no es cambio de gobierno, es cambio de régimen, vamos a cambiar el régimen corrupto de injusticias, de privilegios, se va a acabar. Ese es el gran aporte, el legado que vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, y ese es el ejemplo que va a dar México al mundo.” 

Gobernantes de otros estados del país y algunos líderes de partidos políticos han comenzado a tomar en serio las palabras del tabasqueño y a asumir decisiones ante sus advertencias. En Chihuahua, por ejemplo, donde gobierna Javier Corral, del PAN, se preparan para coadyuvar con la próxima Cancillería del régimen lopezobradorista en el proceso de extradición del ex gobernador priista César Duarte Jáquez, prófugo en Estados Unidos. 

Hace nueve días, en una de sus últimas giras por el país para agradecer el voto del electorado que lo llevará a la Presidencia de la República, AMLO se reunió en privado con Corral para tratar el tema del ex mandatario estatal del PRI que, según ha acusado reiteradamente el chihuahuense, es protegido por el presidente Enrique Peña Nieto. 

“Tal y como confié que debería suceder, el Pte. Electo de México @lopezobrador, se ha comprometido este día en #CHIH a tramitar sin dilación, a la llegada de su gobierno, la extradición de @GoberDuarte”, tuiteó el panista. 

Actualmente, en contra de César Duarte existen 15 órdenes de aprehensión, 14 del fuero común y una federal. Una de las acusaciones es por la presunta triangulación de 250 millones de pesos desde la Secretaría de Hacienda –cuando el actual canciller Luis Videgaray era titular– hacia el área educativa de la administración duartista y, posteriormente, desviados hacia las campañas priistas de 2016. Por esta causa penal, la Fiscalía de Chihuahua detuvo a Alejandro Gutiérrez, ex secretario general adjunto del CEN del PRI, quien estuvo preso solo nueve meses en el CERESO estatal de Aquiles Serdán, ya que fue absuelto por un juez federal luego de que la PGR retiró cargos.

Ante lo que el CEN del PRI ya vio que está por venir, la noche del pasado miércoles 24 convocó a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria para dictaminar la suspensión cautelar de derechos políticos como militante al ex gobernador Duarte Jáquez. Igual que como procedió inicialmente en septiembre de 2016 contra el veracruzano Javier Duarte, al que terminaron expulsándolo un mes después.

Pero el caso del desfalco operado por Gutiérrez en Chihuahua no sería el único. En Durango, la Fiscalía General del Estado indaga también un quebranto de 200 millones de pesos en el Consejo Estatal de Seguridad Pública. Según la investigación, en 2016, recursos federales para diversos proyectos se asignaron a las mismas empresas que operaban en forma simulada en por lo menos estas dos entidades. Entre ellas se menciona Jet Combustibles, S. A. de C. V. Declaraciones ministeriales que se desprenden del caso Chihuahua, señalan que el ex secretario priista y su hijo crearon empresas para triangular recursos del gobierno federal a las arcas de Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Veracruz, Puebla y Sinaloa para inyectarle dinero a las campañas de los candidatos del PRI a esas gubernaturas. 

Lo curioso es que en Chihuahua y Durango, con gobernadores emanados del PAN –Javier Corral y José Rosas Aispuro Torres–, las fiscalías estatales sí le dieron seguimiento al dinero público federal que fue a parar a las campañas priistas. En cambio en Veracruz, el panista Miguel Ángel Yunes Linares, quien inclusive había amenazado con “cimbrar a México” con la información que públicamente se jactó había obtenido de los cómplices del ex gobernador Javier Duarte sobre la corrupción que presuntamente alcanzó a altos funcionarios del gobierno de la República, hasta ahora, a escasos 31 días de entregar el poder, ¡no ha hecho ni dicho absolutamente nada!  ¿Pues qué le dijeron, qué le dieron o con qué lo callaron? ¿Su sucesor Cuitláhuac García o el Presidente electo López Obrador lo requerirán a través de las fiscalías del estado y de la Federación para que hable y entregue las presuntas grabaciones comprometedoras que dijo tener herméticamente guardadas? Porque, en caso de que se negara, el mandatario saliente del partido blanquiazul podría incurrir en varios delitos, entre ellos los de incumplimiento de un deber legal y obstrucción de la justicia.

Pero, para ello, García Jiménez primero tendría que deshacerse del fiscal Jorge Winckler Ortiz, incondicional de Yunes, a quien legalmente todavía le quedan siete años como titular de la FGE. 

¿Procederá el juicio político que estaría por iniciarle la LXV Legislatura que entrará en funciones a partir del 5 de noviembre próximo, la cual estará dominada por los diputados de MORENA?