Yo pasé por la función pública y recuerdo bien que contralores internos responsables y profesionales nos alertaban con toda anticipación para que tuviéramos todo listo a fin de que cuando se iniciara la entrega-recepción quedara pendiente solo lo que se generara en el último mes, pero que era fácil integrarlo al paquete completo.
Las preguntas son porque en pleno proceso de entrega-recepción y faltando solo una quincena para que entreguen el gobierno y las dependencias, ya solo 11 días hábiles, en el Departamento de Recursos Materiales de esa Secretaría es la hora en que no acaban de cuadrar sus cifras y han recurrido a un recurso que, creo, puede caer en acto de corrupción.
El titular de la Sedesol estatal es José Rodrigo Marín Franco, aquel que cobró notoriedad el 5 de marzo de este año cuando calificó a la hoy senadora con licencia y futura nueva Secretaría de Energía, Rocío Nahle, como una “mitotera” (“no sabe hacer otra cosa”) y “ridícula”. No la bajó de “diputada mitotes” porque la mujer denunció que se desviaban recursos a través de tarjetas de descuento Chedraui.
Quién sabe si este hombre ignora lo que sucede en la dependencia a su cargo o si participa en el mejunje que cocinan sus subalternos Juan Antonio Yñiguez Mestizo y Adriana Medina Patiño.
Estas personas presuntamente tienen un faltante de 6 millones de pesos que no pueden comprobar y entonces, en un acto desesperado, han podido recabar o comprar tickets de consumo en todas las gasolinerías de Xalapa para tratar de cubrir el faltante.
“Prosa aprisa” tiene imágenes que muestran cómo el personal del Departamento de Recursos Materiales a marcha forzada está tratando de acomodar los tickets en hojas blancas por supuestos viajes de trabajo con itinerarios inventados, de tal forma que no despierten sospecha de que son recientes, por lo que pegan y despegan con el viejo método del algodón con agua para que no se les maltraten, un método que conocen muy bien los contadores, acción que realizan a plena luz del día y prácticamente a la vista de todos incluyendo morenos que ya merodean por pasillos.
Otra gran pregunta es ¿qué dueño de gasolinerías, o cuántos dueños de diferentes vendieron los tickets y en cuánto, o fue un negocio de sus administradores? ¿Acaso no sabían que con ello estaban solapando actos de corrupción?
Se esperaría que sean los auditores del Orfis los que detecten las irregularidades, porque tal parece que tanto la contraloría interna como la Contraloría General del Estado están encubriendo la situación.
El hecho de que todavía no puedan comprobar el uso de recursos sería una de las explicaciones porqué a horas de iniciarse el proceso de entrega-recepción, el Contralor Ramón Figuerola Piñera modificó los lineamientos en la materia.
Así, el 30 de octubre estableció, entre otras cosas, que “En el caso de que no se pueda determinar con certeza el monto real del pasivo o no se cuente con el soporte documental suficiente (sería el caso de la Sedesol al que me refiero), como son facturas o estimaciones de obra, el registro se realizará en el momento que se cumpla con las condiciones señaladas”.
Una de las divisas de la administración que está por salir fue la de la transparencia y la del combate a la corrupción.
Pero las mencionadas no son las únicas anomalías en la Sedesol estatal.
A finales de 2017, dizque con el pretexto de combatir la pobreza, se programó un incremento desmesurado al desarrollo social para 2018.
Ello hizo que el entonces coordinador de la bancada del PRI, Juan Nicolás Callejas, dijera que no había una explicación razonable ni sensata sobre el aumento de más de 590% que se observaba en los recursos previstos para la Secretaría de Desarrollo Social.
“Nos llama poderosamente la atención que, a diferencia de lo que nos fue informado en la Glosa del Primer Informe de Gobierno, el aumento en el techo presupuestal esté orientado para cubrir la plantilla de personal que operará los programas sociales, y no más bien en fortalecer y ampliar los programas y apoyos en sí”.
El monto fue cuantioso, aunque en realidad los recursos se desviaron para comprar miles y miles de despensas como parte de la promoción de la candidatura de Miguel Ángel Yunes Márquez a la gubernatura del Estado. Es la hora en que no saben cómo y no pueden justificar tanto desvío.
Y los jefes agandallan bases
Adriana Medina Patiño es la mujer a la que me referí recientemente quien junto con Eduardo Vargas Sánchez, Director General de Coordinación para el Combate a la Pobreza presuntamente desaparecieron 1050 bienes que estaban distribuidos en las delegaciones del cacareado programa Veracruz Comienza Contigo, programa que no cumplió su cometido pues los números del Coneval indican que Veracruz está por los suelos en el tema del combate a la pobreza.
La Sedesol estatal no escapa a la fiebre de basificación que practican en todo el gobierno saliente y a punto de irse, lo que tiene irritados a los verdaderos trabajadores y con derechos y antigüedad.
Entre los beneficiados estarían Elida Ahued Romero, Directora General de Infraestructura Básica, su secretaria particular Melina González Dorantes, la mencionada Adriana Medina Patiño, Juan Antonio Yñiguez, Fernando Dauzón (de la Oficina de Caja) y Francisco Téllez Cortés, adscrito a la Unidad Administrativa, todos ellos funcionarios de la Unidad Administrativa que encabeza María José Noriega Mañez.
Esta última está considerada como una persona muy cercana a la extitular y ahora senadora Indira Rosales y por eso se mantiene como titular de la Unidad Administrativa y responsable de autorizar las adquisiciones. Otros beneficiados con la basificación serían Edmundo Chávez Montes, secretario privado del Secretario, y Mariana Galindo Rebolledo, asistente del Secretario, además de Miguel Ángel Hidalgo Cruz, de la Oficina del gris Secretario, José Rodrigo Marín Franco.
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