México no ha sido una excepción, tras implementar diversas estrategias de combate y seguridad, el saldo para la población ha sido considerable, cifras apuntan a cerca de 300 mil muertos -y eso solo como dato oficial- la realidad es que el número de víctimas podrías ser considerablemente superior, pues muchas de las familias que han perdido a sus hijos por esta guerra no lo denunciaron.
Ahora con la llegada de la Cuarta Transformación de México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ejecuta acciones desde el Congreso de la Unión para posicionar el andamiaje legal y jurídico que le permita apaciguar -por llamarle de algún modo- la creciente ola de violencia que enfrenta el país.
Tras presentar su Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 López Obrador intenta vender la idea de que con la conformación de una Guardia Nacional las cosas cambiaran.
La realidad es que su propuesta dista mucho de ser novedosa, y aún más, resulta a todas luces ser un riesgo para la democracia y el desarrollo armónico de la República.
Para ello, el tabasqueño debió tragarse sus palabras en el sentido de que el ejército debía volver a los cuarteles, pues el capital humano de donde habrá de conformarse su proyecto está basado y será operado categóricamente por las fuerzas armadas del país.
75 mil elementos pretenden conformar este cuerpo castrense de seguridad, que a todas luces nacerá de las conformadas Policía Militar, Policía Naval y la Policía Federal, aunado al hecho de que habrá de reclutar muchos más elementos a los cuales habrá de capacitar y formar bajo estándares castrenses.
¿Dónde queda entonces eso de que los militares al cuartel?, ¿acaso no son militares quienes patrullen las calles?, ¿en que tiempo habrán de comenzarse a dar los resultados esperados?, ¿Quién garantizará la aplicación y respeto a los derechos humanos en la operación y ejecución de acciones por parte de esta especie de Guardia Pretoriana?
La realidad es que si los diputados federales de Morena se comportan como lo han venido haciendo, bajo un altísimo grado de sumisión -exhibido el día que le cantaron las mañanitas al presidente electo por su onomástico, o la frase aquella de es un honor estar con Obrador- el riesgo latente de que se construya un régimen represor y totalitario están en puerta.
Un amplio grupo de organizaciones y activistas rechazaron la propuesta “militarista” de crear una Guardia Nacional y urgieron al Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a optar por el fortalecimiento de las instituciones civiles de seguridad.
Estos grupos advirtieron que al elevar constitucionalmente a este cuerpo militarizado se significa una falsa salida a la crisis de inseguridad, y subrayaron que el sistema republicano y democrático exige el predominio de la esfera civil sobre la militar.
Obvio es señalan “que sus promesas públicas, ignorando consideraciones empíricas y políticas fundamentales, desechando la opinión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de diversos organismos internacionales, el presidente electo y su equipo decidieron optar por una militarización como nunca ha conocido el país en su historia moderna”.
Y militarizado el país absolutamente nadie, ni nada podrá contravenir al gobierno federal por ningún tipo de protesta, la realidad es que los mexicanos comenzarán a vivir la peor de las inimaginables pesadillas que absurdamente votaron, la gran cuarta transformación de México esta en marcha, y no hay nada, ni nadie que pueda pararla.
Sextante.
Vaya lío en el que se esta metiendo el integrante del Comité Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción, Sergio Vázquez Jiménez, quien tras acusar a la pasada Legislatura de maquillar cifras de la Cuenta Pública 2017, le salió el tiro por la culata.
Resulta que si lo dado a conocer por el Diario Notiver y el periodista Salvador Muñoz resulta cierto este amigo paso de ser cazador de corruptores a poluto corruptor.
Según se sabe el despacho de Contadores y Abogados Corporativos S.A de C.V, perteneciente a Vázquez Jiménez, participó en la revisión y fiscalización de al menos 3 dependencias claves en la pasada administración del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa.
Se tiene conocimiento que al menos en la revisión de la cuenta pública 2015 se habría visto beneficiado con una auditoría financiera a la SIOP por un contrato de $280 mil pesos a través del referido despacho.
De igual modo, habría tenido a su cargo la revisión financiera del Fideicomiso No. 1986 constituido para revista la Construcción, Operación, Conservación y Mantenimiento de la Autopista Cardel-Veracruz, misma que presentó un sinfín de irregularidades y que solo pudo ser terminada al cambio de administración, sin que la revisión arrojará observación alguna, cobrando por ella $70 mil 600 pesos.
De igual modo se sabe que en el año 2014 este integrante del Comité Ciudadano fue contratado por la Contraloría General del estado para auditar los programas FAM 2010 y 2011, así como el FAIS 2011, sin embargo, a pesar de haber cobrado por esos trabajos nunca presentó los resultados de la revisión.
Ya en otro momento integrantes de la Universidad Veracruzana (UV) en voz del investigador Víctor Manuel Andrade señalaron y acusaron al despacho referido de haber incurrido en irregularidades durante la adjudicación de un contrato de auditoría a la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Xalapa (CMAS) en la cuenta pública 2017 acto que podría derivar en daño patrimonial para ese organismo.
Esperemos que por simple congruencia profesional Vázquez Jiménez deje el cargo que ocupa, pues queda claro que ante sendos señalamientos la lógica dicta actuar con transparencia.
Al tiempo.
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