A partir del pasado sábado, México tiene un nuevo Presidente de la República. Su investidura, es el resultado del adecuado funcionamiento de las instituciones democráticas del Estado mexicano y el respeto al Estado de Derecho. Es una muestra de que la obediencia de las leyes hace que el gobierno funcione bien.

De las decisiones que ha tomado el Presidente López Obrador, se observa un proceso de transición que tiene como propósito un cambio de régimen, al que él denomina la Cuarta Transformación (4T).

Ante la situación de violencia criminal y pobreza que se vive en muchas regiones del país, el cambio en sí mismo es una necesidad del Estado por asegurar su supervivencia y cumplir con su obligación de garantizar seguridad y bienestar para los ciudadanos; sin embargo, por lo observado hasta hoy, la vuelta a un presidencialismo absoluto no parece ser la mejor respuesta.

La naturaleza de un nuevo régimen debe responder al mismo criterio que le dio origen: el respeto al Estado de Derecho.

La pacificación que requiere México no nacerá de un pacto de impunidad al margen de nuestras leyes. La capacidad de perdonar es un valor inherente a la voluntad de las personas, pero en las instituciones está condicionado para que se ejerza como un acto de justicia.

El perdón en sí mismo no repara el daño. Tampoco garantiza que la ofensa o el agravio no se repitan en el futuro. Es por ello, que se han construido sólidas instituciones que eliminan esta discrecionalidad y aseguran que los ciudadanos reciban lo que en derecho les corresponde.

El presidente López Obrador ha confirmado su decisión de conceder el perdón y ser indulgente poniendo punto final a historias de corrupción, anunciando que no habrá persecución a los funcionarios del pasado. Es decir, un borrón y cuenta nueva.

Es de reconocerse que el Presidente de la República no busca con esta medida blindar a quienes, de su gobierno, cometan actos de corrupción. La medida tiene dedicatoria exclusiva a los corruptos del pasado. Pero ello no es suficiente.

Se entiende la reconciliación nacional que pretende el Presidente de la República, pero ello no justifica interpretar a la justicia como un acto de persecución.

Si bien no dudo de la buena fé del Presidente López Obrador en su propósito de no iniciar una cacería de brujas en aras de una reconciliación política nacional, también creo que deben ser las leyes y las instituciones encargadas de impartir justicia las que determinen, en todos los casos, sin excepción alguna, la consecuencias jurídicas de los posibles delitos cometidos.

Si queremos un país sin privilegios, debemos empezar con el ejercicio de la justicia. Esperamos y deseamos que el Presidente no sólo logre su compromiso de gobierno de no permitir que nadie se aproveche de su cargo o posición para sustraer bienes del erario o hacer negocios al amparo del poder público; sino que consolide la aplicación irrestricta de la ley.

Mientras la “Cuarta Transformación” se apresta a aplicar la impunidad como remedio contra la corrupción, la Vox populi le revira: “Ni perdón ni olvido”.

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