De pronto todo su mundo, cual castillo de naipes, se derrumbó. Visiblemente alterado, bajó de su camioneta para encarar al soldado que encabezaba ese destacamento.
Su vehículo y los de su ostentosa escolta, habían sido detenidos.
- Se trata de una revisión de rutina, por favor desciendan de sus vehículos y entreguen sus armas. Vamos a revisar que estén en orden y de ser así podrán seguir su camino.
Todos sus escoltas, y el propio Fiscal Jorge Winckler, fueron revisados minuciosamente, luego de lo cual se les permitió seguir su camino.
Esto, ni en sueños hubiera ocurrido cuando gobernaba Miguel Ángel Yunes Linares.
El mensaje fue muy claro: Desde el primero de diciembre, al trapecio de Jorge Winckler le retiraron la red. Cualquier error que cometa será definitivo. Y si a pesar de ello insiste en continuar en este circo, en su próxima pirueta podría ya no encontrar de dónde sostenerse.
¿No fue suficiente ese escarmiento?
Ahí le va otro mensaje:
La directora del Colectivo Solecito, Lucía Díaz Genao, denunció que la Fiscalía General del Estado (FGE), a cargo de Jorge Winckler, entregó “criterios de oportunidad” (esto es, ofreció rebajas de penas y hasta el desistimiento) a expolicías de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), relacionados con desapariciones forzadas.
La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, no lo permite.
(Artículo 14. El ejercicio de la acción penal y la ejecución de sanciones penales que se impongan judicialmente para los delitos de desaparición forzada de personas y de desaparición cometida por particulares son imprescriptibles y no están sujetos a criterios de oportunidad ni a formas de solución alterna al proceso u otras de similar naturaleza).
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció como tesis aislada: “Tratándose de investigaciones relativas a la desaparición forzada de personas, resulta aplicable el principio de máxima publicidad y no así los de reserva o confidencialidad, en tanto que existe un interés preponderante de la sociedad, en su conjunto, de conocer la verdad de lo sucedido, pues sólo así podrá informarse acerca de las acciones emprendidas por el Estado para cumplimentar con su deber de investigar, juzgar y, en su caso, sancionar y reparar las violaciones graves de derechos fundamentales”. (Amparo en revisión 911/2016).
Esto es, que el Fiscal General no sólo incurrió en una falta grave al ofrecerles a esos policías los “criterios de oportunidad” (los dejó en libertad) con la condición de que inculparan a sus mandos, sino que –además- violentó una tesis de la Suprema Corte, al ocultar la identidad de los policías habilitados como testigos.
Ahí están (por si hicieran falta) dos faltas graves cometidas por el aún Fiscal, con las que se encuadra lo establecido en el Artículo 67, inciso “d”, penúltimo párrafo:
“El Fiscal General podrá ser removido por el Congreso, por las causas graves que establezca la Ley, y por el mismo procedimiento de votación establecido para su designación”.
¿Sigue el Fiscal sin estar convencido?
Ahí le va otro mensaje: El ex director de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV), Francisco Antonio Valencia García abandonó este martes el penal de Pacho Viejo y enfrentará su proceso en libertad, luego de ganar un amparo federal.
Este martes, se realizó la audiencia en la que la juez Alma Aleida Sosa Jiménez dio cumplimento a la orden de un juez federal que consideró que la medida cautelar de prisión preventiva era “excesiva”, por lo que se le fijo una garantía económica y la obligación de pasar a firma cada 15 días.
La Fiscalía General del Estado, la de Jorge Winckler, lo acusó de peculado, abuso de autoridad, tráfico de influencias, incumplimiento de un deber legal y coalición.
Un día antes había salido, gracias a un amparo similar, el exsecretario de Finanzas Mauricio Audirac.
El secretario de Gobierno, Éric Cisneros, lo dijo bien claro: “Yo lo dije y lo sigo sosteniendo. Van a salir todos. Las carpetas de investigación fueron mal integradas, por desconocimiento o por chanchullo”.
¿Una más?
¿Recuerda usted el escándalo que provocó Miguel Ángel Yunes al acusar a Fidel Herrera y Javier Duarte de lucrar con medicamentos clonados y tratamientos oncológicos falsos presuntamente aplicados a niños?
Este martes el secretario de Salud, Roberto Ramos Alor informó que ya no se dará seguimiento a esas denuncias. Dijo que la nueva administración se enfoca en buscar el beneficio de la población, dejando de lado polémicas y capítulos “oscuros” de la administración pública.
No puede estar más claro: Jorge Winckler ya está afuera.
* * *
Epílogo.
En entrevistas con medios nacionales, el gobernador Cuitláhuac García hizo especial énfasis en que su administración será “austera y ordenada”, pues recibió de Miguel Ángel Yunes un estado desbaratado, con desfalcos enormes. Señaló que la administración anterior sólo simuló sus acciones de combate a la corrupción, pero en realidad negoció con los grupos de interés que pretendía combatir. *** Una de las medidas que tiene consideradas para combatir los actos de simulación del gobierno que lo antecedió, es que la bancada de Morena regrese el dictamen sobre la revisión a la Cuenta Pública 2017, esa en la que el diputado Juan Manuel de Unanue (en ese entonces Presidente de la Comisión de Vigilancia) dio como “solventadas” observaciones que emitió el Órgano de Fiscalización (Orfis). Las consecuencias de esta medida –aseguran- serán muy severas. *** El exfiscal Luis Ángel Bravo Contreras le dio otro palo a quien lo sucedió en el cargo, Jorge Winckler Ortiz. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito resolvió como “fundado” el incidente de incumplimiento a la suspensión provisional concedida -¿por quién creen?- sí, por la juez Alma Aleida Sosa Jiménez. *** Lo que el juzgado federal estableció es que Luis Ángel Bravo Contreras no debió ser detenido por los elementos de la Policía Ministerial, debido a que gozaba de la protección de un amparo. Al hacer este reclamo ante la juez de control, esta concluyó que el delito por el que era imputado (desaparición forzada) era de tal gravedad que ameritaba pasar sobre la resolución de la justicia federal. Un error más, que en su momento deberá ser sancionado.
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