No es el caso del gobernador de Morena, pero sí me quedó la impresión de que ya dejó claro que fue él y no su secretario de Finanzas, José Luis Lima Franco, quien acaba de sacar al buey de la barranca.
Quiero suponer que también se cumplió con el pago a pensionados y jubilados. Por todos los beneficiados, qué bueno. Creo que no hay que regatearle a Cuitláhuac el mérito de haber cumplido cuando la crisis aprieta. No deja de extrañar por qué no dijo cómo lo hizo, pero por ahora lo importante es que lo hizo.
El panorama que viene se ve muy nublado
Ojalá y también tenga prevista o resuelta la forma en que enfrentará el futuro inmediato, porque el panorama que viene se ve muy nublado, bastante oscuro luego de que el sábado se conoció la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para 2019.
El paquete económico aprieta el gasto para las secretarías federales y los gobiernos estatales.
El miércoles pasado en la columna que titulé: “Deja Sonrisa a Cuitláhuac visita a Urzúa”, comenté que el senador Ricardo Ahued advertía que el aumento a las participaciones federales sería limitado porque recursos anteriores que se entregaron no fueron comprobados o porque no fueron usados en forma correcta.
Dijo que aunque el aumento que aprobaría la Cámara de Diputados estaba estimado en 10 por ciento, en términos generales sería de solo 6 por ciento. Por ello habló de ‘un escenario difícil’ para el Estado.
Pues el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) que presentó el Secretario de Hacienda Carlos Urzúa el sábado confirmó lo que había dicho el senador Ahued: el gobierno federal no pudo cumplir con su meta de incrementar en al menos 10 puntos porcentuales las participaciones a estados y municipios para el próximo año.
El PEF 2019 señala que la bolsa de recursos proyectada por la Secretaría de Hacienda para el Ramo 33 asciende a poco más de 734 mil 22 millones de pesos.
“Esta cifra total representa un incremento nominal de menos de 7 por ciento con respecto a lo aprobado para este año; es decir, tres puntos porcentuales por abajo de lo comprometido por el Presidente Andrés Manuel López Obrador”, informó el diario Reforma.
Quienes conocen a fondo del asunto en el altiplano me aseguraron que la administración estatal está en quiebra. Seguramente nadie del nuevo gobierno se atreverá a aceptarlo, pero me dijeron no tener dudas.
No me lo crea y ojalá y estén rotundamente equivocados, pero lo cierto es que no hay dinero salvo para lo estrictamente indispensable, y tengo entendido que no lo habrá tampoco en enero, quizás en febrero o hasta marzo. Por ahora varias oficinas, no sé si todas, están prácticamente paralizadas por falta de recursos.
Creo que finalmente la bomba que heredaron Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes Linares le ha estallado a Cuitláhuac García. Yunes contribuyó, por ejemplo, gastándose lo que debía haber dejado para pagar los compromisos de este fin de año, entre otras cosas.
Hace una semana, el lunes 10 (“Primera gran prueba de fuego”) comenté que aparte del de la seguridad pública, el tema de las finanzas públicas era el más grave y caliente porque implicaba compromisos que había que cumplir en lo inmediato, como el pago a trabajadores, a pensionados y jubilados, así como los aguinaldos.
“Lo que se informe (sobre cómo se enfrentaría la actual situación y la proyección a futuro) servirá, más que su curriculum, para perfilar el verdadero nivel del nuevo Secretario de Finanzas, qué tan acertado estuvo Cuitláhuac García para designarlo en el cargo y si está a la altura de las circunstancias”. Ahora ya sabemos que de todos modos las finanzas se manejarán desde el Palacio de Gobierno.
De interés legítimo e interés jurídico
El intento del gobernador Cuitláhuac García de democratizar (por calificar de alguna manera la medida) el nombramiento de nuevos magistrados es plausible, y lo será más en la medida en que no trate de palomear deliberadamente a quienes ocuparán las posiciones vacantes.
Me movió a reflexión un apunte que me envió una especialista, quien me pregunta si el gobernante conocerá la diferencia entre interés legítimo e interés jurídico.
Me dice que más allá de que la convocatoria pudiera ser atípica o ilegal, se ve un problema central que quienes lo asesoran no ven: que le dieron interés jurídico a los participantes y los apartaron del interés legítimo, “y esa es una gran diferencia”.
Explica: el interés legítimo existe con la presunción de una afectación a la esfera jurídica de cualquier persona que por la emisión de un acto de autoridad se encuentra en una especial situación frente a una norma; es decir, le vulnera un interés difuso.
El interés jurídico, agrega, es el más conocido por todos: es cuando el acto de autoridad vulnera directamente un derecho que se tiene. “No se requiere la presunción de estar en una situación especial o de un interés difuso, sino que la transgresión es directa y palpable”.
Recuerda que antes el Gobernador mandaba las propuestas “y ya, era bajo su soberana responsabilidad, pero ahora permitió que todo mundo opinara”.
Argumenta que cuando mandaba su propuesta única, entonces tenía que justificar a ese elegido frente al universo de abogados que se encontraran dentro de la hipótesis del artículo 58 de la Constitución que son los requisitos. “Miles de abogados sin cara ni nombre, puesto que lo general siempre es abstracto”.
“Sin embargo, ahora no estamos defendiendo al elegido frente a una abstracción, sino contra gente con cara, nombre y trayectoria. Pasamos del terreno de lo abstracto a lo concreto. Ahora, el Gobernador debe de fundar pero sobre todo motivar a la perfección por qué escoge a uno sobre otro, el famoso por qué él sí y yo no”.
“Ya no estamos ante un universo abstracto, sino ante un grupo de personas que se registraron ante una invitación pública, expusieron sus motivos, entregaron documentación y tienen la ilusión de ser tomados en cuenta”.
Opina que a grandes rasgos, el interés legítimo busca abrir la protección del amparo ante la vulneración de derechos difusos –abstractos– y que el interés jurídico busca esa protección pero en contra de los derechos específicos –concretos.
“Siempre han existido amparos de abogados que se creen con mejor perfil que alguien propuesto para magistrado, generalmente los jueces que no tienen relaciones políticas y que ven cómo un político llega al más alto cargo del Poder Judicial y ellos siguen años y años en un juzgado. Todos estos amparos murieron antes de llegar a sentencia, es decir, se sobreseyeron pues no pudieron ni siquiera demostrar su interés difuso transgredido, es decir, el interés legítimo”.
Apunta que ahora todos quienes se inscribieron no tienen ese obstáculo, pues gracias a la invitación pública ya tienen interés jurídico en el asunto. “Si un participante no es elegido podrá, vía amparo, solicitarle al Ejecutivo que le explique por qué no lo escogió a él cuando tenía igual o mejor perfil que quien sí fue elegido. Desde luego, puede hacerse, pero debe hacerse bien”.
Concluye: “Lo ideal, es que Cuitláhuac funde y motive perfectamente cada una de las propuestas, no solo argumentando por qué alguien sí, sino por qué ese alguien sí frente a sus compañeros, de lo contrario los inconformes harán valer en el amparo su derecho adquirido”.
Interesante. Seguramente el Jurídico del gobernador tiene ya la respuesta. |
