Uno de los proyectos fracasados del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares fue dejar designados a una docena de amigos como Magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Como la designación tenía que pasar por el tamiz del Congreso local, los diputados morenistas se apoderaron de las instalaciones de la Legislatura a fin de evitar que se llevara al cabo la sesión en la que los “amigos” de Yunes serían investidos con la toga y el birrete para pasar a formar parte del TSJ, en calidad de destacados jurisconsultos Magistrados.
La lucha de los diputados morenistas rindió frutos y el dictador, cuando menos en esta, no se salió con la suya.
Posteriormente, porque se necesita nombrar nuevos magistrados en el Tribunal, el gobernador Cuitláhuac García dio a conocer la convocatoria, abierta en la que todo aquel que cumpliera con los requisitos para aspirar a una magistratura se inscribiera y participara, con toda libertad y en un ambiente de democracia en la que se debe imponer la preparación y la experiencia de quienes el Congreso local debe seleccionar para ocupar las vacantes, jurisconsultos que dignifiquen al poder judicial del estado.
Se tiene conocimiento de que hoy suman más de 400 solicitudes de aspirantes; sin embargo, la mayoría no cumple con uno de los requerimientos más importantes que es el contar con carrera judicial.
Pero resulta que ahora se habla de una “negociación” de Morena con el PRI para que tres distinguidos militantes del tricolor entren a ocupar posiciones como Magistrados; se menciona a Tomás Carrillo Sánchez, quien fue diputado por el PRI y delegado del Instituto Nacional de Migración; de Silvio Lagos Galindo, también exdiputado federal y en la pasada contienda fue el coordinador de campaña de Pepe Yunes, y de Américo Zúñiga Martínez, quien fue alcalde de Xalapa, diputado local y hasta este martes ocupaba la dirigencia del PRI en el estado.
Si esto es cierto, qué problema se generará con los aspirantes que queden relegados en virtud de que el gobierno negoció con el PRI las posiciones, sin que los aspirantes que manda el tricolor cumplan con los requisitos como es el de tener una carrera judicial.
Dudamos que esto sea cierto porque para el nuevo gobierno sería muy lamentable, en términos de imagen pública, que se incurra en las mismas prácticas del PAN de Yunes Linares que tanto criticaron, y que la sociedad en general reprobó en las urnas.
Hoy se dan los nombres
Y hablando sobre el mismo tema, este jueves se darán a conocer los nombres de los 400 aspirantes a magistrados del Poder Judicial, según confirmó el presidente de la mesa directiva del Congreso, José Manuel Pozos Castro, quien aseguró que se respetará la equidad de género en la asignación de los potenciales funcionarios públicos.
El diputado Pozos Castro afirmó que debe haber madurez y responsabilidad de parte de los diputados locales en la designación de los nuevos integrantes del Poder Judicial, y evitar que se imponga a candidatos por amiguismo. “A lo que yo apelo es que debemos cambiar a Veracruz más allá de siglas, el costo que ha pagado Veracruz por ocupar las magistraturas del Estado en favoritismo, en amigos y amiguitas, es muy alto (…) yo creo que debe haber la madurez y el compromiso de todos y todas los compañeros de pedir que se respete la trayectoria, la experiencia de mujeres y hombres que han dado su vida en el poder Judicial”.
Pero nadie puede negar que se han filtrado los nombres de algunos de los que se inscribieron a invitación del Congreso, entre ellos, los priistas Américo Zúñiga, Silvio Lagos Galindo y Tomas Carrillo; el panista Danilo Alvízar Guerrero, el perredista Clemente Nagasaky Condado Escamilla, y los académicos Manlio Fabio Cazarín y Luis Alberto Martín Capistrán.
El diputado Pozos aseguró que son rumores que algunos espacios ya se negociaron con la oposición, para lograr los 36 votos necesarios para sacar las ternas de García Jiménez. El legislador explicó que este mismo miércoles se enviará la lista al gobernador Cuitláhuac García Jiménez para que pueda remitir las ternas para ocupar las vacantes en el Poder Judicial.
Reiteró que fueron más de 400 los aspirantes y una comisión de siete diputados, entre ellos, Enrique Cambranis, Montserrat Ortega, Magaly Armenta, Raymundo Andrade, Mónica Robles y Eric Domínguez, que están verificando que se cumpla con los requisitos. “Ahora yo tengo que entregarla al señor Gobernador, porque es facultad del Ejecutivo de hacernos la propuesta; mañana daré una conferencia de prensa para anunciar a todos”.
Ya hay inconformidades
Y en nota periodística reporteada por la compañera Verónica Huerta, de la agencia informativa AVC, señala que el pueblo merece que se haga valer el artículo 58 fracción III de la Constitución Política del Estado de Veracruz, el cual señala que para ser magistrado el aspirante deberá contar con cinco años de antigüedad de haber obtenido el título profesional, cuente con estudios de posgrados y haya pertenecido al Consejo de la Judicatura, de lo contrario se corre el riesgo de que “la justicia se preste a intereses políticos”, advirtió el director del Despacho Jurídico Avodkasi y catedrático de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) Arturo Salazar Rivera.
En conferencia de prensa, el destacado abogado expuso: “No queremos jueces o magistrados a modo que se presten a intereses políticos en que la sociedad se vea afectada, porque ya me han tocado clientes que ameritan libertad y por el hecho de ser una cuestión política no se las han decretado”.
Citó como ejemplo el caso del empresario constructor del puerto de Veracruz, Cesar Augusto Morando Turrent, imputado por el delito de fraude específico en agravio del Gobierno del Estado por 82 millones de pesos en la construcción de la Torre Pediátrica, mismo que fue vinculado a proceso el día 10 del mismo mes.
Mientras que Luis Ángel Aguirre, mejor conocido como “Pichirilo”, de la zona sur de Veracruz, fue acusado como probable responsable del delito de estragos, según hechos que constan en el Proceso Penal 27/2017, por ocasionar daños al palacio municipal de Catemaco.
“El constructor (Cesar Augusto Morando Turrent) fue privado de su libertad por intereses políticos porque el delito del que se le imputaba no ameritaba prisión preventiva, ni necesaria ni oficiosa. Otro es Luis Ángel Aguirre, Pichirilo, por tiempos electorales le ejecutaron una orden de aprehensión, le quitan su libertad y no le dan derecho a salir bajo ninguna garantía económica”.
REFLEXIÓN
El colmo de la rapacidad, el gobernador Miguel Ángel Yunes vendió la reserva territorial de Xalapa, estando en la plenitud del pinche poder. Escríbanos a mrossete@yahoo.com.mx formatosiete@gmail.com www.formato7.com7columnistas |
