Concedámosle al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que el desabasto de combustible en varias entidades del país -que está por cumplir una semana- se debe a su “estrategia” de combate al “huachicoleo”.

Sin duda, impedir la comisión de actividades ilícitas es una responsabilidad ineludible de todas las autoridades. Nadie podría oponerse a que se proceda en contra de quienes infringen la ley. Y menos en un tema como el del robo de combustibles, que ha representado pérdidas multimillonarias para el patrimonio de la nación desde hace varias décadas.

Porque hay que señalar que esto no es algo nuevo. Por lo menos desde que quien esto escribe comenzó a reportear y seguramente mucho antes, se ha consignado en los medios el tema de la “ordeña” de los ductos en los que se transporta el combustible, delito del que siempre se responsabilizó a las bandas de criminales, aunque también existió en todo este tiempo la sospecha sobre la complicidad de autoridades de todos los órdenes, condición que permitió crecer hasta sus actuales niveles a la delincuencia organizada en su conjunto.

Que el nuevo gobierno ataque éste y otros delitos es una buena noticia. O debería serlo, siempre que la decisión estuviera acompañada de una estrategia en la que estén contempladas sus consecuencias y la manera como las mismas serán mitigadas o por lo menos atendidas por el gobierno.

De igual manera, y previendo que el cierre de válvulas en los ductos de combustible –que es lo que el gobierno afirma que hizo- afectaría inevitablemente el abasto, lo primero que se tendría que haber hecho era poner sobre aviso a la población de las regiones que resultarían afectadas, a través de una campaña de información gubernamental.

Sin embargo, no se hizo lo uno ni lo otro. Y sucedió lo que hemos atestiguado en los últimos días: en varios estados de la República la gasolina y el diésel han escaseado dramáticamente, trastocando la vida cotidiana de sus habitantes y comprometiendo la actividad económica, la salud y hasta la seguridad en esas demarcaciones.

Lo peor es que a la oleada de críticas desatada a la par de la crisis del abasto de combustibles, el gobierno respondió sin responder nada. Fue hasta que se convirtió en un verdadero problema cuando se informó a la población que se habían dejado de ocupar los ductos en los que tenían detectada la “ordeña” y que los carburantes estaban siendo transportados en pipas a las estaciones de servicio.

Pero en lugar de ofrecer el gobierno federal alguna garantía a la población, a ésta primero se le pidió “paciencia” y disposición a hacer un “sacrificio”. Y como eso no funcionó, los voceros gubernamentales, la nueva prensa oficialista y hasta el propio Presidente de México optaron por criminalizar la crítica, acusando de manera delirante a quien se atreviera a expresar malestar, de apoyar el “huachicoleo” y casi casi de “traicionar a la patria”. Un despropósito elevado a niveles de absurdo, propio de un régimen que solo admite aplausos y detesta que se le contradiga.

La realidad es que no hay claridad sobre lo que verdaderamente está haciendo el gobierno, lo cual solo alimenta las especulaciones, como aquella que indica que el desabasto tendría que ver más bien con una supuesta decisión de dejar de importar gasolina de los Estados Unidos. Como la información no fluye ni se aclara nada de manera convincente, y en cambio se recurre a la diatriba como respuesta, la percepción de que hay algo oculto permanece y se alimenta de la propia ineficacia del gobierno para resolver rápidamente un problema que, sea cual sea su origen, es su responsabilidad remediar.

Prefieren echarle gasolina al fuego. No vaya a ser que un día esto explote.

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