RECÁLCULO EN LA FÓRMULA DE PARTICIPACIONES FEDERALES da saldo a favor de Veracruz. Trascendió que uno de los primeros Estados del país en renovar convenios con las fuerzas armadas para asegurar la presencia del Ejército Nacional y la Marina con el fin de resguardar la seguridad de la población ha sido Veracruz. Para ello, se sabe que en días pasados el titular de la SEFIPLAN, José Luis Lima Franco, asistió a la CDMX a firmar la documentación correspondiente y a garantizar las aportaciones para la estancia de los elementos federales. Por cierto, también se asegura que habrá un incremento en cuanto al número de elementos de la Armada destacados en Veracruz. Y dentro de otros asuntos torales, recordará Usted que durante el sexenio de Javier Duarte, gracias a la estulticia del cenutrio subsecretario Arturo Jaramillo, se perdieron cerca de 2,000 millones de pesos de las participaciones federales destinadas a los municipios por aplicar mal la fórmula que se enviaba a la Federación (sin que, obviamente, le fincaran responsabilidades). Bueno, pues ahora quienes ocupan las carteras de primera línea en Sefiplan se pusieron las pilas y a diferencia de lo que pasó con Duarte, al recalcular la fórmula federal para la asignación de Participaciones Federales lograron identificar varios cientos de millones de pesos que resultaban a favor de Veracruz. Por lo tanto, debidamente solicitaron los recursos y consiguieron un aumento en el presupuesto. Cabe recordar que el presupuesto para este año es histórico pues asciende a poco más de 129 mil millones de pesos, lo que representa un incremento de casi el 10% comparado con el 2018. Lo bueno es que al parecer en SEFIPLAN hay garbanzos de a libra que se ponen las pilas, pues de lo contrario a Veracruz le hubiera pasado como aquel triste episodio con Duarte.
PANISTAS ENQUISTADOS EN EL GOBIERNO DE CUITLÁHUAC depredaron desde la Defensoría Pública. Si pensaba que los movimientos de personal en el nuevo gobierno se dieron tomando en cuenta perfiles y desempeño, tal vez debería pensarlo dos veces, porque cuando menos en el Instituto Veracruzano de la Defensoría Pública (IVDP), dependiente de la Secretaría de Gobierno, eso no fue así. Allí, desde la pasada administración se han presentado situaciones fuera de la norma, las cuales fueron, por lo menos, toleradas por la titular Rosalba Rodríguez Rodríguez, quien incluyó dentro de la nómina a personal que no cumplía con lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley de Defensoría Pública, al no contar con la antigüedad mínima de expedición de la cédula profesional, ni de experiencia laboral, las cuales son de 3 años mínimo. Aún así, algunos de los asesores jurídicos contratados elaboraban promociones para litigar. Por ejemplo, Víctor Luis Priego López, fuera de la norma que indica que al trabajar en la Defensoría Pública no se pueden llevar litigios particulares, llevó algunos como el que se encuentra el expediente civil número 2218/2013/III ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa; o el 603/2018/III en el Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en materia de la Familiar; casos que no se encuentran registrados ante el IVDP. Lo mismo sucedió con Alba Lorena Barrales Oviedo, quien atendió particulares como el 1936/2017/III ante el Juzgado Sexto de Instancia del distrito Xalapa. Realizando una revisión en Buholegal, sitio de internet con acceso público, se puede constatar la fecha de expedición de la cédula de los empleados contratados a partir del 2016: Luis Carlos Soto Rodríguez, Cédula expedida en el 2014; Manuel Eduardo Vidal Alor, 2014; Jonathan Jair Ramos Men, 2015; Víctor Luis Priego López, 2014; Fernando Molina Sosa, 2018; Fernando Ernesto Sesma Jiménez, 2018. Pero en el IVDP hay más, mucho más, como personal ocupado para la campaña de Yunes Márquez, inconsistencias en las entregas de mobiliario y equipo, sueldos, y más. Por el momento basta hacer la pregunta, ¿El gobierno del cambio mantendrá al personal que ha incumplido sistemáticamente la ley? Veremos.
APRUEBA EL CONGRESO VERACRUZANO 4 REFORMAS CONSTITUCIONALES. Indudable que la Cuarta Transformación en Veracruz era imposible de arrancar con una Constitución redactada a modo para que los indígenas poco tuvieran que opinar con respecto a los Programas de Desarrollo del Gobierno estatal. Que dejaba en completa libertad a los alcaldes para endeudarse a placer sin nadie que les pudiera marcar el alto más que los Caballos de Troya que los Partidos Políticos incrustan en los cabildos sin tomar en cuenta a los ciudadanos. Es por ello trascendente que el Pleno de la LXV Legislatura veracruzana aprobara este día en la Décima Sexta Sesión Ordinaria la segunda etapa de cuatro decretos de Reformas a la Constitución Política del Estado. En la primera se faculta al Congreso para poner topes a los niveles de endeudamiento de los Ayuntamientos. En la segunda se faculta al Congreso a designar a los vecinos que conformarán los Concejos Municipales. Tercera, faculta al Congreso para convocar a elecciones extraordinarias y las disposiciones para suplir, en caso de ausencia, al diputado propietario y suplente, plurinominal. Y la cuarta y quizá la más importante es el proceso de consulta a las comunidades indígenas sobre planes y programas de desarrollo. Faltaría únicamente la ratificación de los Ayuntamientos en la que desde luego es calculado que los alcaldes panistas no la aprueben sin embargo será aprobada por la mayoría.
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