La oposición contra la Guardia Nacional se ubica principalmente en la Capital del país, donde la inseguridad no llega a los extremos de otras entidades y por ello, consideran políticos y ciudadanos que ver en la televisión las consecuencias de la violencia son parte de la ficción que transmiten los medios.
Desde la comodidad que implica vivir en la Ciudad de México para los políticos, —donde a pesar de que aumentan últimamente los índices de inseguridad, no se viven los asesinatos, las decapitaciones, los levantones, los secuestros, las balaceras que en otros estados de la República— los legisladores Osorio Chong, del PRI, y Mancera Espinosa, no se sabe de qué partido, cuestionan no sólo factores propios de la Guardia Nacional sino su instalación, como si en algún momento ninguno de los dos hubiera tenido en sus manos la posibilidad de disminuir la delincuencia.
Osorio Chong, ex secretario de Gobernación, ex gobernador de Hidalgo, pudo haber hecho más que colocar familiares en la administración pública y hasta las parejas de sus consanguíneos más cercanos; sin embargo, ahora es de los principales críticos a un proceso de regulación de la seguridad, cuyos elementos desconocen.
La oposición partidista está tan disminuida que debe agarrase de cualquier idea para cuestionarla. Es incapaz de crear alternativas y ahora critica hasta el número de llantas que deben tener las pipas que transportan gasolina. Se quedaron sin cuadros, sin ideas y sin posiciones políticas claras.
La oposición a la Guardia Nacional deja mucho qué pensar, porque si tomamos en cuenta la manera en que actúa la delincuencia organizada a lo largo y ancho del territorio nacional, y la saña con la que se perpetran los delitos, encontramos que sólo alguien que protege delincuentes puede estar en contra de que la Guardia Nacional actúe contra la inseguridad.
Por otra parte, quienes apoyaban incondicionalmente la presencia del ejército en las calles ahora se convierten en los más férreos críticos de la actuación de los uniformados. Este cambio repentino tiene una causa en común que los identifica y se llama derrota electoral.
Las medidas para solucionar un problema se adoptan de acuerdo a la magnitud del conflicto y no desde el escritorio ni por métodos teóricos. La violencia en el país crece y si las familias mexicanas, que cada día son más, que han sido afectadas por la violencia en las calles y carreteras, sierras y bosques, pudieran decidir optarían por la autorización de la Guardia Nacional.
La magnitud del problema exige de medidas extremas porque de ese mismo tamaño es el crecimiento de la violencia que afecta cada día a más mexicanos. Nadie niega que la aparición de una fuerza como la Guardia Nacional sea una medida a la que no estamos acostumbrados, pero las circunstancias lo ameritan.
No hay familia que haya sido afectada por la violencia que pueda decir que la Guardia Nacional debe deshacerse. Pareciera que esperan que les toque a ellos los efectos de la inseguridad para tener conciencia de la gravedad de la violencia en México.
Ahora que el problema tiende a desbordar el país, una medida del tamaño del conflicto les parece digna de críticas, luego de que PAN y PRI dejaron que creciera. Y si hubiera gobernado ahora alguno de ellos, todo seguiría igual que antes.
Los soldados, en todos sus rangos, deben cumplir protocolos y de violentar los derechos de los ciudadanos, culpables o inocentes, deben ser castigados de manera ejemplar.
Pero dentro del discurso de una oposición que ya no sabe qué va a criticar el día de mañana, que carece de ideas y pensamientos políticos, la Guardia Nacional tiene muchos defectos. Este debate ocurre mientras en el interior del país, donde la violencia es mayor, mueren muchos mexicanos sin importar su edad.
Los gobernadores, sin importar el partido al que pertenezcan, apoyan la presencia de la Guardia en sus estados y no es para desentenderse de la inseguridad como los partidos de oposición sugieren, sino porque se requiere de los militares, de la Marina y de los policías de cada rincón del país. No se trata de una aventura sin método, como ocurrió en los regímenes anteriores.
La oposición sabe que el principal problema del país es la inseguridad, conoce perfectamente que la prioridad de los mexicanos es el resguardo de su integridad, y si la Guardia Nacional se aprueba, y se demuestra que es un proyecto que ha probado su éxito, la oposición se quedaría sin votos por muchos años.
Lo que implica la desaparición de más de un partido, cuyos miembros ahora aseguran que ese modelo no funciona, que es represivo, que militariza y que violenta los derechos de los mexicanos, como si durante los regímenes del PRI y del PAN hubieran defendido los derechos de quienes murieron.
Todavía hay vestigios de la impunidad de decenas de periodistas asesinados durante el panismo y el priismo que representaban para más de un panista o priista una piedra en el zapato, sobre todo en el interior de la república, precisamente donde sí quieren la aprobación de dicho proyecto.
El rechazo a la Guardia Nacional primero se convirtió en bandera de la oposición, pero después se volvió un factor de división de los miembros de la oposición, dentro y fuera del legislativo.
Las filas de los partidos de oposición empezaron a adelgazar notoriamente debido a que la reprobación de la Guardia Nacional mostró que era más una consigna que la defensa de un derecho.
De ahí que las deserciones al PAN y al PRI y a un herido organismo llamado PRD, sucedan cada día. PEGA Y CORRE.- La necesidad de aparentar que se trabaja fue una de las características de las anteriores administraciones en la capital del país. El 68 por ciento de las carpetas de investigación de los delitos en la Procuraduría que encabezó Edmundo Garrido fueron colchados de manera que pareciera que los delitos disminuían durante su gestión. Ahora, el mal uso de los expedientes dificulta las investigaciones de los delitos y aumenta la posibilidad de impunidad, sello que identifica a las administraciones perredistas en la capital del país. Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
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