Luego de que el gobernador Cuitláhuac García, el secretario de Gobierno, Erick Cisneros, y el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, amagaron con proceder penalmente contra la empresa contratada en la administración del ex mandatario panista Miguel Ángel Yunes Linares para instalar 6 mil 400 cámaras de videovigilancia en las ciudades de Pánuco, Poza Rica, Xalapa, Veracruz, Córdoba y Coatzacoalcos –ya que acusaron que además de ser aparentemente obsoletas, “se pagaron mil 200 millones de pesos por adelantado y el trabajo (de instalación) no se concluyó”, operando con deficiencias el 34 por ciento de ellas–, una representante de la compañía expuso por escrito el día 5 del presente mes ante la directora general Jurídica de la SSP, Aillet García Cayetano, que a partir del 29 de enero de 2019 “de manera extraoficial se ha negado el acceso a Comtelsat al Proyecto”, deteniendo “la realización de cualquier tipo de operación respecto al mismo”, e impidiendo “actividad alguna” tendiente a su finalización.

En respuesta al expediente SSP/DG/RAC/004/2018, sobre el Procedimiento de Rescisión Administrativa del Contrato SSP-UA-111-17, celebrado el 07 de diciembre de 2017 entre el Gobierno del Estado a través de la SSP y Comtelsat para la “Adquisición, suministro, electrificación e instalación y puesta en operación de sistemas de circuito cerrado de televisión CCTV en el Estado de Veracruz”, la apoderada legal de la empresa, Gabriela Montaño Zúñiga, afirmó que “aun cuando existe la intención y voluntad de solventar solicitudes respecto a necesidades que surgen, no se encuentra en posibilidad de llevarlas a cabo” porque desde hace dos meses no les han permitido el acceso al Proyecto.

Además señaló que “la totalidad de los bienes entregados por mi representada a la fecha de presentación de este escrito asciende al valor correspondiente asignado en el contrato, e incluso se ha hecho entrega e instalación de bienes por un valor mayor y en exceso, comprendiendo en todo caso la totalidad de los bienes implicados y descritos en el Anexo Técnico del Contrato, los cuales se encuentran instalados a disposición del Gobierno del Estado, tal como se ha establecido en las minutas, relaciones de trabajo y validaciones elaboradas por ambas partes, en donde se contiene la identificación de cada uno de dichos bienes, las características propias de acuerdo a su naturaleza, datos de identificación, así como las ubicaciones en donde se han instalado.”

Asimismo aseguró que el servicio de electrificación sí se concluyó, pero que “la puesta a punto del Proyecto no se ha completado en su totalidad”, debido a “diversas causas ajenas a mi representada, tales como fallas técnicas impredecibles que se encuentran en proceso de resolución, así como afectaciones de origen meteorológico que han retrasado la configuración de los equipos e incluso han generado daños al equipamiento, complicaciones orográficas, saturación del espectro radioeléctrico, por señalar las principales.”

También presentó a la Dirección Jurídica de la SSP un documento con una detallada explicación técnica de la problemática que continúa vigente respecto a la funcionalidad del Proyecto, mismo que se comprometió a que la empresa lo concluiría en un periodo de 160 días a partir de que le permitan su acceso a él.

A. FERRARI, A AGUASCALIENTES

El que no se quiso involucrar en el candente proceso interno para la dirigencia estatal del PRI en Veracruz fue el político boqueño Alfredo Ferrari Saavedra, quien aprovechó la invitación del Comité Ejecutivo Nacional para irse de delegado especial a la ciudad de Aguascalientes, donde el próximo 2 de junio habrá elecciones municipales.

El ex secretario de Desarrollo Social y ex presidente del CDE del PRI en Veracruz fue comisionado por la dirigencia nacional del tricolor para fortalecer la candidatura de Ventura Anaya a la alcaldía capitalina.

ZAIDA LLADÓ METIÓ REVERSA

Por cierto, las razones que dio Zaida Lladó para renunciar a participar en el proceso interno del PRI la hicieron ver muy cándida, pues el domingo pasado, cuando solicitó formalmente el registro de su candidatura y la de su compañero Jorge Landa, ya sabía el monto que tendría que aportar como cuota al partido, así como la cantidad aproximada de dinero que debía recaudar para financiar su campaña, además de que, en efecto, Silvia Domínguez, la compañera de fórmula de Adolfo Ramírez Arana, no apareció en el padrón de militantes, lo que tampoco era motivo para que Lladó declinara, ya que la ex senadora y ex secretaria general del Comité Directivo Estatal del tricolor jamás renunció al partido.

Si doña Zaida suponía que contaba con la simpatía y el apoyo de un buen número de correligionarios, ¿acaso no iba a poder reunir los fondos suficientes para cumplir con el requisito partidista y sufragar los gastos de su recorrido por el estado?

Lo que evidenció es que no estaba preparada para competir, ya que ni siquiera se preocupó por conformar un comité de financiamiento a sabiendas del costo que implica un proceso partidista de esta naturaleza, y más en el instituto político en el que milita.

El que resultó ser más sensato fue el exdiputado federal por Cosoleacaque y ex delegado estatal del IMSS, Antonio Benítez Lucho, quien mejor optó por no presentarse a solicitar su registro. ¿O qué caso tenía que lo hiciera para renunciar 48 horas después?