Cuando no existe la costumbre al diálogo, cuando la negociación no forma parte de la agenda partidista o personal, las decisiones que se toman no sólo son unilaterales sino arbitrarias. Es así como la oposición quiere que se conduzca el gobierno actual, para que se asemeje a lo que ha habido y se aleje de lo que caracteriza a la actual administración.

El diálogo debe ser una tradición en todo gobierno moderno, la barbarie y la represión quedaron en el pasado. Sin embargo, las posibilidades de un acuerdo parecieran estar negadas para quienes, en su nombre, representan parte de las consignas de un gobierno que los propios mexicanos no permitirán.

El radicalismo de quienes protestan no es pretexto para que el diálogo se condicione o se regatee. Es por ello que la represión queda descartada en este proceso, aunque no se duda que haya quienes le apuestan a una salida violenta ante las condicionantes que los profesores de la CNTE han colocado como bases para iniciar el diálogo que lleve no sólo al desalojo de los alrededores de la Cámara de Diputados sino a la solución del problema.

Sin embargo, la postura de los profesores ha sido tajante, principalmente porque ellos son los afectados directos y las presiones sobre las instalaciones de la Cámara de Diputados se convierten en el campo de batalla, que más bien se transforma en un punto de presión entre los profesores y los diputados.

En esta parte del conflicto, los diputados no pueden sesionar mientras los profesores impidan el acceso; postura que la oposición quiere radicalizar, comienza a amarrar navajas para que el gobierno reprima, tal y como sucedió con el PRI y el PAN cuando ocuparon la Presidencia de la República.

La desactivación de la reforma educativa, que era el eje central de la protesta de los profesores de la Coordinadora, es un tema que prácticamente no se discute porque estaba implícito entre el gobierno entrante, que lo anunció incluso como bandera de campaña, y los profesores de la CNTE, principales afectados por esta purga en la nómina de la SEP, que disfrazaron de reforma educativa y que sólo permitía depurar al personal docente.

Con ese contexto la reforma educativa tuvo muchos puntos oscuros que sus impulsores nunca tomaron en cuenta o simplemente no les pareció importante mencionarlos. Son precisamente esos factores, de letra chica, en los que se centra la discusión entre el nuevo gobierno y los profesores de la Coordinadora.

Nadie puede reactivar una acción represiva desde la oposición, pero el gobierno menos que nadie puede ejercer esa violencia que ha caracterizado a sus antecesores. Es en este panorama donde la oposición, muy menguada por cierto por los ciudadanos en las urnas, quiere incidir para que sean desalojados los profesores de los alrededores de San Lázaro y puedan, en un momento determinado, acusar de violadores de los derechos humanos al actual régimen, que tienen entre sus principales objetivos la defensa de esos mismos derechos.

Los profesores pueden ser más persistentes y no pueden ser desalojados por la fuerza a menos que sean ellos quienes utilicen la fuerza contra cualquier otro mexicano, pero mientras haya una presión pacífica, garantizada por nuestras leyes, los puentes de negociación están tendidos y nadie puede alterarlos, aunque la oposición intente crear condiciones extremas.

La intransigencia no viene ahora de los maestros ni del gobierno. La intransigencia viene de una oposición acostumbrada a reprimir, a violentar a los forjadores de los mexicanos de mañana. PEGA Y CORRE.- Ya Morena colocó en la línea de fuego a los gobernadores para que puedan perder el fuero que los protege de toda sospecha, investigación, castigo, sentencia y cárcel. Deberían empezar por los ex gobernadores que siguen tan campantes luego de saquear sus entidades…Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.

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