Por si no bastase, Abiram Hernández fue asesinado en medio de una gira del presidente Andrés Manuel López Obrador por el norte del estado, donde estaban concentrados prácticamente al cien por ciento los altos mandos del aparato burocrático estatal, cuya respuesta al crimen del activista desnudó su estulticia, falta de sensibilidad y nula capacidad de reacción en situaciones de crisis. Al tal grado, que ninguno de ellos se separó del besamanos presidencial para presentarse a atender a los familiares de la víctima.
Lo que sí hizo el secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros, fue politizar de inmediato la tragedia desde la comodidad de su cuenta de Twitter, donde puntualizó que corresponde a la Fiscalía General del Estado esclarecer el crimen, encontrar y detener a los culpables, sin asumir que es a la Secretaría de Seguridad Pública y al Ejecutivo en su conjunto a quienes toca prevenir los actos delincuenciales.
Oportunista como es, el fiscal general Jorge Winckler Ortiz tampoco desaprovechó la oportunidad para llevar agua a su molino, publicando imágenes en sus redes en las que revisa un grueso expediente que, según él, es la carpeta de investigación del asesinato de Abiram Hernández, apenas horas después del suceso.
Sin aventurarse a afirmar que exista relación directa entre el homicidio de Abiram Hernández y la disputa política entre el Ejecutivo morenista y la Fiscalía yunista, lo que resulta indiscutible es que las condiciones y el ambiente que envuelven a éste y a todos los demás crímenes que diario asuelan Veracruz sí son responsabilidad de estos funcionarios, que han tirado a la basura cuatro meses por sus inútiles reyertas políticas, paralizando la prevención del delito y la procuración e impartición de justicia en el estado.
Por lo demás, el cobarde asesinato de Abiram Hernández debe ser investigado a profundidad, incluyendo en las pesquisas los casos que atendía profesionalmente y los intereses que con ello pudo afectar. Quienes lo conocieron de cerca señalan que estaba al tanto de colusiones y deliberadas omisiones de las fiscalías regionales para evitar ir al fondo en el tema de la desaparición forzada de personas.
Como señalamos al principio, el gobierno de Cuitláhuac García abrazó el tema de la investigación de la desaparición forzada como una bandera de su administración. A cuatro meses de haber iniciado, un defensor de víctimas de ese delito fue arteramente asesinado en Veracruz. Es su obligación moral, legal y política dar con los culpables y hacer justicia.
Nada menos puede permitirse el gobernador. Ni aceptar la sociedad.
Una pausa
Para que su autor pueda atender diversos compromisos de orden personal, la Rúbrica tendrá una pausa por el resto de la semana, para regresar a su publicación el próximo lunes 8 de abril.
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