Según lo plasmado en el proyecto de PVD –que aún no ha sido aprobado en sus términos por los diputados de la LXV Legislatura del Estado-, se “fortalecerá el estado de Derecho y la participación ciudadana en los procesos democráticos asociados a la implementación de medidas administrativas y presupuestales eficientes, traducidas en mayores recursos a los programas de mejora en seguridad, salud, educación y combate a la pobreza”.
Asimismo, se subraya que el objetivo es “erradicar la corrupción en la administración pública estatal a partir de la implementación coordinada de medidas para la transparencia y la rendición de cuentas”, con base en el diseño de una “política estatal transversal en materia de honestidad y austeridad para el ejercicio legal y transparente de los recursos estatales y federales”.
Lo anterior –se agrega en el documento- bajo tres líneas de acción: aplicar la Ley de Austeridad para el Estado de Veracruz; garantizar la rendición de cuentas y la honestidad en el ejercicio de los recursos públicos; y sancionar a servidores públicos que cometan actos de corrupción.
Este tipo de documentos suelen ser, por lo general, meros compendios de buenas intenciones que se trazan objetivos irrealizables. O que simplemente los autores del propio plan no están dispuestos a cumplir a cabalidad. Como parece ser el caso del gobierno de Veracruz, que ha “pasado de humo” varias de sus decisiones y acciones, en contraposición con los principios de rendición de cuentas y transparencia que dice enarbolar.
Un ejemplo reciente de lo anterior es la información dada a conocer este lunes por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que en un amplio reportaje da cuenta de cómo un funcionario público, Carlos Lomelí, quien se desempeña como “superdelegado” del gobierno federal morenista en el estado de Jalisco, aparece en el centro de un emporio empresarial dedicado a la venta de insumos médicos que, en lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador, ha recibido contratos por más de 164 millones de pesos. Solamente del gobierno lopezobradorista, en menos de seis meses.
De acuerdo con el reportaje firmado por las periodistas Valeria Durán y Laura Sánchez, una de las empresas que forman parte de este conglomerado, Abastecedora de Insumos para la Salud (Abisalud), firmó el pasado mes de diciembre un contrato con el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez por 36 millones de pesos, mismo que le fue otorgado mediante el método favorito de las administraciones de la “cuarta transformación”: la adjudicación directa, sin licitación de por medio.
¿Honestidad y austeridad? ¿Rendición de cuentas? ¿Transparencia? Pues lo único que se percibe es opacidad, camino directo a la corrupción, pura y dura. Hasta parece que los asesorara Javier Duarte.
¿Parece?
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