Este miércoles, último día del mes, se celebra la última sesión ordinaria del primer año de ejercicio constitucional; en caso de que, como dice la diputada Galindo, no solo hay consenso con las demás fuerzas políticas sino, incluso, en el interior de la fracción parlamentaria de Morena, no habría mejor fecha que esta. De lo contrario, se tendría que convocar a un periodo extraordinario de sesiones para intentarlo con mayores posibilidades.
Puede que las escaramuzas de una parte pequeña del grupo mayoritario en contra de su aprobación no hayan sido sino una forma para llamar la atención sobre otros temas que los miembros del gabinete no han querido abordar, pero si las cosas van en serio, si quien aparentemente los maneja, es decir, el delegado de programas sociales del gobierno federal, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, los hace mantenerse firmes contra cualquier amago de solicitar nuevos créditos, pese a que serían para aminorar la carga de los compromisos financieros o, como en el caso de los municipios, para liberar de la enorme carga que representa la bursatilización de sus participaciones federales, entonces será muy difícil que siquiera se someta a votación, es más, en tal supuesto, bien podemos ver esta mañana que el tema no se incorpora a la orden del día.
Eso sería grave, porque la mejora de las finanzas públicas estatales permitiría al actual gobierno, en la recta final del año, lograr mayor liquidez para destinar más recursos al programa de obra pública.
Ya veremos este martes cómo le va a la propuesta en el seno del Congreso local.
Las benditas redes sociales
“Las protestas y manifestaciones deben respetarse, en #Tabasco lamentablemente se utilizan para movilizar con otros intereses, el objetivo es eliminar los sabotajes y las extorsiones.” Yeidckol Polevnsky @yeidkol
¿Quién vigilará las cuentas de los gobiernos locales?
La definición de quién estará al frente del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis) por los próximos 7 años, es decir, hasta el 2026, estará cocinándose ya pronto. ¿Cuáles son los mecanismos? Puede abrirse una convocatoria para que participen quienes se sientan con tamaños para retomar esa labor, o simplemente darse la ratificación de quien en septiembre próximo concluirá su encargo, que ha cumplido con tres gobernadores (Javier Duarte, Miguel Ángel Yunes y Cuitláhuac García), el auditor Lorenzo Antonio Portilla Vásquez.
Si se da el primer caso y el 7 de agosto se lanza la convocatoria por parte de la Comisión de Vigilancia de la actual Legislatura, que preside el diputado morenista Eric Domínguez Vázquez, varios personajes brincarán al escenario para tener un cargo que se alarga más que el de un gobernador o senador.
Si este es el caso, no solo Portilla Vásquez estará en boca de los diputados de esa comisión, que completan Mónica Robles Barajas, como Secretaria, y las y los vocales Érika Ayala (PRI), los panistas Bingen Rementería, Juan Manuel de Unanue, Graciela Íñiguez y Rodrigo García Escalante, los morenistas Henri Gómez, Esther López Callejas, Wenceslao González, Magaly Armenta y Víctor Vargas, además de Brenda Kristel Herández (PRD-MC) y Florencia Martínez Rivera (del grupo Del lado correcto de la historia).
Ya se habla desde hace varias semanas de las intenciones de Iván López Fernández, excontralor de Javier Duarte; de Sergio Vázquez Jiménez, quien acaba de concluir su estancia como presidente del comité ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción con serios señalamientos de presunta corrupción; y de José Eufracio Lira Badillo, quien como Sergio Jiménez, ha dedicado su vida profesional en su despacho como auditor de instituciones gubernamentales y de empresas privadas.
Sin embargo, quien ha recibido múltiples reconocimiento por su trabajo es el actual auditor Lorenzo Antonio Portilla Vásquez. Quienes están ligados a las tareas de fiscalización, desde los propios contralores municipales hasta los funcionarios de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se han manifestado a favor de su continuidad.
Hace unos días, Alberto Javier Segovia Blumenkron, coordinador de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental AC (ASOFIS) destacó la capacidad de Portilla Vásquez como promotor de la fiscalización superior efectiva y la rendición de cuentas, lo que también fue secundado por auditores de Tlaxcala, Tabasco, Quintana Roo, Hidalgo y Chiapas que estaban presentes en la inauguración del Taller de Buenas Prácticas en materia de Disciplina Financiera y Deuda Pública.
Los días avanzan y a menos de dos meses de que el Congreso del Estado determine al titular del Orfis para los siguientes siete años, se puede observar que el actual auditor tiene una legítima aspiración a continuar trabajando en su encomienda.
En una reciente entrevista, Portilla Vásquez declaró: “Me motiva el querer dar más, más transparencia, más resultados, el que haya mayor cultura del respeto y cariño al servicio público. Tengo experiencia y estamos preparados para consolidar al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz como una institución de prestigio y de vanguardia”. Y la verdad es que la actual etapa del Orfis es la que mayor empatía social ha alcanzado y la que mayor distancia ha mantenido con los gobiernos en turno.
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“El delito de extorsión se puede perseguir sin que tenga vínculo con alguna acción colectiva. No es necesaria la “ley garrote” de Tabasco para combatir la extorsión. ¿Para qué crear un problema donde no lo había? Es mejor aplicar la ley vigente sin excusas”. Pablo Gómez @PabloGómez1968
Yunistas, llamados por edicto para aclarar Cuenta Pública 2018
Y hablando del Orfis, muchos exfuncionarios del bienio de Miguel Ángel Yunes Linares no quieren tener ya nada que ver con los efectos de sus gestiones. Aunque deben estar a disposición del ente fiscalizador para explicar acciones relacionadas con los recursos públicos que manejaron, los yunistas no han querido siquiera asomar la cabeza, pese a que el Orfis les ha llamado para que solventen observaciones derivadas de la revisión de la Cuenta Pública 2018.
Tan es así, que ha debido llamarlos vía edicto mediante una publicación en la Gaceta Oficial del Estado, que exige la presencia de al menos 44 exfuncionarios, entre ellos los exsecretarios de Salud, Arturo Irán Suárez Villa; de Trabajo, Previsión Social y Productividad, Silvia Edith Mota Herrera, y de Desarrollo Económico y Portuario, Alejandro Zairick Morante, además del excontralor general Ramón Tomás Alfonso Figueroa Figuerola, entre otros.
En la larga lista aparecen también Shiara Desyanir Ttienda Haces, del Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos (IVEA); Guillermo Ramírez, de la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad; Jesús Miguel Gómez Ruiz, del Fideicomiso Público Irrevocable de Administración y Fuente de Pago número 11,880, y José Carlos Ortuño Martínez, del Fideicomiso para las obras adicionales materia de la prórroga de la concesión de la autopista Veracruz -Cardel.
De la Secretaría de Finanzas y Planeación, se requirió la presencia de Juan Manuel Aguirre Bremont; Juan Carlos Saldaña Morán, de Protección Civil; William Charbel Kuri Ceja, último titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca.
En el sector educativo el Orfis requirió la comparecencia de Yali Sotelo Altuzar, de la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora, y a Domingo Julio Tejeda Moreno del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz (Cecytev)
Otros convocados mediante publicación en la Gaceta Oficial de Veracruz son: Mario Alvarado Marín Zamora y Néstor José Flores Lugo, del Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz; Ricardo Colorado Alfonso, de la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente, y David Fernando Pérez Medellín, del Instituto Veracruzano del Deporte.
¿Tendrán cola que les pisen y por eso no quieren acudir al Orfis para explicar posibles fallas administrativas o, incluso, acciones que pueden ser constitutivos de delitos? Para su desgracia, no pueden decir que no y, en caso de persistir en su negativa de acudir ante el ente fiscalizador, podrían ser objeto de requerimiento ministerial?
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