El pasado 10 de abril, el Poder Judicial puso en marcha el Plan de Impartición de Justicia para las personas, pueblos y comunidades indígenas, en el que estuvieron presentes el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez; el presidente de la mesa directiva del Congreso local, Diputado José Manuel Pozos Castro y el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edel Álvarez Peña.

De acuerdo con la exposición de motivos, este plan está destinado: “A las y los servidores públicos del Poder Judicial del Estado, destacando el derecho que los indígenas tienen de acceder plenamente a la justicia que imparte el Estado; este derecho además de ser directamente exigible a los magistrados, juzgadores y trabajadores administrativos del Poder Judicial, es también el medio para garantizar otros derechos reconocidos, que van desde la reparación del daño hasta sancionar a los responsables de la violación de los mismos”.

Ese mismo día rindió protesta como coordinadora de dicho plan, la Maestra Esmeralda Ixtla Domínguez, mujer de enorme sensibilidad humana y formación académica, ante los titulares de los Poderes del Estado y en presencia también del Maestro Juan Hernández Ramírez, poeta y defensor de las lenguas indígenas, con quien se ha dado a la tarea de recorrer los distritos judiciales con mayor presencia de población indígena para –entre otras cosas- difundir y promover el protocolo de actuación en beneficio de las personas indígenas que se encuentran recluidas en los CERESOS del estado.

Le comento esto, amable lector, porque las acciones coordinadas entre los poderes del Estado han dado sus primeros frutos, de tal manera que desde su implementación hasta esta fecha un total de 47 sentenciados indígenas han obtenido su libertad y 58 más se encuentran en trámite de alcanzar este beneficio, que sin duda hace justicia a los más necesitados.

En días pasados, en una visita al CERESO de Cosamaloapan, Esmeralda Ixtla dijo que el proceso de liberación fue posible gracias al trabajo coordinado del Poder Judicial, la Secretaría de Seguridad Pública, la Defensoría Pública y demás organismos estatales a quienes agradeció por ese gran esfuerzo.

Sostuvo que entre los logros alcanzados por el plan se encuentran la implementación del protocolo de actuación, la firma de convenios interinstitucionales, la dotación de intérpretes, el pago de garantías, la revisión de procesos y las reformas reglamentarias:

“Pero hoy es aún más relevante la visible sensibilización de las autoridades con ustedes…  Los servidores públicos son cercanos a nosotros y eso hay que reconocerlo; también hay que reconocer que todos los seres humanos somos iguales y todas las lenguas también lo son”, destacó.

Dijo que el estado de Veracruz “cuenta con una amplia riqueza lingüística pues la Academia Veracruzana de las Lenguas reconoce 14 existentes; además, de ser considerado como la tercera entidad con mayor concentración de población indígena, lo que nos obliga a preservar y promover nuestra cultura y sus lenguas”.

Bien por este esfuerzo solidario que permite a personas indígenas privadas de su libertad obtener los beneficios que les permite la ley; especial reconocimiento al Maestro Juan Hernández Ramírez y a la Maestra Esmerada Ixtla Domínguez por ese compromiso en favor de los pueblos y comunidades indígenas que a través de este plan, es ya una realidad.

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