Otra vez septiembre, el mes en el que ocurrieron los mayores sismos de que se tiene historia en nuestro país y también el más grande de los actos terroristas del mundo. Y nuevamente ocurrieron actos delictivos que sacuden el mundo y a nuestro país, aunque con un impacto escondido entre las páginas de los diarios impresos y también en los portales noticiosos digitales; pero también escondido o minimizado deliberadamente por quienes tienen otros datos.

Dos noticias increíbles, que aun cuando parecieran distantes y ajenas una de la otra, ambas tienen mucha relación, no sólo con el mes en que ocurren, no sólo porque involucran a gobiernos, sino que también ponen en evidencia un enorme riesgo tecnológico que vulnera la seguridad nacional, personal, económica, legal y patrimonial.

El primer evento ocurre justo a la mitad del planeta, en la República del Ecuador, una nación de menos de 20 millones de habitantes, que tiene un muy completo sistema de información de sus habitantes y que fue colocada en el servidor de una empresa de análisis de datos privada, con fines aún sin aclarar, pero sin la debida protección, por lo que toda la información personal de todos los ciudadanos de ese país quedó totalmente expuesta.

¿Qué información contiene esa base de datos?

Los datos personales: nombre completo, fecha y lugar de nacimiento, historia escolar, nivel académico, domicilio actual, estado civil, historia laboral, empleo actual, número de RFC, situación fiscal, información bancaria, número de cuenta, cuánto dinero tienes, créditos bancarios, los bienes hipotecarios adquiridos en posesión actual y los que haya vendido, a quien se los vendió y por cuanto; historial de el o la cónyuge con el mismo detalle, así como la historia de los padres y los hermanos.

Y no sólo la información super completa de los ciudadanos, sino también de los visitantes a Ecuador que hayan tenido residencia en el país.

Para un ciudadano normal y sin malicia, tener toda la información de la gente pudiera no representarle ningún interés, pero en las manos de delincuentes expertos en fraudes fiscales, transferencias bancarias, usurpación de personas, robo de identidad, etc., esa información es su principal materia prima.

La mayor parte de la gente aprecia mucho las ventajas que hoy nos permite el uso de la tecnología, pero pocos distinguen y reconocen el riesgo, porque quienes resultan víctimas de un delito no lo divulgan; pero,

En México y particularmente en Veracruz, se descubrió que el Presidente López Obrador y su esposa aparecieron como socios de 26 empresas. Aunque él tiene otros datos y ya lo desmintió, de todas formas, vale la pena señalar que, si fuera un ciudadano ordinario, la autoridad iría contra él y en calidad de mientras le aplicaría la nueva ley de extinción de dominio y le quitaría todos sus bienes y posiblemente enfrentaría grandes compromisos fiscales con multas y actualizaciones.

Obviamente eso no va a suceder, pero nos sirve como un extraordinario referente, pues, si le sucedió al Presidente de México, eso le puede suceder a cualquier ciudadano de 4ª.

En Ecuador fue el mismo gobierno el que expuso la información al entregarla, indebidamente a una empresa privada sin experiencia.

En nuestro país, el gobierno también lo está haciendo y está poniendo en grave riesgo la información personal de todos los mexicanos.

El gobierno ha expuesto la información de miles de burócratas al entregar a empresas externas toda la información de ingresos, egresos, deducciones, etc., para el proceso del “timbrado de la nómina” y eso, en Veracruz durante la administración pasada ocasionó la aparición de cientos de trabajadores del sector salud en la nómina de “empresas fantasma”.

El problema lo “resolvió” el mismo gobernador junto con el Delegado del SAT, minimizando el hecho y asegurando que “no habrá problemas fiscales” para ninguno, cuando en la realidad, la información filtrada ya no puede ser recuperada y nadie supo en manos de quién quedaron todos sus datos personales.

Los demás que voluntariamente se la juegan todos los días son los mismos empresarios (los reales), que utilizan sitios web o sus dispositivos móviles para la facturación electrónica, sin considerar que todas las App de redes sociales que gratuitamente descargaron les “solicitaron” autorización de acceso a casi toda la información de su dispositivo. (allá ellos)

Por lo pronto, ya cayó el Presidente con el posible robo de sus datos, pero no es el primero ni será el único; miles de gentes hoy enfrentan juicios fiscales y penales por la comisión de delitos que otros cometieron con sus datos y que ellos tienen que afrontar y pagar las consecuencias, sin la oportunidad de resolverlos con una simple aclaración mañanera. Es mi pienso.

* Miembro de la Red Veracruzana de Comunicadores REVECO