El miércoles pasado el Congreso de Oaxaca aprobó la despenalización del aborto en una sesión que duró cinco horas y que culminó con gritos a favor y en contra de manifestantes.
El tema forzosamente se tiene que aterrizar en el nivel local donde ya ha habido intentos en el Congreso local por dar ese paso pero (al menos eso creo) consideraciones de tipo político-electoral lo han frenado.
El domingo, la Arquidiócesis de Xalapa en su comunicado semanal calificó de acto ilegal la aprobación de la reforma al Código Penal de Oaxaca afirmando que es falso que el aborto sea seguro: “lo único seguro es que se asesina a un bebé y se pone en riesgo la vida de la madre”.
También señaló que es falso que sea gratuito ya que se paga con los impuestos de los contribuyentes, y que es falso que sea una interrupción, “pues con el aborto se extermina a un hijo o una hija. No existe el derecho a matar”.
La cúpula religiosa dijo que es obligación del Estado proteger los derechos humanos, “en este caso el primero de los derechos, el derecho a la vida desde el momento de la concepción…”.
Y se fue de frente: “Si de verdad se escuchara o representara al pueblo no se cometerían estas barbaridades. ¿A quién quieren complacer estos mercenarios de la muerte? ¿Realmente escuchan a la sociedad o una vez que alcanzaron un lugar en el Congreso se vuelven sordos de sus propios electores, venden sus conciencias y siguen línea de grupos que se han empoderado?”.
El tema desata polémica entre los partidarios de una postura y otra y en el caso de Veracruz se pensaría que una vez que el gobierno de Morena tiene planchados a los diputados de todos los partidos la despenalización del aborto será aprobada.
Si ello llega a ocurrir el rompimiento con la Iglesia será un hecho y entonces el gobierno se tendrá que preparar para enfrentar el gran descontento del pueblo católico, mayoritario, lo que pondría en riesgo seriamente su permanencia en el poder.
Será interesante conocer ahora la postura de los diputados locales de Morena, que será indicativo del rumbo que van a tomar las cosas en Veracruz.
En el Estado desde los años treinta del siglo pasado cuando el gobernador Adalberto Tejeda desató una persecución religiosa basado en leyes anticlericales, no ha habido un enfrentamiento entre ambas instituciones.
A Tejeda se le señala de haber poseído un fanatismo anticlerical. Del actual gobernador Cuitláhuac García Jiménez no se conoce si tiene alguna filiación religiosa aunque llamó la atención que ante el reciente fallecimiento del cardenal Sergio Obeso Rivera ni siquiera se atravesó del Palacio de Gobierno a la Catedral para expresar su pésame a la grey católica, incluidos el arzobispo, los obispos y la comunidad de sacerdotes.
Hasta ahora todos los gobernadores anteriores, priistas con la excepción de uno panista, han mantenido las mejores relaciones con la Iglesia y sus representantes y eso impidió que prosperara cualquier intento como el que ahora se pretende.
Cuando el país y el Estado enfrentan graves problemas que requiere la participación de todos o de la mayoría para resolverlos, las diputadas de Morena abren un frente que va a dividir y a polarizar a la sociedad mexicana, a menos que este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador enfríe el tema en su conferencia mañanera.
Hasta ahora nada sobre Caballo Blanco
Este martes se cumplen cinco semanas del “crimen horrendo” (como lo llamó el presidente Andrés Manuel López Obrador) que sacudió a Coatzacoalcos, a todo el país y a la prensa internacional y que dejó un saldo de más de 30 personas muertas.
El sábado 31 de agosto en la columna “Bajo Reserva” de El Universal, con el subtítulo “La patada del Caballo Blanco”, se publicó que la investigación del ataque pegaría “como una coz a funcionarios y policías locales y federales, principalmente por actos de corrupción y colusión con los grupos criminales que operan en Veracruz”.
En el mismo espacio se recordó que el propio Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, había dicho un día antes que la indagatoria se haría con “mucho cuidado” para evitar que se desvirtuara el resultado.
Se agregó que después de reunirse con senadores de Morena había evitado dar detalles de las pesquisas que realizaba su personal en Coatzacoalcos, pero señaló que había "responsabilidades de personas del estado, de la federación, es muy delicado".
Se concluyó el comentario con lo siguiente: “En los próximos días, se verá si la Fiscalía General de la República comienza a solicitar el ejercicio de la acción penal de los presuntos implicados en el ataque y la protección de autoridades locales y federales en este caso”.
Hasta ahora la única coz la han recibido el propio gobernador Cuitláhuac García Jiménez, el secretario de Seguridad Pública Hugo Gutiérrez Maldonado, el secretario de Gobierno Eric Cisneros Burgos y hasta la secretaria de Energía Rocío Nahle, quienes a botepronto, sin una investigación seria de por medio, acusaron a la Fiscalía General del Estado de haber liberado a uno de los presuntos autores materiales, Ricardo “N” (“La Loca”), a quien fuerzas coordinadas de Veracruz habían detenido antes.
Incluso el gobernador fue más allá al adelantar en sus cuentas de las redes sociales que “La Loca” era uno de los autores materiales, pero sin ofrecer pruebas y solo ateniéndose a “indicios”. El garrafal error lo hizo suyo el propio presidente Andrés Manuel López Obrador al atreverse a declarar en su mañanera del miércoles 28 de agosto que “los posibles responsables (él le exageró pues ya no hablaba de solo uno) ya habían sido detenidos y se les dejó en libertad”, pidiendo investigar a la Fiscalía estatal.
En concreto, puro bla bla. La impunidad se enseñorea. |
