Aun cuando el régimen de la llamada “cuarta transformación” en Veracruz tomó el control total de las instituciones encargadas de las funciones de la seguridad, la violencia no cesa y, en especial, la que se ejerce contra las mujeres en la entidad.

En los últimos días han continuado los asesinatos de mujeres en distintos puntos del territorio veracruzano, sin que exista una respuesta efectiva de la autoridad estatal, que ahora ya no tiene como excusa a Jorge Winckler, el depuesto ex fiscal yunista.

Izamar Méndez de 18 años y Galilea Huerta de 22, ambas en el sur de Veracruz, fueron plagiadas y asesinadas con lujo de violencia y sus cuerpos, localizados entre el domingo y lunes pasados, abandonados por sus homicidas. Son los casos más recientes reportados a los medios de comunicación. Y por desgracia, muy probablemente no serán los últimos.

Las mismas cifras gubernamentales así lo indican. De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública al corte del 31 de agosto de 2019, Veracruz es el estado con más “presuntos delitos de feminicidio” de todo el país, con 125 durante los primeros ocho meses del año. Muy por encima del Estado de México, donde también hay alerta de género, que registraba 67. Prácticamente la mitad.

La misma contabilidad establece que en Veracruz se cometen 2.92 feminicidios por cada 100 mil mujeres, muy por encima del promedio nacional, que es de 0.99. Xalapa es la ciudad que registra más crímenes contra mujeres en el periodo reportado, con un total de once, y es el tercer municipio a nivel nacional en incidencia, solo por debajo de Ciudad Juárez y Monterrey.

Las otras ciudades veracruzanas con altos números de asesinatos de mujeres son Coatzacoalcos, con nueve; Córdoba y Veracruz con seis; Emiliano Zapata con cinco y Minatitlán con cuatro. Y valga reiterar que se trata de cifras actualizadas hasta el 31 de agosto pasado.

Porque de acuerdo con recuentos periodísticos recientes, el número de mujeres asesinadas en el estado en la actualidad superaría ya las 130 en este año, lo que por alguna extraña razón no se ha convertido en un escándalo nacional e internacional.

Aunque lo que sí sería un verdadero escándalo es que, como denunció en su columna de este martes el periodista veracruzano Marco Antonio Aguirre, la “renovada” Fiscalía General del Estado estuviera ocultando cifras sobre la violencia y los delitos cometidos en el estado para aminorar el efecto negativo en la imagen del gobierno. Y por supuesto, para que no se reflejen en la numeralia del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que recaba sus datos a partir de lo que le informan desde las entidades federativas. 

Hasta el momento, la tendencia de la “nueva” Fiscalía ha sido hacia la opacidad y a brindar información de primera mano solo a sus incondicionales. Curiosamente, igual que lo hacía la Fiscalía de Winckler.

Pero aunque se intenten ocultar los datos sobre feminicidios, asesinatos y violencia en general, los crímenes continúan por todo el territorio veracruzano, a pesar de lo cual, ya no se escuchan esas voces atronadoras y valientes que reclamaban –con toda razón- la inseguridad propiciada por el gobierno de Javier Duarte y continuada en el de Miguel Ángel Yunes.

¿Les habrán comido la lengua las ratonas? 

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