Pasaron 48 horas del crimen del dirigente agrario y diputado local Juan Carlos Molina, y la única información que tenemos, por parte de las autoridades es que “hay bastantes indicios” sobre la identidad y ubicación de los responsables.
Anunció el gobernador Cuitláhuac García, además, que “el crimen no quedará impune”, la misma promesa que hizo con las masacres de Minatitlán y Coatzacoalcos, las que hasta la fecha siguen sin quedar resueltas.
Los que saben de investigación policiaca advierten que las primeras horas después del suceso son fundamentales para dar con los responsables.
Una reacción rápida y el conocimiento de la zona, así como de los grupos delictivos que tienen más relevante presencia en la región, abre la posibilidad de que se ubique a los autores materiales, lo mismo que a quienes ordenaron la ejecución.
Por el tiempo que ha transcurrido y la escasa información que las autoridades poseen, difícilmente se solucionará este caso en un breve lapso.
Lo dispone la Constitución de Veracruz, en el segundo párrafo de su artículo 4: “El Estado garantizará el derecho a la vida del ser humano y su seguridad humana, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, como valor primordial que sustenta el ejercicio de los demás derechos, salvo las excepciones previstas en las leyes”.
¿Alguien en su sano juicio realmente cree que el Estado pueda “garantizar el derecho a la vida”?
No hay forma. No lo han hecho ni lo harán. Todos –absolutamente todos- estamos expuestos a que alguien nos arrebate lo más valioso que poseemos: nuestra vida.
La única forma de inhibir esas conductas, es sentando el precedente de que quien incurre en ellas, sufre, invariablemente, el castigo que amerita su comportamiento. Esto es: que no haya impunidad.
Juan Carlos Molina era un “ave de tempestades”. Querido por muchos, pero también odiado por otros.
No caeremos en este espacio en la muy mexicana costumbre de destacar las virtudes del fallecido, y a la vez borrar de un plumazo sus defectos.
Juan Carlos Molina se destacó por su “habilidad” para transitar en la política veracruzana, pero lo que muchos consideraban un atributo, otros lo veían como la parte más negativa de su comportamiento.
Para muchos era “gente del pueblo, con sensibilidad y vocación de servicio”, mientras que para otros era “un traidor, ligado con grupos criminales”.
No importa, en realidad, cómo haya sido. Nada justifica que la arrebaten la vida, que dejen a una familia sin su pilar.
La percepción de impunidad que priva en Veracruz y en todo México, con seguridad favoreció para que alguien se animara a ordenar la ejecución de Juan Carlos Molina. Hoy lo que les toca a las autoridades es demostrar que tal percepción es falsa, que en Veracruz, “el que la hace, la paga” y que los veracruzanos no debemos esperar una eternidad para confirmar que se hace justicia.
Y es que los ejemplos de que en Veracruz y en México la justicia es más lenta que un caracol artrítico, los tenemos todos los días.
En septiembre del 2011, hace ya más de ocho años, tras un cuidadoso operativo, la Secretaría de Marina logró desmantelar la estructura estratégica del cártel de Los Zetas en Veracruz, lo que implicó el decomiso de una compleja red de comunicaciones, radios encriptados, antenas, repetidoras, amplificadores, fuentes de poder, baterías, celdas y cableado.
En dicho operativo, además de capturar al jefe de plaza de esa organización criminal en Poza Rica (Karim Muñoz Castillo) se pudo comprobar que varios elementos de la policía de Boca del Río colaboraban con Los Zetas. Uno de ellos, quien fue detenido, fue identificado como Juan de Jesús Pantoja Rosales.
Hoy, ocho años después, finalmente el gobierno obtuvo una sentencia condenatoria contra este sujeto, de 65 años de cárcel.
Bien dicen que “dada la debilidad de la naturaleza humana, los remedios son siempre más lentos que los males”.
El clamor social es evidente: Ya no es suficiente la promesa de que no habrá impunidad; ya no se comen el cuento de que “forma parte del relajo que nos dejaron”.
Los veracruzanos quieren resultados, transparentes, contundentes y expeditos.
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Epílogo.
Este sí es un tema que le cayó de rebote al gobierno de Cuitláhuac García: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo pública su más reciente evaluación de las cárceles del país, y las de Veracruz aparecieron entre las peores. *** El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019 señala que 25 entidades federativas obtuvieron una calificación entre 6 y 8, en una escala de 10; mientras que Veracruz, Guerrero y Tamaulipas alcanzaron una calificación menor a 6. *** En el caso específico de Veracruz, sus cárceles tuvieron una mejora marginal. En el 2018 su calificación había sido de 5.87, y ahora fue de 5.94. *** Lo que llama la atención es que las cárceles veracruzanas reprobaron durante el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares, quien con anterioridad había sido Subsecretario de Prevención y Readaptación Social del gobierno federal, y por tal motivo había sido una de sus promesas más reiteradas en campaña: que mejoraría las condiciones de los reclusorios, lo que –por su puesto- nunca ocurrió. *** El Presidente del Tribunal Superior de Justicia Edel Humberto Álvarez Peña les tomó protesta a 15 nuevos jueces mixtos de primera instancia, denominados “Microrregionales”, tras haber concluido todas las etapas del concurso interno de oposición llevado a cabo por el Consejo de la Judicatura. Álvarez Peña informó que los nuevos juzgadores aprobaron con las más altas calificaciones; serán la primera generación de jueces capacitados para servir a los municipios más alejados del estado y “serán quienes acerquen la justicia cotidiana a las personas que, por décadas, han permanecido olvidadas”. Bien.
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