Ello, más la feroz pugna interna por el control de la dirigencia nacional de MORENA, habría hecho que la Presidencia de la República pretenda reforzar su estrategia clientelar para asegurar principalmente la mayoría en la Cámara baja del Congreso de la Unión, cuya Legislatura será renovada a mediados de 2021.
Así, por ejemplo, parece no ser casual que en el reparto de partidas presupuestales para los estados en 2020, Veracruz y los otros cinco gobiernos estatales de MORENA en el país se perfilen como los más beneficiados.
Respecto al gasto en programas federales sin reglas de operación, que otorga subsidios a estados por un monto global de 318 mil millones de pesos, 68 por ciento sería para las seis entidades morenistas mientras que las 10 que son gobernadas por el PAN recibirían apenas 10 por ciento.
Según un estudio elaborado por el Grupo Legislativo del PAN en la Cámara de Diputados, las seis entidades gobernadas por MORENA (Baja California, Ciudad de México, Chiapas, Puebla, Tabasco y Veracruz) recibirán más de 61 por ciento, en promedio, de las principales aportaciones para los estados contempladas en el Presupuesto de Egresos 2020.
Por ejemplo, de 3 billones 471 mil millones de pesos considerados para gasto social, las entidades en poder de MORENA obtendrían un 59 por ciento. En cambio, de ese monto, los 22 estados gobernados por el PRI y el PAN recibirían 30.8 por ciento.
Un fondo más es el correspondiente a programas con reglas de operación, donde se contemplan 188 mil millones de pesos, de los cuales 91 % están previstos para las entidades que gobiernan los lopezobradoristas.
Otra partida, la de proyectos de inversión estatal, contempla 401 mil millones de pesos, de los cuales 44 % serían programados para los estados con gobiernos de MORENA, mientras que las 12 entidades gobernadas por el PRI recibirían apenas 8.6 %, y las 10 del PAN únicamente 4.1 por ciento.
De los únicos estados gobernados por el partido tricolor destaca Campeche, a donde se iría un 42 % de ese gasto, pero por ser uno de los beneficiarios del Proyecto del Tren Maya.
El diputado panista Xavier Azuara, secretario de la Comisión de Presupuesto, declaró al diario REFORMA que mientras en los Ramos 28 y 33 se advierten distribuciones equitativas como lo establece la ley, en otros rubros, como los de desarrollo social y proyectos estatales, se “castiga” a los estados con gobiernos de oposición.
El legislador del partido blanquiazul consideró que ni siquiera organizaciones civiles especializadas en evaluar la política pública han podido explicar el beneficio que tienen programas sociales como “Sembrando Vida”, el cual tiene un asignación presupuestal de alrededor de 25 mil millones de pesos. “Es prácticamente un programa enfocado a la elección de 2020 y 2021”, alertó.
PRECISIONES DE LA U.V.
En respuesta al texto publicado en este mismo espacio bajo el título “Rectora: doble discurso”, de la Universidad Veracruzana nos hicieron llegar las siguientes precisiones:
“Con relación a la nota publicada el día de hoy (miércoles) en la que se alude a un posible acto de discriminación por género, es oportuno exponer el asunto en el contexto jurídico y administrativo en el que se desenvuelve la Universidad Veracruzana.
“Nuestra institución garantiza el derecho a la salud de sus trabajadores dependiendo del tipo de contratación de personal de que se trate, con base en un Acuerdo ratificado por el Consejo Universitario General y los respectivos contratos colectivos de trabajo que amparan a los trabajadores del ámbito administrativo, técnico y manual, así como al personal académico, por lo que a los trabajadores universitarios se les brinda el servicio a través de su inscripción al régimen de seguridad social que ofrece el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Sistema de Atención Integral a la Salud de la Universidad Veracruzana (SAISUV). En ambos casos la prestación social se hace extensiva a los dependientes económicos, previo cumplimiento de los requisitos que la norma aplicable establezca.
“Para el personal de confianza son aplicables los lineamientos plasmados en el Acuerdo por el que se creó el SAISUV en 2014, así como el procedimiento y políticas de afiliación que lo rigen. El personal eventual, por su parte, es beneficiario de los servicios que brinda el IMSS.
“En el caso particular que se refiere, el trabajador a quien la solicitante (personal de confianza) pedía incorporar al SAISUV, se trata de un trabajador de la propia Institución, con un empleo eventual del ámbito administrativo, por lo que le corresponde su afiliación al IMSS; de esta misma circunstancia se desprende que el trabajador no se ubica en la hipótesis de ser dependiente económico de la solicitante.”
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