Pero esto parece no ser privativo de las autoridades estatales que ostentan todavía llamarse así a pesar de su ineficiencia, tampoco el gobierno federal ha puesto empeño en la profundidad de las investigaciones respecto a las agresiones a los periodistas.
El propio subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, al hacer referencia al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, advirtió que este tipo de blindaje a la integridad de los comunicadores y defensores de los derechos humanos debe ser una acción preventiva.
Las agresiones a los periodistas ocurren con o sin la protección del mecanismo, que pareciera sólo quiere ahorrar presupuesto y lo de menos es la integridad de los comunicadores.
Sin embargo, sigue habiendo desapariciones de líderes naturales en defensa no sólo de los derechos humanos sino de la tierra, del ambiente, pero sobre todo, de periodistas como es el caso del periodista Carlos Guillermo García Hernández, editor y director del diario El Clarín de Nanchital, para variar en Veracruz, quien fuera rescatado con vida tras haber sido secuestrado el pasado viernes.
Los comunicadores han tenido un papel importante en el rescate de sus compañeros, así, la Asociación de Periodistas de Coatzacoalcos hizo un enérgico llamado a las autoridades para encontrar con vida a García Hernández, quien tiene más de 40 años ejerciendo el periodismo en Nanchital.
“De igual forma, quienes formamos parte del gremio, solicitamos que no se criminalice a Carlos Guillermo García y que su ejercicio periodístico sea incluido en las líneas de investigación”, señaló.
La presión de los medios a lo que parece están entrenados ya en Veracruz, se ha convertido en la estrategia más adecuada para que los delincuentes suelten a los comunicadores; sin embargo, falta saber las causas de esos secuestros y de las motivaciones que hacen del gremio periodístico el más vulnerable de la entidad.
La presidenta de la Comisión de Atención y Protección de Periodistas del Congreso Local, María Josefina Gamboa Torales, se sumó a las exigencias para que fuera localizado el periodista que también fue corresponsal de Diario del Istmo.
Se han dado a la tarea de buscar culpables materiales, pero no de los que están detrás de estos atentados y sus causas verdaderas.
Por eso mismo para los secuestradores les resulta más cómodo secuestrar a un periodista, porque saben que así la investigación se vuelve torpe o inexistente, por lo menos así sucede en Veracruz.
El gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, solía culpar al fiscal Jorge Winckler de la violencia en el estado, ahora que tiene en la nueva fiscal una aliada la inseguridad sigue igual o peor. Esto choca con la voluntad expresada por el gobierno federal, del que en su momento el gobernador tuvo todo el apoyo, ahora apoyarlo desde cualquier punto de la administración pública representa un desgaste y un desprestigio.
Nadie detiene al actual gobierno del estado de Veracruz en su lucha contra los periodistas. Basta ver cualquier medio de comunicación de la entidad para poder darse cuenta de que no hay un solo vínculo de entendimiento. No queremos decir complicidad, como sucedió en otros periodos de gobierno estatal, sino de la relación respetuosa que debe haber entre el gobierno y los medios de información.
Seguramente hay más factores en contra de los funcionarios públicos en los entretelones de la actual administración pública, de ahí que se quiera desgastar la imagen de los comunicadores para no ser exhibidos por lo que han hecho y seguramente seguirán haciendo. Es decir, se convirtió en un gobierno que hace lo que no debe y lo que debe hacer no lo hace. PEGA Y CORRE. - Entra en fase final la larga investigación de los laboratorios farmacéuticos que medraron con la salud de los mexicanos y llevaron a cabo prácticas monopólicas. La Comisión Federal de Competencia Económica por prácticas monopólicas en estudios de laboratorio y bancos de sangre entra en su fase final, y las empresas investigadas en esta supuesta colusión desahogan pruebas y presentan los alegatos para deslindar responsabilidades en esta indagatoria que presume daños en contra del sector salud por miles de millones de pesos. Esta investigación data del 2016, donde se indaga a varias empresas, entre ellas Equipos Falcon, Dicipa, Abbott, Hemoser, Valtrum e Impromed, entre otras… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
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