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Este fin de semana el gobernador Cuitláhuac García confirmó lo que ya había anunciado su secretario de Finznas, José Luis Lima Franco: Su gobierno contrató un crédito por 2 mil 400 millones de pesos con una institución bancaria, con el fin de estar en posibilidades de atender los compromisos que se presentan al final del año.
No es algo inusual. Cada gobierno pasa por estas etapas de “insolvencia temporal” que deben resolver con créditos de corto plazo, usualmente con las instituciones bancarias con las que tienen una relación cotidiana.
En diciembre del 2016, Miguel Ángel Yunes Linares, en su papel de nuevo gobernador de Veracruz, luego de haber declarado al estado en “emergencia financiera” dio a conocer que adquiriría tres créditos de corto plazo para el pago de nóminas y prestaciones de trabajadores del estado y adelanto de pago a municipios.
Se trataba de los llamados “créditos quirografarios”, que son operaciones de crédito a corto o medio plazo en las cuales la parte deudora se compromete a reembolsar el importe prestado -más los intereses acordados- mediante su firma en un pagaré. Carece, por tanto, de garantías específicas más allá de la obligación suscrita al pagaré. Comúnmente se utilizan para cubrir necesidades puntuales y urgentes de liquidez.
Yunes Linares explicó que se requerían 7 mil millones de pesos para pagar desde pensiones, hasta salarios y prestaciones de la burocracia estatal; además de adeudos con instituciones como el Organismo Público Local Electoral (OPLE), la Universidad Veracruzana, los 212 ayuntamientos y los poderes Judicial y Legislativo.
“Hemos tomado la decisión responsable de contratar créditos de corto plazo para completar la suma requerida. Los mismos se sujetarán a lo establecido por la Ley de Disciplina Financiera y serán liquidados antes de que concluya mi periodo como gobernador del estado”, dijo en aquella ocasión.
Un año después, en noviembre de 2017, Yunes Linares contrató dos créditos quirografarios más (ya había liquidado los del año anterior) por 4 mil 300 millones de pesos, que tendría que pagar a más tardar en el mes de septiembre del 2018.
En esta ocasión, Cuitláhuac García estaría requiriendo la mitad de lo que pidió Yunes Linares en su segundo año y explicó que se trata de subsanar el déficit que enfrenta la administración estatal y que en la actualidad es de 6 mil millones de pesos (en el bienio yunista se hablaba de un déficit superior a los 20 mil millones).
Lo que la administración estatal hace es prevenir una eventual crisis que se daría si los recursos que envía el gobierno federal resultan insuficientes para cubrir todas las obligaciones que debe enfrentar el gobierno con el cierre del año.
En momentos en los que se cuestionan severamente algunas de las tareas que realiza el gobierno de Cuitláhuac García, de los pcos ámbitos que han mostrado un desempeño favorable es el que corresponde al desempeño financiero. Ha habido disciplina en el gasto, se ha trabajado con seriedad el tema del refinanciamiento de los pasivos y se anticipan a condiciones que pudieran convertirse en problema.
Un acierto, sin duda, la incorporación de José Luis Lima Franco en la Sefiplan.
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Epílogo.
Hay un tema que parece haber “olvidado” el gobierno de Cuitláhuac García al momento de diseñar su propuesta de presupuesto para el 2020. La directora del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), Daniela Griego Ceballos, llamó la atención sobre el "pequeño detalle” de que el Gobierno del Estado no incluyó el subsidio para ese organismo. *** La Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) no planteó ningún recurso para cubrir el déficit que enfrenta el IPE cada año. “Se tiene que etiquetar la parte estatal que no estaba etiquetada y yo creo que deberá quedar en los siguientes días (…) Faltaba el subsidio estatal, estaba etiquetado el subsidio federal”, explicó la directora. Se trata de al menos 600 millones de pesos para cubrir el déficit, pues el Gobierno federal, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), otorga más de 2 mil millones de pesos. *** El pasado viernes, en la sede del Poder Judicial se presentó el Segundo Informe de Resultados del Centro Estatal de Justicia Alternativa de Veracruz (CEJAV). Al evento asistió la Magistrada Presidenta del Poder Judicial del Estado de Veracruz, Sofía Martínez Huerta. El Informe, a cargo de la maestra María Dolores Silva Obando, Consejera Presidenta del CEJAV, quien destacó la realización de 5 mil 282 convenios, que son acuerdos voluntarios que de manera total o parcial ponen fin al conflicto entre las partes que solicitan la mediación; además, un total de 44 mil personas fueron atendidas con medios alternativos hasta octubre de este año, un 10% más de lo proyectado. Bien. *** Durante su informe de labores, el alcalde de Xalapa dedicó un espacio importante al programa de rescate del relleno sanitario, pues el que operaba ya había cumplido su vida útil. *** Hipólito Rodríguez informó que se iniciaron los trabajos para habilitar uno nuevo. “El relleno sanitario que nosotros recibimos era más un tiradero a cielo abierto. Las autoridades ambientales, tanto locales como federales, mostraron que la empresa que había gestionado esa instalación no acataba la normatividad ambiental”, explicó el alcalde. El nuevo relleno se establecerá junto al actual, en El Tronconal, con más de 20 hectáreas y una inversión superior a los 80 millones de pesos.
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