A pesar de que el proceso electoral de 2021para renovar la Legislatura y los 212 ayuntamientos del estado iniciará formalmente en Veracruz en noviembre de este año, la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) tuvo a bien recortarle casi el 25 por ciento de su presupuesto al Órgano Público Local Electoral (OPLE), lo que obviamente apretará financieramente a este organismo autónomo, complicándole algunas de sus actividades fundamentales para la organización de los próximos comicios.

Como ya se sabe, los integrantes del Consejo General del OPLE aprobaron en sesión extraordinaria, a principios de octubre pasado, el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2020, que originalmente constaba de 740 millones de pesos.

Sin embargo, la SEFIPLAN les recortó 194 millones de pesos, no obstante que en octubre próximo deberán arrendar inmuebles para instalar las 212 comisiones municipales electorales y las 30 distritales, así como considerar el pago de los servicios --energía eléctrica, agua, telefonía, internet--, mobiliario y, obviamente, la remuneración de los funcionarios que estarán a cargo de ellas.

Alejandro Bonilla, consejero presidente del OPLE, había informado en su momento cómo se había programado el gasto para este año: Prerrogativas y Partidos Políticos, 355 millones de pesos; Desarrollo y Fortalecimiento Institucional, 306 millones 911 mil 916 pesos; Proceso Electoral 69 millones 567 mil 587 pesos, y, Cartera de Proyectos, 8 millones 520 mil 497 pesos.

De acuerdo con el Programa Operativo Anual aprobado, el OPLE Veracruz tiene planeado para este año desarrollar 379 actividades en estos cuatro programas: 243 en el de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional; 119 en el Programa de Proceso Electoral; 14 en el de Cartera de Proyectos, y tres en el Programa de Prerrogativas.

A través de la Comisión Permanente de Hacienda del Estado de la LXV Legislatura local, el consejero presidente del OPLE solicitó a principios de diciembre pasado una ampliación presupuestal de 93 millones 059 mil 940 pesos, de los cuales 70 millones 567 mil 587 pesos serían para el inicio del proceso electoral 2021 y otros 22 millones 492 mil 353 pesos para las prerrogativas a partidos políticos, que de siete --PRI, PAN, PRD, MORENA, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano-- pasarían a ser 15, ya que en el proceso electoral del año entrante estarían por participar cuatro nuevas fuerzas partidistas, cuatro locales (PODEMOS, Todos por Veracruz, Unidad Ciudadana y el Partido Cardenista) y otras cuatro nacionales (Redes Sociales Progresistas, Encuentro Solidario, Fundación Alternativa y México Libre) que también podrán presentar candidatos a presidentes municipales y diputados al Congreso del Estado.

Por lo mientras, ha trascendido que quienes más resentirán los efectos de este recorte presupuestal serán los representantes ante el OPLE de los partidos políticos --que actualmente son siete pero que a partir de julio podrían aumentar a 15--, los cuales venían recibiendo 70 mil pesos mensuales hasta el año pasado, además de que cada uno contaba con dos asesores en la nómina oficial.

JUSTICIA SIN COLORES, NI FILIAS

Al presidir este lunes su primer acto cívico del año del Poder Judicial del Estado, la Magistrada Presidenta Sofía Martínez Huerta enfatizó que “la justicia en Veracruz no tiene color, intereses políticos, filiaciones ni simpatías" y puntualizó que "estamos trabajando de manera estrecha y coordinada, nunca subordinada, con los demás poderes públicos."

"El constante cambio de nuestra sociedad obliga a que las instituciones modifiquen su actuar. Es por esto que las y los encargados de impartir justicia debemos ser estudiosos permanentes del Derecho y actualizarnos en la práctica, doctrina, jurisprudencia y tratados internacionales”, expresó la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), en cuyo mensaje parafraseó a don Benito Juárez García, al citar que “la autoridad no es mi patrimonio sino un depósito que la Nación me ha confiado muy especialmente para sostener su independencia y su honor”.

Martínez Huerta les recordó a magistrados, jueces y empleados del TSJE ahí presentes, que “el Poder Judicial debe ser garante de los derechos de los ciudadanos, entre los cuales destaca el de la libertad, y para ello es preciso señalar que no se trata de conceptos abstractos o huecos que puedan tener cualquier contenido y ningún límite”.