La postura del titular de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Ricardo Monreal, no pudo ser más clara: “No pueden presentar iniciativas sin consenso en el gobierno federal. Yo no voy a cargar con sus desencuentros”.
Se refería a las iniciativas que en materia de Justicia presentaron en forma conjunta el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
Se trata, por supuesto, del paquete de 9 iniciativas que incluyen la creación de una Ley Nacional de Justicia Cívica, un nuevo Código Penal Nacional, un Código Nacional de Procedimientos Penales, además de una Ley Nacional de Ejecución Penal y una Ley Nacional de Sistema Integral de Justicia para Adolescentes.
Los problemas están en la concepción de justicia que plantean y que ha sido considerada como un drástico retroceso en la materia.
Scherer Ibarra, identificado como el “autor intelectual” de estas propuestas, advirtió en su presentación que “lo que la gente quiere, no es siempre lo que más le conviene, ni siempre lo que ordena la ley”.
Desde su óptica, en México se presenta “un problema de violencia que no hemos podido arreglar y que requiere de una nueva norma para la persecución de los delitos”. Dijo que este gobierno busca “formar un nuevo paradigma que nos lleve a consolidar un nuevo modelo de seguridad y justicia, que sustituya al actual, que ha fracasado y nos ha llevado a un récord nada envidiable de casi 99 por ciento de impunidad en México”.
Pero Ricardo Monreal “tenía otros datos”, justo los que le hicieron llegar el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ministro Arturo Zaldívar, y el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, quienes se quejaron de que no fueron tomados en cuenta al momento de diseñar esas propuestas.
Las reformas tienen puntos polémicos, que de inmediato han sido remarcados por sus opositores.
Plantea que jueces y magistrados sean designados por el Senado, de manera que el papel de la SCJN sea administrativo y no tengan conexión con el Consejo de la Judicatura; proponen además de que el periodo de su encargo se reduzca de 15 a nueve años.
En otro punto se sugiere que la medida cautelar de arraigo se aplique para todos los delitos y no sólo en investigaciones de delincuencia organizada, aunque su duración se limitaría a 40 días.
Propone la desaparición de los jueces de control en cuanto a las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación y la eliminación de las audiencias iniciales, además de que el mismo juez que conozca de la investigación sea quien dicte sentencia.
Se prevé que la víctima u ofendido de un delito pueda solicitar a la autoridad judicial la autorización para que se practiquen cateos, situación que modifica la actual legislación, ya que solamente un agente del Ministerio Público puede solicitar este tipo de acciones.
Las reformas plantean autorizar las intervenciones telefónicas en la investigación de temas fiscales y electorales.
Y una de las propuestas más criticadas, es aquella en la que se plantea dar por válidas en un proceso las pruebas obtenidas de manera ilícita, lo que abre la puerta para legalizar la tortura y la extorsión por parte del gobierno.
El líder de la fracción de Morena en el Senado decidió no recibir las propuestas y convenció a sus portadores de que se tomaran más tiempo para analizarlas y para escuchar todas las voces.
Julio Scherer, Olga Sánchez y Gertz Manero prometieron que volverán con ellas en el mes de febrero.
No salieron muy convencidos de la necesidad de corregir tantos desatinos.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador, por su parte, prometió que ninguna reforma será enviada si representa un retroceso en las tareas de impartición de justicia.
Ojalá así sea.
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Epílogo.
A propósito de los desencuentros entre militantes de Morena, vale la pena extraer un fragmento de lo escrito por el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Martí Batres: “El reto de Morena es enorme. Tiene que mostrar eficacia como fuerza gobernante y, al mismo tiempo, capacidad política para desarrollarse sin apoyos ni privilegios desde el poder público. Debe mostrar orden e institucionalidad sin burocratizarse y perderse. Requiere actuar con profesionalismo político y, simultáneamente, con sencillez y honestidad. Está obligado a dirigirse a todos los sectores y actores de la sociedad mexicana al tiempo que sostiene su perfil de izquierda. Y tiene que ser consciente de su gran potencialidad para extender su influencia en el conjunto del territorio nacional y en nuevos espacios de decisión sin caer en las ambiciones desenfrenadas”.
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