Y se agrega, de manera eufemística y hasta ridícula, que “todo ello en favor de las mujeres que son víctimas”, para que “cuenten con un tipo penal sencillo, eficiente y de la más alta sanción, para lograr la defensa de su vida y la protección de su integridad”.
Lo que no dice la FGR y mucho menos el gobierno federal es que esta acción tendría como consecuencia inmediata la violación de tratados internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres suscritos por México, como el signado con la Convención sobre la Eliminación de todas formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).
Además, el reconocimiento de estos derechos sufriría una involución de 30 años, hasta la década de los 90, cuando el asesinato de una mujer a manos de su esposo se perdía en un mar de homicidios calificados, invisibilizando con ello lo que es el verdadero problema: la violencia en su contra por razón de su género femenino.
El tipo penal del feminicidio precisamente lo que ha buscado es poner en una palestra pública y jurídica el fenómeno de la violencia asesina contra las mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Al desaparecerlo, se “naturalizaría” esa violencia al equipararla con cualquier otro homicidio, por muchas “agravantes” que se le adjudicaran. Y lo más importante y quizás la clave de este intento de retroceso: se le quitaría responsabilidad al Estado.
En el mismo comunicado de la FGR está la clave de esta pretendida regresión: de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública –al cual también va a desaparecer el régimen de la autodenominada “cuarta transformación”-, de 2012 a la fecha el delito de feminicidio creció México 137.5 por ciento.
Y precisamente lo que no quiere el gobierno es cargar con el costo político del vergonzoso aumento de la violencia en contra de las mujeres, que en el primer año del sexenio de Andrés Manuel López Obrador registró un incremento de 2.5 por ciento respecto del último de Enrique Peña Nieto, al contabilizarse un total de 74 mil 32 mujeres víctimas de feminicidio, homicidio, secuestro, extorsión, lesiones dolosas, trata de personas y tráfico de menores.
No por nada, en Veracruz lo primero que hizo la encargada de la Fiscalía General del Estado tras la asonada que la colocó en el cargo, fue “reclasificar” los feminicidios en la entidad. O lo que es lo mismo, “maquillar” y reducir artificialmente las cifras de violencia en un estado con dos alertas de género.
En la “4T”, además de conservadores y retrógrados, son bastante “machines”.
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