En reuniones de concertación para el ejercicio de los fondos federales de seguridad, el ex gobernador bajacaliforniano reiteró que de esa manera se obtienen considerables ahorros para las autoridades locales. “Incluso hasta del 50 por ciento, como lo es en el caso de los chalecos antibalas. Nosotros no recomendamos proveedores, que les quede muy claro, y es así como se establecerá la vía de las compras consolidadas”, explicó.
En diciembre pasado, por ejemplo, el gobierno federal presumió que gracias a la compra consolidada de más de 5 mil chalecos balísticos, autoridades locales ahorraron 59.6 millones de pesos debido a que el precio acordado por unidad fue sustancialmente menor al obtenido en 2018.
Cota subrayó la necesidad de tener procesos abiertos y transparentes en estas adquisiciones, para que puedan participar los mejores proveedores y se opte por las mejores opciones.
Enfatizó que el reto número uno es contener y reducir la incidencia delictiva que México ha registrado a lo largo de los últimos años, por lo que la concertación de los recursos del FASP y Fortaseg es de suma importancia para el cumplimiento de ese objetivo.
El funcionario federal destacó que para este ejercicio fiscal, el apoyo a estados y municipios se potenciará a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), ya que el porcentaje que se destinará a seguridad pasará de 20 a 50 por ciento.
Según apuntó, con estos recursos se aterrizará el nuevo Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, cuya finalidad es que los gobiernos municipales recuperen también su capacidad operativa para combatir la delincuencia.
Ya veremos qué repercusión pudiera tener en Veracruz, donde en mayo de 2019 se generó gran escándalo mediático por la adquisición de 50 patrullas --cuyo costo de cada una fue de 670 mil 600 pesos-- y el arrendamiento de otras 110 unidades, por las que la administración estatal deberá pagar 144 millones de pesos en tres años.
Por cierto, en esa fecha, el entonces fiscal especializado en combate a corrupción, Marcos Even Torres Zamudio, informó que se había abierto una carpeta de investigación por la compra de patrullas y que esta se haría sin tintes políticos. Pero tras ser removido del cargo por la LXV Legislatura del Estado por ausencia injustificada de más de 30 días, los resultados de dichas indagatorias no se dieron a conocer.
"Tenemos que investigar para establecer si existe este hecho (de la compra a sobreprecio) y determinar la conducta ilícita que se genere para poder acudir ante un juez de control y poder hacer la solicitud pertinente. Tenemos que ver el contrato, primero dijeron que había sido compra, luego que arrendamiento, ya no sé qué es y necesitamos saber cómo ocurrió el hecho", declaró el ex fiscal actualmente prófugo.
Sobre este asunto, el nuevo fiscal anticorrupción José Alfredo Corona Lizárraga no ha dicho nada absolutamente nada, pese a que en su momento los diputados locales del PAN presentaron una denuncia penal argumentando que en el caso del arrendamiento de las patrullas, que tendrá un plazo de más de tres años, se habría violentado la Ley de Contabilidad Gubernamental por no haber solicitado previamente la aprobación del Congreso del Estado.
La falta de información sobre este polémico tema motivó que el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) ordenara a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) proporcionar la información respectiva. Sin embargo, la dependencia a cargo de Hugo Gutiérrez Maldonado se negó a darla pretextando que por ser un tema de patrullas podría poner en riesgo la seguridad del estado; no obstante, el IVAI determinó que la SSP no siguió los pasos para clasificar la información y que por tanto debía entregarla.
Pero pese a ello, los datos que habían sido reservados no se han dado a conocer de manera pública y detallada.
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