Muy lamentables las declaraciones del secretario de Gobierno Eric Cisneros Burgos, en el sentido de que los periodistas que estuvieron en el enfrentamiento entre civiles y policías de la Fuerza Civil, en Ciudad Isla, fueron reclutados por la delincuencia organizada para que dieran su versión en perjuicio del gobierno estatal.
Ahora que el asunto se despeja y que comenzamos a conocer parte de los hechos de manera objetiva, sin que medien las vísceras de funcionarios protagónicos que les da por criminalizar a los comunicadores, que descalifican con mucha ligereza el valioso trabajo de los representantes de los medios de comunicación, nos damos cuenta que lo de Isla fue una manifestación ciudadana resultado de los abusos que la policía ha venido cometiendo en contra de quienes debe proteger, quienes (los polis) al verse superados en número por la enardecida multitud decidieron echar balazos para dispersar ciudadanos ante el temor de un linchamiento.
Los compañeros periodistas estaban ahí, porque es la zona de influencia de los medios para los que trabajan, solo cumplían con su chamba poniendo en riesgo sus vidas y, como los miembros de la Fuerza Civil sintieron temor de ser exhibidos por la prensa, decidieron golpearlos, arremeter contra ellos, en un acto criminal que atenta contra la libertad de expresión y une a quienes nos dedicamos a este oficio para protestar por tan deplorable acción.
¿Que fueron reclutados por bandas de la delincuencia organizada?... ¡Falso! Qué fácil es para un funcionario descalificar. Si eso que dice el “poderoso secretario” fuera cierto, entonces hay que reclamarle porqué, conociendo a los bandoleros, no hace nada por evitar este tipo de trifulcas en las que corre sangre inocente. Los conocen, pues deténganlos, no usen mentiras para descalificar a quienes con calidad profesional, responsabilidad y compromiso social, como son los periodistas, se encargan de informarnos de estas absurdas acciones que, al parecer y a riesgo de equivocarnos no costaron la vida de ciudadanos a los que balearon por protestar.
Uno de los periodistas más afectados por los ataques de los miembros de la Fuerza Civil, Alberto Carmona, reportero del portal informativo “El Piñero de la Cuenca”, cuenta que él de plano tuvo miedo por su integridad. En dos ocasiones recibió golpes de parte de los oficiales de la Fuerza Civil del estado de Veracruz, durante la cobertura del ataque a la comandancia de la Policía Federal en Ciudad Isla, al sur de la entidad veracruzana.
Betillo, como le conocen sus compañeros dejó testimonio de lo acontecido a personal de Artículo 19, esa organización plasmó las declaraciones de varios reporteros que denunciaron vejaciones durante la cobertura del ataque policiaco en esa región piñera.
“A mí me golpearon varias veces, una donde el compañero graba cuando varios elementos me estaban golpeado y otra, donde me sacaron de una casa cuando estaba resguardando de las balas”, contó a sus amigos el reportero de la fuente policiaca.
Además, señala que: “ahí tumbaron la puerta, los de Fuerza Civil y me volvieron a golpear, me esposaron, me sacaron de la casa a golpes, ahí fue donde vi varias personas muertas. Me llevaron a donde tenían a varias personas detenidas, elementos de Fuerza Civil estaban amedrentando psicológicamente a los detenidos”.
Y ante la presencia de un representante de la Comisión de Derechos Humanos, “me soltaron, no sin antes decirme, ve nuestro rostro, grábatelos bien, porque para la otra que te veamos, te matamos, y cómo no te vimos cuando disparamos, te hubiéramos matado”.
Por su parte, Articulo 19 documentó en su página oficial las agresiones narradas por los reporteros Julia Santín, Brígido López, Edna López, Sergio Herrera, César Estrada y Alberto Carmona, todos golpeados y privados de la libertad de manera ilegal en el operativo, según sus declaraciones.
“Doña Luchita”, víctima de He-Man
El daño que ha causado en Veracruz el diputado panista Sergio Hernández, apodado “El He-Man”, incluye despojos de terrenos y casas habitación, usando el poder que le dio su jefe el panista Miguel Ángel Yunes Linares, y es que la sentencia del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Xalapa condenó a Luz María Landeros Becerra, conocida como “Doña Luchita”, de 88 años de edad, a entregar la posesión de 32.82 centímetros cuadrados, a favor de su hijo, David González Landero y de su nieta, Beatriz Alicia Gea González. El abogado Ángel Hiram Domínguez Rodríguez, apoyado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), hicieron efectivo el desalojo del total de la propiedad que supera los 100 metros cuadrados.
Sin embargo, los abogados Daniel Ortega, Víctor Alfonso Loyo Olivares y Tomás Mundo Arriasa explican que en el desalojo de la vivienda de Doña Luchita, efectuado en la mañana del martes 11 de febrero, hubo diversas violaciones al Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz y a los derechos humanos de la mujer con edad de 88 años.
Al mostrar documentos, los abogados explicaron que en el año 2015, cuando Beatriz Gea y David González Landero iniciaron la demanda, presentaron un escrito en el que exigen la entrega de 32.82 centímetros cuadrados de la propiedad, y así fue como en el año 2018, el juez del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) Alejandro Rodríguez Mejía condena a Doña Luchita a entregar tal espacio de la casa.
El juez del TSJE ordenó a Doña Luchita entregar 32.82 centímetros de la casa con dirección en la calle Carlos Miguel Palacios y marcada con el número 70, pero Beatriz Gea y su tío David González despojaron a la octogenaria del total de la propiedad.
Los abogados explicaron que “La sentencia condenó a 32.82 centímetros cuadrados que fue lo que la nieta y el hijo de doña Luchita demandaron, porque así lo solicitaron en su escrito inicial de demanda, y eso fue lo que resolvió el Juez, sin embargo los desalojaron de una superficie súper mayor en la que fueron condenados”.
Ahora, los abogados defensores de Doña Luchita, esperarán el resolutivo de la demanda de amparo indirecto que solicitaron en el Juzgado Décimo Séptimo de Distrito “por el exceso en el cumplimiento a la sentencia” que emitió el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Xalapa.
Este caso dará para mucho sobre todo porque se trata de una aberración jurídica impulsada por un diputado del PAN, que ha dañado con sus actos a muchas familias veracruzanas.
REFLEXIÓN
La detención de Emilio Lozoya debe ser el inicio de una cacería de ex funcionarios priistas en la cual debe estar incluido Enrique Peña Nieto, de otra manera se confirmará que hubo pacto entre Peña y AMLO para que éste ocupara la presidencia a cambio de impunidad. Escribanos mrossete@yahoo.com | formatosiete@gmail.com |
