¿Y el Instituto para Recuperar al Pueblo lo Robado?
Para quienes a estas alturas del partido, continúan preguntándose a donde fueron a parar los 54 mil millones que la Auditoría Superior de la Federación acusó en su momento que no habían sido comprobados por la administración estatal de Javier Duarte de Ochoa, hay que apuntar que dentro del proceso que se sigue al ex gobernador de Veracruz, se decretó el decomiso de 40 propiedades, “20 de las cuales corresponden a parcelas en Campeche y 20 a inmuebles, entre departamentos de lujo en la Ciudad de México, tres de los cuales se encuentran en la zona exclusiva de Santa Fe y que tienen un valor cada uno de 45 millones de pesos, y hasta con seis cajones de estacionamiento cada uno”.
Hay que recordar también que Javidu como lo nombraban sus cuates, fue sentenciado a nueve años de prisión, tras declararse culpable de los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Aunque esta semana una magistrada federal admitió a trámite la apelación del ex gobernador, Javier Duarte, quien busca se cancele o reduzca su sentencia de nueve años de cárcel. Pero tampoco significa que se le vaya a conceder la reducción a la condena. Simplemente se recibió la solicitud.
Isabel Porras Odriozola, titular del Tercer Tribunal Unitario Penal en la Ciudad de México notificó al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de su decisión. “Se tiene por recibido, en las vías electrónica y tradicional, el oficio y anexo del juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio, en función de juez administrador del centro de justicia penal federal en la Ciudad de México, con sede en el reclusorio norte, por medio del cual reproduce su acuerdo de 28 de febrero pasado, en el que tuvo por recibido el comunicado del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal relativo a la admisión del recurso de apelación hecho valer por el aquí quejoso contra la sentencia de procedimiento abreviado de 26 de septiembre de 2018”, detalla el acuerdo publicado por el Colegiado.
En diciembre pasado, el Primer Tribunal Colegiado otorgó un amparo al ex gobernador, sentencia que ordenó dar trámite al recurso de apelación con el cual pretende echar abajo la sentencia de nueve años de prisión dictada en su contra. El colegiado determinó que el juez de control tenía que dar trámite a la apelación para que un Tribunal Unitario se pronuncie sobre su admisión sin necesidad de ordenar su ratificación pues con las manifestaciones hechas por el quejoso, queda de manifiesto que no es su intención desistirse. El pasado 5 de enero, el juez de control Juan Carlos Ramírez Benítez, del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el reclusorio Norte de la Ciudad de México, resolvió que Javier Duarte debe continuar en prisión, ante la posibilidad de que vuelva a evadirse de la acción de la justicia. El juzgador también le negó la posibilidad de enfrentar su proceso en libertad o de permanecer en prisión domiciliaria.
Otra de las vetas de la corrupción en el estado de Veracruz en los últimos años, es la que comentó en la conferencia mañanera el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, quien al responder sobre el caso del exdirector de PEMEX detenido en España, la Fiscalía General de la República tiene ya abiertas tres investigaciones, entre las que se encuentra una sobre Etileno Siglo XXI que casualmente se encuentra en el sur de Veracruz y si se sigue jalando el hilo, se va a llegar a personajes de la política jarocha, no solamente de Petróleos Mexicanos.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera apuntó en la conferencia mañanera que “Un caso particular relacionado con Odebrecht era una empresa en Poza Rica constituida por un vendedor de seguros y un despachador de una gasolinera. Ninguno de los dos con pasaporte, y esta empresa constituyó una cuenta bancaria en Panamá, donde le transfirieron un millón de dólares.
Evidentemente el despachador de gasolinera nunca se enteró que era dueño de estos millones de dólares que había sido depositado en Panamá. Entonces, el problema con las empresas fachada es competencia desleal para el empresario mexicano, porque finalmente están vinculadas con actos de corrupción.
La UIF ha presentado cuatro denuncias ante la Fiscalía General de la República y se dio una vista a la Secretaría de la Función Pública sobre el caso particular.
Tenemos todavía pendientes de desarrollo tres investigaciones en este momento: una que tiene que ver con la adquisición del astillero, en España, que ha implicado para Pemex pérdidas por 50 millones de euros; dos, FERTINAL; y tres, el caso particular de ETANOL XXI, seguimos en proceso de integración….”
Contáctanos en Facebook: Miguel Ángel Cristiani G.
En Twitter: @bitacoraveracru
|
