La reforma electoral aprobada hace una semana por el grupo legislativo de Morena, que para alcanzar los 34 votos mínimos de la llamada Mayoría Relativa tuvo que persuadir a otros cuatro diputados de diferentes partidos –dos de los cuales terminaron en calidad de “independientes” al ser segregados de sus respectivas bancadas–, no sólo ha recibido el rechazo de la mayoría de los líderes partidistas de oposición, de funcionarios del OPLE y hasta de la jerarquía eclesiástica de Veracruz sino que por su inconstitucionalidad estaría por ser anulada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que, de consumarse, representará un duro golpe y desgaste político para la administración del gobernador Cuitláhuac García y su partido, tal como acaba de suceder con el morenista Jaime Bonilla, el mandatario de Baja California Norte que pretendía prolongar tres años más el bienio para el que fue electo en 2019.

Y es que los asesores jurídicos y políticos de García Jiménez, aparte de ignorar  olímpicamente que el pasado 20 de diciembre entraron en vigor las reformas y adiciones a la Constitución General de la República en materia de Consulta Popular y Revocación de Mandato –decretándose que las constituciones de las entidades federativas, dentro de los dieciocho meses siguientes a su entrada en vigor (esto es, el 19 de junio de 2021), deberán garantizar el derecho ciudadano a solicitar la revocación de mandato del titular del Poder Ejecutivo local–, también pasaron por alto, al reducir en 50 por ciento las prerrogativas de los partidos políticos locales, la jurisprudencia que derivó del recurso de inconstitucionalidad que hace tres años promovió casualmente el ahora presidente López Obrador como dirigente nacional de Morena en contra de una acción similar que había decretado el Congreso local de Yucatán.     

Como se recordará, el 30 de mayo de 2017 el Legislativo de esa entidad aprobó reformas a la Ley de Partidos Políticos, estableciendo que el financiamiento público para actividades partidistas ordinarias se reduciría en un 50% durante los meses o años que no hubiera procesos electorales, estipulándose que dichos recursos se destinarían a las instituciones de asistencia privada en la entidad, tal como ahora se ha justificado en Veracruz con motivo de la pandemia del coronavirus.

Pero el 29 de junio de 2017, a petición de la dirigencia de Morena en Yucatán, López Obrador presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia para promover la anulación de las reformas que reducían el financiamiento público a los partidos en ese estado peninsular.

Dicho recurso jurídico le fue asignado a la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, quien presentó un proyecto de resolución a favor de la solicitud de AMLO, el cual se aprobó el 7 de marzo de 2018 para derogar dichas reformas y que los partidos volvieran a recibir el financiamiento completo.