Una vez que estuvo en el interior del Palacio Legislativo, luego de pasar el filtro de seguridad, el diputado Vargas Barrientos no solo le recordó los actos de corrupción que se dieron durante su administración, sino que le mostró las gráficas y documentos de la Cuenta Pública.
Desde luego que le mostró los contratos millonarios que se otorgaron -casualmente- al que en ese entonces era el dirigente estatal de su partido el PAN, José Mancha Alarcón, gracias al cual obtuvo el cargo de Senador que ahora ostenta. Todo lo cual es un enorme conflicto de intereses, que ninguno objeto en su momento, pues tendrían que haber sido enviados a la Fiscalía General del Estado, en donde ya se sabe cómo guardaban los archivos incómodos.
Hay que recordar que en la legislatura pasada, y con mayoría panista, los diputados solaparon y pasaron por alto este hecho, por lo que quedó descartado del dictamen de la Cuenta Pública 2017, lo que les impidió enfrentaran su responsabilidad penal y administrativa.
No obstante, el diputado local por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), siguió al Senador y le recordó el daño patrimonial por 384 millones de pesos de la Cuenta Pública 2017, cuando fue titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP).
Le siguió enumerando algunas de las irregularidades: las 38 observaciones ante el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), cinco denuncias, obras inconclusas, licitaciones simuladas por 58 millones de pesos, contratos millonarios a sus amigos, entre ellos el panista José Mancha Alarcón, a través de sus constructoras.
Le recordó que, al amparo del tráfico de influencias, del compadrazgo, amiguismo y camarería política, el senador Julen Rementería, como titular de la SIOP, entregó sendos contratos de obra a la empresa del exdirigente estatal del PAN, Pepe Mancha, personaje que, en el Gobierno de dos años, logró contratos por más de 70 millones de pesos a través de empresas creadas exprofeso para sacar provecho económico en la administración estatal pasada.
Aquí hay que recordar que también en la pasada Legislatura, en el área de Comunicación Social se otorgaron contratos millonarios a “portales de noticias-boletines” que fueron creados exprofeso para poder facturar los convenios que fueron autorizados sin tener un sustento legal. En el inicio del presente Congreso -ahora con la mayoría de diputados y diputadas de MORENA- se aseguró que se habrían de auditar esos convenios para favorecer a familiares y amigos, pero nunca se hizo nada.
Ya encarrerado en los señalamientos de actos de corrupción, el diputado Vargas Barrientos le cuestionó el origen del recurso para una mansión de más de 50 millones de pesos en Boca del Río.
El Senador panista no contaba con la recepción que le daría el diputado local, quien dijo que “no callará las corruptelas de quien hoy acusa sin fundamento el trabajo que se hace en la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) a través del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz (IEEV), porque tanto diputados como funcionarios de Morena no se prestan a actos de corrupción.”
Lo bueno de ese democrático encuentro entre legisladores, es que el hoy senador, se nota muy preocupado por los supuestos desvíos de Espacios Educativos de Veracruz, pero lo sorprendente sería, porque no lo hizo cuando era Secretario de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), por qué no demandó públicamente contratos por ejecución directa que beneficiarían a familiares de Pepe Mancha y desde luego al propio ex dirigente de Acción Nacional.
Finalmente, también en temas legislativos, nos reportan desde el municipio de Córdoba, que a pesar de que incluye la reducción del 50% de las prerrogativas a los partidos políticos y con ello un ahorro significativo al Estado, en Sesión Extraordinaria del Cabildo cordobés, por mayoría de votos, no fue aprobado el Dictamen con Proyecto de Decreto para reformar y adicionar diversos artículos a la Constitución Política del Estado de Veracruz.
A pesar de que tan sólo con la reducción de las prerrogativas a los partidos, el Estado tendría un ahorro hasta de 177 millones de pesos anuales, pero los políticos del PAN y PRI quieren seguir viviendo a costa del pueblo, y que los alcaldes estén en el cargo por cuatro años para que les dé tiempo de llenar sus bolsillos, tal como lo hace Leticia López Landero.
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