“Es muy lamentable que existan estos atentados y que impere prácticamente la ley de la selva”, dice el texto signado por su vocero José Manuel Suazo Reyes.
En el comunicado se recuerda que la virgen de Guadalupe es uno de los símbolos religiosos del pueblo mexicano “que nos da unidad y concordia”.
El atentado lo denunció originalmente el presbítero José Juan Sánchez Jácome, exvocero de la Arquidiócesis y actualmente párroco de la iglesia San José, que se encuentra frente al mercado donde estaba el altar.
“Muy tristes los locatarios ante esta agresión que los lastima en lo más profundo porque se trata de la Virgen, de la Madre de los mexicanos”, escribió este sacerdote, del ala progresista de la Iglesia.
El arzobispo Hipólito Reyes Larios retomó el tema en su homilía dominical. Aludió a “personas que no dan la cara y que tienen una aversión contra la iglesia o contra las imágenes” y agregó que “muchos de nosotros tenemos que decir las cosas claras y eso no es agradable para muchos”.
Lo inexplicable es que el mercado San José se ubica exactamente frente al cuartel del mismo nombre, sede de la policía estatal, de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado.
¿Nadie, ningún policía de la guardia nocturna se percató del grupo de vándalos y del acto que estaban cometiendo?
¿O sí se dieron cuenta, pero se hicieron omisos para dejarlos actuar libre e impunemente, como a los vándalos que cometieron destrozos en el centro de Xalapa el pasado 8 de junio incluyendo a la iglesia de El Beaterio?
Se supone que toda el área está súper protegida y rodeada de cámaras de vigilancia para prevenir cualquier ataque contra el cuartel y los policías que ahí permanecen, así como para proteger el armamento, mucho de alto calibre, que ahí se guarda.
Pero el mercado víctima del atentado se encuentra también en la calle 5 de Febrero, a pocos metros del Centro de Planeación y Estrategia (CPE) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), lo que originalmente fue el “Palomar”, una especie de centro de espionaje.
Hasta anoche no había ninguna reacción de la SSP, de su titular Hugo Gutiérrez Maldonado, ni de la Secretaría de Gobierno o de su titular Eric Cisneros, como tampoco del presidente municipal Hipólito Rodríguez Herrero, dando alguna explicación sobre el caso.
Los agresores actúan libremente porque nadie los castiga, menos los frena. Saben que gozan de impunidad. ¿Acaso no hubo cámaras que los captó? ¿La próxima agresión será contra la propia Catedral frente al Palacio de Gobierno?
Caben varias hipótesis sobre los autores: son vándalos, verdaderos delincuentes sin filiación política; son simpatizantes prohijados por Morena; son halcones enviados por el propio Gobierno para fastidiar a la Iglesia, o son mercenarios enviados por enemigos del gobierno de Cuitláhuac para que lo culpen, así como a su administración.
Lo único cierto es que no hay control, que no hay seguridad, que la ciudad, la población e instituciones privadas y religiosas están desprotegidas por un gobierno cuya obligación es dar seguridad a la vida y a los bienes de todos los veracruzanos.
En tanto no se aclaren estos hechos, no se identifique, detenga y castigue a los autores, la responsabilidad recae sobre el gobierno. De acuerdo con una locataria, un velador señala como los autores a dos hombres encapuchados. Dijo que la imagen de la virgen tenía más de cincuenta años.
Si los agresores no son activados desde dentro de la administración, entonces se ve que a las autoridades no les preocupa que se esté atentando contra objetivos muy definidos, en este caso contra símbolos del catolicismo.
La Iglesia no se anda con rodeos. Afirma públicamente que impera la ley de la selva. Un domingo antes, en su homilía el arzobispo Hipólito Reyes Larios, citándolos por su nombre, dijo que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, el secretario de Gobierno Eric Cisneros Burgos y el presidente municipal Hipólito Rodríguez Herrero se concretaban a puros mensajes pero que no se comprometían a remediar la situación.
Hasta ahora los hechos le dan la razón. En el gobierno hay silencio. Ninguna explicación, ninguna justificación, ninguna condena. Ningún mensaje que proclame el respeto a la libertad de creencia religiosa, a la tolerancia.
La Iglesia, su arzobispo y su vocero hacen señalamientos dando la cara, de frente. Les responden encapuchados, desde el anonimato, bajo la sombra de la oscuridad que es decir de la cobardía no contra sus personas, peor, contra la institución que representan.
Le están jalando, o están dejando que le jalen, los bigotes al tigre. No miden las consecuencias, o no les interesa medirlas. Tal vez reaccionen cuando les lance un zarpazo que los desgarre en las urnas el próximo 6 de junio de 2021.
Le darán validez a la reforma electoral
Para este lunes está fijada la sesión de la LXV Legislatura en la que se dará plena validez a la reforma a la Constitución aprobada el pasado 12 de mayo, una vez que al menos 107 ayuntamientos le dieron su visto bueno.
En su cuenta de las redes sociales, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Juan Javier Gómez Cazarín (JJGC), informó que tienen 126 actas aprobadas (necesitaban solo 107), 2 aprobadas con observaciones, 63 no aprobadas y 2 indefinidas.
La oposición lo duda y ha exigido que se exhiban. JJGZ comentó al respecto: “No tenemos la necesidad de amenazar u obligar a los Cabildos para aprobar la Reforma Electoral. Los Ayuntamientos de Veracruz son libres y autónomos y las actas del día de hoy (18 de junio) son reales ¡La Reforma va! Le duela a quien le duela”.
Cabe suponer que las actas plenamente validadas existen, porque además serán pruebas de gran valor en el juicio legal que iniciará la oposición ante instancias federales para tratar de echar abajo la reforma.
Por lo pronto, seguramente esta mañana o al mediodía se aprobará enviar la reforma al gobernador Cuitláhuac García Jiménez para que la publique en la Gaceta Oficial del Estado y entre en vigor.
Por el proceso electoral local próximo a iniciarse, lo más relevante es que reduce en 50 por ciento el financiamiento a los partidos políticos y que desaparecen los consejos municipales del OPLE; además, reduce de cuatro a tres años los periodos de los alcaldes, pero permite la reelección de estos, así como de los diputados locales.
Durante el debate en el que se aprobó la reforma, la fracción de Morena dijo que la reforma pretende evitar el derroche de millones de pesos en procesos electorales, como se hacía durante los gobiernos del PRI y del PAN.
Estos, más el PRD más grupos religiosos, no opinan igual y recurrirán ahora a tribunales. El debate legal marca el inicio del proceso electoral. |
