Es veracruzano, originario de Poza Rica, titulado como licenciado en Economía por la Universidad Veracruzana, con Maestría en Finanzas por la UNAM, con especialidad en Economía Monetaria y Financiera.
José Luis Lima Franco también aspira a ser gobernador de Veracruz y desde su óptica, si se destaca en el rescate financiero de la administración estatal, sus posibilidades crecerán en forma exponencial.
A final de cuentas, tiene bajo su responsabilidad la solución de uno de los tres más grandes problemas de Veracruz (inseguridad, corrupción y deuda pública) y en los primeros 19 meses de la actual administración ha conseguido importantes avances en sus objetivos, como la renegociación de la deuda (una más), la aplicación de medidas de contención del gasto (lo que, sin embargo, ha provocado un preocupante estancamiento de la economía) y la cobertura de algunos de los pasivos más urgentes de la agenda estatal, como los que se tenían con la Universidad Veracruzana, con el Instituto de Pensiones del Estado, con los ayuntamientos, además de los rezagos en el cumplimiento de obligaciones con el SAT, el IMSS y el ISSSTE.
“Es muy joven y no sabe nada de política”, argumentan sus detractores.
Es verdad, pero tampoco es que el actual gobernador se distinga por su experiencia y dominio de la ciencia política y en la historia de Veracruz brillan más, por sus logros, aquellos que privilegiaron el orden y la honradez, que las habilidades –o “mañas”- en materia política.
Sin embargo, tampco es un tema que desconozca de forma absoluta. Una muestra fue la operación que llevó a cabo en semanas recientes, para “convencer” a algunos alcaldes que no llegaron a sus cargos con las siglas de Morena, para que respaldaran las reformas a la Constitución local en materia electoral.
Fueron varios los presidentes municipales que desfilaron por las oficinas de Finanzas, con la esperanza de conseguir los apoyos que tantos les habían prometido, pero que ninguno les había cumplido.
Llegaron, ahora sí, con el que dispone el destino del tesoro público y, a cambio de su respaldo en la reforma promovida por el gobernador, obtuvieron la promesa de un “mejor trato”.
Recomendaciones a nivel central, para inclinar la balanza a su favor, no le faltan. Anote por ahí al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y a Aureliano Hernández Palacios Cardel, titular de Auditoría a Recursos Transferidos, en la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Sin embargo, el activismo –aunque discreto- de Lima Franco, ya está resultando incómodo a otros miembros del gabinete estatal que se sienten con más derechos a ocupar la posición que hasta hoy ostenta Cuitláhuac García y han recurrido al valioso respaldo del periódico afín al Clan Yunes, para lanzar dardos contra el titular de Finanzas, acusándolo de corrupción por la vía de los medios de comunicación, en virtud de que no cuentan con elementos para llevar esos señalamientos ante un tribunal.
En nuestra colaboración de ayer hacíamos notar que poco –o nada- ha hecho la Fiscalía General del estado (FGE) para dar con el paradero del exfiscal Jorge Winckler Ortiz y sus cómplices. ¿Ha notado que tampoco avanza ningún expediente en contra de los más altos funcionarios del bienio yunista?
Lo intentaron (se supone) con la extitular de Finanzas, Clementina Guerrero, y los derrotó en barandillas.
Llama la atención porque uno de los casos más sonados al inicio de la actual administración fue el presunto fraude cometido durante el bienio yunista con la contratación de un sistema de video vigilancia.
El Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) entregó al Congreso local un informe en el que aseguraba que el Sistema Estatal de Videovigilancia anunciado en 2018 por el entonces gobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares como una “decisión estratégica” para combatir la violencia y restablecer la seguridad pública en Veracruz resultó un fracaso.
Según el órgano fiscalizador, el equipo y las instalaciones para poner en operación el sistema no cumplieron con las requisitos señalados en el anexo técnico del contrato; se detectó obra de mala calidad, con deficiencias técnicas y operando parcialmente. No se cumplieron las especificaciones establecidas, por lo que se observó un probable daño a la hacienda pública por mil 044 millones de pesos.
La empresa contratada por Miguel Ángel Yunes Linares para realizar esas tareas fue Comtelsat, propiedad de Manuel Arroyo, dueño también del periódico El Financiero, que ya tenía en sus antecedentes una inhabilitación por parte la Secretaría de la Función Pública en 2013.
Pues ahora resulta que Comtelsat está reclamando al Gobierno de Veracruz que le permita concluir el Sistema Estatal de Videovigilancia y para ello inició un juicio de amparo.
¿Será otro de los compromisos pactados entre Yunes y Cisneros?
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Epílogo.
Ya circula una primera lista de las que podrían ser las propuestas del gobernador para ocupar las seis plazas vacantes de magistrados en el Poder Judicial del Estado (PJE). *** Posición de Éric Cisneros, una de las propuestas sería Ana Volga Moreno Escalante, quien se desempeña como Directora del Centro de Análisis y Prospectiva Política, de la Secretaría de Gobierno. *** A propuesta del Congreso, iría Eduardo Andrade Rocha, quien inicialmente fue asignado a la Coordinación de Asesores de la presidencia de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura y más tarde fue designado Secretario Técnico de la Comisión de Procuración de Justicia (la misma comisión que fue ninguneada en la selección del nuevo titular de la Fiscalía General del Estado). *** Otro en la lista sería Marco Antonio Rodriguez Ventura, quien ha hecho carrera en el Poder Judicial y acaso influya que estuvo casado con la actual secretaria del Trabajo, Diana Estela Arostegui Carballo. *** Jacobo Domínguez Gudini sería otro de los propuestos, con amplísima trayectoria profesional y académica: doctorado en Derecho por la Universidad de Almería, España; Posgrados en Ciencia Política y Derecho Constitucional en Salamanca, España; en Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires, Argentina; en Administración Pública en la Academia Nacional de Gobierno de China, entre otros blasones. *** Mayra Angélica Martínez Juárez, actual secretaria de Acuerdos del Consejo de la Judicatura, sería otra de las propuestas y el único mérito que se le conoce es que es la pareja sentimental de Guillermo Benjamín Díaz Martínez, hijo de la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Sofía Martínez. *** La última posición sería para Maricela Andrade Baz, quien ya realizó funciones de magistrada durante el prolongado período en el que no se cubrían las vacantes en el Poder Judicial. Nuera del abogado José Lorenzo Álvarez Montero. *** Hay casos que se salvan, pero insisten en impulsar a los aliados, sin considerar las capacidades.
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