Una coalición de más de 60 sindicatos y movimientos sociales —la mayoría de profesionales de la salud, liderados por la Red Sindical UniSaúde— ha pedido ante la Corte Penal Internacional que el Presidente sea condenado por genocidio. En la denuncia, presentada el domingo en La Haya, se argumenta que el presidente ha cometido un crimen de lesa humanidad, tanto por alentar acciones que aumentaron el riesgo de proliferación de la Covid-19 como por negarse a implementar políticas de protección para las minorías.
Un documento de 64 páginas, que representa a más de un millón de profesionales de la salud, señala “fallos graves y mortales” en respuesta a la crisis sanitaria. Hasta este lunes, el país registra más de 87.000 muertes y casi 2,5 millones de casos confirmados de Covid-19.
Según el documento, el Presidente nunca ha seguido las recomendaciones técnicas de su propio Ministerio de Sanidad para frenar el contagio en el país. Desde el comienzo de la crisis, varias veces ha provocado aglomeraciones y ha aparecido sin mascarilla, además de hacer declaraciones que minimizaban la gravedad de la Covid-19, a la que llamó “gripecita”. “Esta actitud de desprecio, negligencia y negacionismo ha tenido consecuencias desastrosas, con el consiguiente aumento de la diseminación y el colapso total de los servicios sanitarios, que se encontraron sin las condiciones mínimas para asistir a la población, lo que derivó en muertes sin más controles”, afirma el documento.
La denuncia también cita la insistencia del presidente en los vetos a leyes aprobadas por el Congreso para contener la epidemia (como el uso obligatorio de mascarillas en lugares cerrados, comercios y templos religiosos) y proteger a las poblaciones más vulnerables, como los pueblos indígenas. A principios de julio, el Presidente vetó la obligación del Gobierno federal de garantizar incluso el agua potable durante la pandemia. “[Los vetos] muestran una política de exclusión de las minorías, poniéndolas al margen de todas y cada una de las políticas públicas”.
El presidente ya había sido denunciado anteriormente por intento de genocidio de los pueblos indígenas. Hay al menos tres demandas en La Haya que exigen que se investigue su actuación ante la pandemia de coronavirus.
En una entrevista a EL PAÍS, el abogado argentino Luis Moreno Ocampo, ex fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, estimó que, para que el presidente sea investigado y juzgado, es necesario demostrar que hay un plan para utilizar el coronavirus como herramienta para exterminar a toda o parte de la población. La jurista Deisy Ventura, especialista en la relación entre pandemias y derecho internacional, afirmó que existen todos los elementos necesarios para clasificar como crimen de lesa humanidad la actuación del Gobierno ante la covid-19: intención, planificación y ataque sistemático. En cualquier caso, la CPI puede tardar meses en analizar las denuncias y decidir si abre o no una investigación formal.
Todo lo anterior forma parte de la denuncia que presentaron agrupaciones de médicos brasileños contra el presidente de su país Jair Bolsonaro, pero que en poco tiempo tendremos en México, porque nos quedan “como anillo al dedo”, los argumentos que los brasileños usan para enjuiciar a su presidente como causante del exterminio de ciudadanos con la pandemia del coronavirus.
La nota la publica en su edición de este martes El País, nosotros la editamos eliminando el nombre del presidente brasileño, pero como se puede advertir es exactamente lo mismo, es más, hasta la existencia en Veracruz y otras parte del país, de grupos de médicos y sociedad en general que se organizan para demandar a nuestro presi por el delito de genocidio que se configura a la perfección.
La nota de El País remata con el siguiente párrafo:
“Para los sindicatos de profesionales de la salud que firman el documento, las acciones del presidente Bolsonaro durante la pandemia de coronavirus “exponen la vida de la población a un alto riesgo para su salud y a la muerte”. Todavía consideran que hay “dolo” e “intención en la postura del presidente, cuando adopta medidas que vulneran los derechos humanos y desprotegen a la población, poniéndola en riesgo a gran escala, especialmente a los grupos étnicos vulnerables”.
¡Basta de impunidad, Cuitláhuac!
La definición es la más exacta: Hay juzgados que se han convertido en la “puerta giratoria” para que responsables de la comisión de delitos evadan la justicia, advirtió el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, al acudir a la presentación de la iniciativa que reforma el Código Nacional de Procedimientos Penales en el Senado de la República.
El mandatario señaló que es por ello que se requieren modificaciones a la ley para que permitan garantizar que los delincuentes enfrenten a la justicia y evitar que en los juzgados los dejen en libertad.
Puso de ejemplo el caso de la banda que se refugiaba en Veracruz y delinquía en la zona de Tuxtepec, en Oaxaca; señaló que gracias al convenio con el Gobierno y Fiscalía de ese estado lograron identificar y detener a los delincuentes, pero tras presentarlos ante el juez, este determinó no encarcelarlos y en cambio los dejó con otro tipo de medida cautelar, ya que dijo usaron “todo tipo de artimañas”.
Esto generó que, tras su liberación, los integrantes de esta banda ejecutaran a por lo menos diez personas a quienes consideraron responsables de su detención; actualmente, siguen en libertad.
“Buscaron todas las artimañas, conocen bastante bien los procedimientos penales locales y federales y lograron escabullirse La medida cautelar fue incumplida, tenían que regresar a firmar, se sienten con un manto de impunidad y volvieron a delinquir.
“Empezaron ejecutando a quienes creyeron los había delatado o los habían denunciado; después de eso tuvimos como diez ejecuciones por esta misma banda, se encuentran libres y esta es la preocupación que tenemos”, señaló el mandatario ante los senadores.
¡Soy inocente!... Lozoya
Javier Duarte de Ochoa ha dejado de ser el emblema de la corrupción de este país para que lo sustituya Emilio Lozoya Austin. Los mexicanos no alcanzamos a entender porqué se les relaciona a estos políticos en la desaparición (robo) de miles de millones de dólares y a la hora de comparecer ante la justicia, esas inimaginables cantidades se convierten en unos cuantos millones de pesos.
Estas reconversiones lo único que nos permiten imaginar es que hubo arreglos entre autoridades y delincuentes, en términos de “vómito negro”, lo que permite que los juicios penales sean menores, que sean considerados como reclusos VIP o que ni siguiera pisen un penal como vemos que es el caso del hoy famélico Emilio Lozoya.
El accionista mayoritario de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira – detenido en España a petición de México– transfirió tres millones de dólares a cuentas de la que es beneficiaria Gilda Lozoya, hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, indica la primera parte de la acusación presentada por la FGR contra el exfuncionario.
Durante la audiencia de imputación contra Lozoya y luego de que el juez dio por ejecutada la orden de aprehensión en su contra, la FGR expuso que el 28 de noviembre del 2012 Lozoya se vio beneficiado por Alonso Ancira a través de esta transacción con la cantidad citada que le fue transferida a su hermana entre junio y noviembre del 2012, recursos que Lozoya usó para adquirir una residencia en Lomas de Bezares, cerca de Santa Fe, en la Ciudad de México.
Los recursos salieron de las cuentas de AMHSA en una sucursal de Monclova, Coahuila, donde la empresa tiene su sede principal. Los cerca de tres millones de dólares fueron depositados en cuentas bancarias de Suiza que abrió la compañía fachada Tochos Holding Límites, cuya beneficiaria final era Gilda Lozoya Austin y pese a que dicha compañía no tiene ninguna relación contractual o comercial con AHMSA de México.
De acuerdo con los fiscales, los depósitos y la posterior adquisición de la residencia ubicada en Ladera 20 Interior 11, en Lomas de Bezares, alcaldía de Miguel Hidalgo se hicieron con el fin de ocultar sus bienes.
Previo a una pausa decretada por el Juez José Artemio Zúñiga, Emilio Lozoya se declaró inocente de las imputaciones en su contra y afirmó que jamás intentó ocultar la adquisición de la casa en Ladera 20, puesto que la incluyó en su declaración patrimonial al ser designado director general de Pemex.
REFLEXIÓN
Ese frente “por la defensa de la democracia”, que conformaron el PAN, PRI y el PRD en Veracruz, es de tepezil, no aguantará nada, apenas le ordene Alito a Marlon que se deje de jaladas y se alinee con Morena y éste, con su vocación natural, mandará a la goma al PAN y al PRD. Escríbanos a mrossete@yahoo.com.mx | formatosiete@gmail.com |
