El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 fue entregado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la Cámara de Diputados el pasado ocho de septiembre. Tomando en cuenta la coyuntura derivada de la pandemia de coronavirus, la propuesta se concentra en contender con los retos sanitarios, incrementar los apoyos a los sectores vulnerables y continuar con las grandes obras de infraestructura (Tren Maya, Corredor Transístmico, Aeropuerto de Santa Lucía, etc.)

La idea es mejorar la posición de nuestro sistema de salud en vista de las necesidades derivadas de la emergencia y del déficit histórico en el ramo, coadyuvar en la recuperación económica y del empleo mediante la inversión pública y continuar con la ayuda a los más pobres. Paralelamente, se continúa con la política de austeridad, de tal manera que disminuye el gasto no programable y el  corriente. 

Un efecto de esta orientación es la reducción de las transferencias federales a los estados. De acuerdo con la propuesta entregada a los legisladores, estas erogaciones –que actualmente representan cerca del 30 por ciento del gasto neto total- caerán en 5.5 por ciento con respecto de lo aprobado el año pasado, lo que en términos absolutos significa 108.5 mil millones de pesos menos. Se trata del pago de participaciones, a las que se recortan 62.7 mil millones pesos; las aportaciones federales destinadas a educación, salud, infraestructura social y seguridad pública, que pierden solamente 9.1 mil millones; y las asignaciones para convenios de coordinación, subsidios y otros gastos, que serán disminuidas en 36.8 mil millones de pesos.

Esto ha sido calificado por la oposición como un verdadero golpe al federalismo. Pero esta crítica no toma en cuenta que, en el contexto de unas finanzas afectadas por la contingencia sanitaria, es bastante racional canalizar todo el esfuerzo hacia la salud, el gasto social y la inversión productiva, máxime que las transferencias que tienen por objetivo sostener el desarrollo de largo plazo, son las menos afectadas. 

Un análisis más puntual sirve para poner en contexto la reducción de las transferencias federales a las entidades federativas propuesta en el Proyecto de Presupuesto 2021.  En primer lugar, no es que los gobiernos anteriores fueran enfáticamente federalistas y aumentaran significativamente estas asignaciones: entre 2010 y 2020 crecieron a una muy modesta tasa de 1.0 por ciento anual. En segundo lugar, el recorte más drástico para 2021 se presenta en el Ramo 23 de “Provisiones Salariales y Económicas”, pero esto debido a la desaparición de los fondos Metropolitano y Regional. En tercer lugar, dentro de la dinámica de disminución general, se cuidaron partidas como la de Aportaciones para los Servicios de Salud, que crece 2.4 por ciento. Y, finalmente, lo más importante: la reducción general del gasto federalizado destinado a estados y municipios se explica en gran medida por el retiro de los recursos destinados a la Protección Social  de la Salud a raíz de la creación del Instituto de Salud para el Bienestar. 

Más positiva que esta crítica descuidada de la oposición es la actitud de algunos responsables de las finanzas en las entidades federativas. En esa dirección, por ejemplo, consciente de las circunstancias que obligan a este recorte de los recursos provenientes de la federación, la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz se dispone a ajustar el gasto corriente aunque sin despidos ni disminuciones salariales y sin afectar a los programas esenciales. Adicionalmente, se propone reforzar la recaudación en la línea que ha permitido su recuperación en el mes de agosto, después de los efectos perniciosos de la pandemia. Con estas medidas se intentará proteger a las finanzas veracruzanas en la difícil situación por la que atravesamos.  

*Economista, latinoamericanista y asesor parlamentario