En el segundo, el presidente de la república designó a Jaime Cárdenas como director del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, pero no resistió la presión, los amplios horarios, y lo que asegura: la existencia de corrupción dentro de la dependencia.
Ninguno de los dos fue capaz de señalar a los corruptos, ninguno levantó una demanda en contra de quienes realizaban actos ilícitos. Simplemente dijeron que ya no podían. Desde luego que tanto la senaduría como la academia resultan trabajos muy relajados comparados con lo que ahora se ha convertido la administración pública, que implica no sólo largas jornadas de trabajo sino ver enemigos por todos lados que no construyen, pero sí cuestionan y descalifican.
Ante el regreso de Ricardo Ahued al Senado, la Dirección General de Aduanas quedó en manos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para después entregar su custodia a la Secretaría de Marina. A partir de ese momento las denuncias y detenciones han sido implacables.
Ahora que Cárdenas García deja el cargo en este instituto de reciente creación, provocó el comentario del presidente de que “no le quiso entrar” a la lucha contra la corrupción. Es decir, se quedó sin denunciar y simplemente dijo que había corrupción y señaló la mutilación de un collar; sin embargo, el jefe del Ejecutivo indicó que a él no le han reportado todavía ninguna anomalía.
López Obrador señaló: “Pedimos lealtad a ciegas al proyecto de la 4T, no a mi persona”. Lo cierto es que nadie puede llamarse engañado al momento de aceptar un cargo en la actual administración pública. El propio presidente de la República se levanta muy temprano y se acuesta después de la media noche. Ante esta realidad nadie puede llamarse a sorpresa por no conocer la intensa jornada de trabajo diaria que implica un compromiso de esa naturaleza.
Esto quiere decir que el salario que se les pagó a ambos se tiró a la basura porque no realizaron la tarea que les encomendaron, simplemente dejaron pasar el tiempo en un ambiente adverso que son incapaces de denunciar penalmente y sólo se remiten a una renuncia que no explica su trabajo.
No se vale renunciar sin cumplir lo encomendado, sobre todo cuando se regresa a la administración pública, y este es caso de Ricardo Ahued, expriista, quien ahora busca tumbar a Cuitláhuac García Jiménez de la gubernatura de Veracruz, o, por lo menos ser el candidato de Morena en 2024 a ese cargo.
Durante su gestión al frente de Aduanas, Ahued se entrevistó con el presidente de la República en Palacio Nacional, seguramente con más indiferencia que compromiso por su trabajo, terminó por renunciar.
Es decir, a pesar de que no se cumplió con lo previsto en sus obligaciones puede que sea ascendido a la gubernatura o, por lo menos a la candidatura de un estado de por si castigado por todos los gobernadores que han pasado y se han enriquecido por su paso por el palacio de gobierno de esa entidad.
Siguen las renuncias en la administración pública, especialmente en áreas conflictivas, como es el caso del Centro Nacional de Control de Energía, encargado de evitar los aumentos de precio de energéticos y tarifas eléctricas, donde su director, Alfonso Morcos, renunció el pasado miércoles.
Se señala que están inconclusos juicios de amparo solicitados por participantes del mercado eléctrico por haberles negado la interconexión de fuentes de energía renovables como la eólica y la solar.
Así también debe separarse claramente las causas de la renuncia y las consignas personales de quienes dejan el cargo. Porque la oposición últimamente ha adoptado las renuncias de funcionarios públicos como votos en favor de los contrarios a la 4T, cuando nadie sabe si en realidad lo son. Las renuncias que ocurrían en sexenios anteriores simplemente se archivaban y los medios se dedicaban a buscar en el historial de los sustitutos la justificación del nombramiento y ahora investigan las causas de esas renuncias que, si bien deben ser exhaustivamente conocidas, no implican forzosamente diferencias con la actual administración pública.
Las renuncias no terminan con la responsabilidad de los funcionarios que desertan, sino que las sospechas sobre su falta de moral y de honestidad empiezan. Así que habrá que verificar las verdaderas causas de esta dimisión y calificar su trabajo en la administración pública para que queden libres de responsabilidades.
Es decir, la renuncia a la administración pública debe ser motivo de investigación profunda, no hay sospecha sólida pero tampoco eficiencia comprobada. PEGA Y CORRE. - Ángela Buitrago, abogada e integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, a quien se le impidió realizar su trabajo de investigación para encontrar a los 43 normalistas de Ayotzinapa y a los culpables de su desaparición, también cuestiona la tarea de los medios convencionales por votar que se conozca la verdad sobre el caso, dijo: “Hay ciertos periodistas que están tratando de revivir de manera espuria elementos para confundir a la opinión pública. Creo que esto significa que en el presente se están utilizando los mismos medios y los mismos periodistas para generar la misma versión y mantenerla en el imaginario. Habría que mirar qué se persigue con esto” …Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
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