Por ejemplo, el dictamen –que originalmente planteaba la desaparición de 55 fideicomisos y al que de última hora le fueron adicionados otros 54- contempla extinguir 65 fondos correspondientes a programas de investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), de donde quedarían a disposición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 24 mil 956 millones 664 mil 277 pesos. Ahí se incluye un fondo mixto con el Gobierno del Estado de Veracruz por 28 millones 670 mil 892 pesos.
La puñalada a la educación de calidad y alta especialidad se extiende a los fondos de organismos como el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), que por esta decisión dejaría de recibir 332 millones 969 mil 290 pesos –recursos de los cuales muchos ni siquiera le son transferidos por el gobierno, sino que corresponden a gestiones propias-, condenándolo a cuasi-desaparecer.
Mismo caso de instituciones como los colegios de la Frontera Norte y Sur, el Instituto de Investigaciones “Dr. José María Luis Mora”, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y el Instituto de Ecología (Inecol), este último ubicado en el municipio veracruzano de Coatepec, referente internacional en investigación medioambiental y que perdería financiamiento por prácticamente 50 millones de pesos.
Además de los correspondientes a la educación e investigación científica y social, otros fideicomisos que desaparecerían -entre varios más relacionados con el deporte, la protección al medio ambiente y la bioseguridad-, son el del Fondo de Desastres Naturales (Fonden, con casi siete mil millones de pesos y del cual depende la atención a los daños causados a la población por fenómenos naturales de toda índole), el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine, con más de 200 millones de pesos y que ha mantenido vivo al cine mexicano) y uno en el que se esperaba el ataque incluso desde el año pasado: el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, al que se le quitarían los exiguos 250 millones de pesos con que se mantiene el Mecanismo de Protección que da atención a activistas de derechos humanos y reporteros víctimas de agresiones en México, sectores que a la “cuarta transformación” le importan nada.
A través de un pronunciamiento, la Red ProCienciaMx advirtió que la desaparición de los fideicomisos que apoyan la ciencia y la cultura tendrá “graves consecuencias para el desarrollo del país”, al tiempo que exhibió cómo los diputados federales los engañaron convocando a investigadores y directores de Centros Públicos de Investigación a tres sesiones de Parlamento Abierto, cuyos planteamientos y recomendaciones se recogen en el dictamen y a pesar de lo cual se recomienda desaparecerlos, “traicionando el espíritu franco de dicho Parlamento”.
Algunos ingenuos –o convenencieros- aplaudidores del lopezobradorismo repiten la cantaleta de que la desaparición de estos fideicomisos implicará mayor “transparencia”, “eficiencia”, “pluralidad” y “honestidad” en el uso de esos recursos. Pero lo cierto es que lo único que le importa al régimen es extraer dinero de donde sea para financiar el barril sin fondo de sus programas sociales clientelares, que serán estratégicos en su intento por mantener la mayoría en las elecciones intermedias de diputados federales del año próximo.
Aunque para ello tenga que aniquilar los centros de producción de conocimiento y generadores de conciencia crítica del país. Materias que, al fin y al cabo, la “4t” desprecia profundamente.
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