A estas alturas, ya en unos días más a dos años de gobierno, he escuchado a muchos veracruzanos plantearse las preguntas (quien quiera que se suba a un taxi las escuchará).
La corrupción llegó a su más alta expresión en los seis años del gobierno priista de Javier Duarte de Ochoa, pero el desvío de recursos –según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el órgano fiscalizador de la Cámara de Diputados– y sobre todo el subejercicio de los mismos (el dinero público autorizado y entregado para gastar en un ejercicio fiscal) tiene ya su pico mayor en el gobierno de apenas dos años del morenista Cuitláhuac García Jiménez.
Tan malo el pinto como el colorado.
El nombre Auditoría Superior de la Federación se empezó a poner de moda en Veracruz en el gobierno priista de Fidel Herrera Beltrán, llegó a su máximo apogeo en el del gordo Duarte y cuando creíamos que iba a pasar a formar parte de la historia con el nuevo gobierno, que se proclama casi como el castillo de la pureza, ¡pum!, ha saltado de nuevo y se ha colocado en primera línea mediática.
A 15 días de que Cuitláhuac García Jiménez rinda –es un decir– su Segundo Informe de Gobierno, la ASF ya le hizo –como ningún veracruzano lo podría plantear porque no tiene toda la información que sí posee la institución– los más serios cuestionamientos, que si no se responden satisfactoria y públicamente empezarán a horadar en serio la fama de honestidad que se presume, que la de credibilidad y la de confianza están ya muy socavadas en apenas 24 meses de ejercicio.
La Auditoría Superior de la Federación reportó que al revisar el gasto federalizado de la Cuenta Pública 2019, correspondiente al primer año del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, resultó que Veracruz fue una de las cuatro entidades –junto con Puebla, Chiapas y la Ciudad de México– que incurrió en las mayores irregularidades en el ejercicio de dos fondos: el del Seguro Popular y el de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASS), por mil 963.6 millones de pesos.
Aparte de un presumible daño a las finanzas públicas, se afectó el derecho a la salud de los veracruzanos, porque el dinero debió haberse destinado a la adquisición de medicamentos e insumos médicos, a la construcción y el mejoramiento de infraestructura hospitalaria, así como a la contratación de personal médico y administrativo.
Pero no solo eso. La ASF reportó también que ha devuelto hasta la fecha 5.6 millones de pesos por diversas observaciones (requerimientos por la detección de irregularidades) que le hizo y tiene pendiente por solventar (comprobar, justificar) la friolera de 2 mil 413 millones de pesos de su primer año de ejercicio.
En este periodo le dieron dinero para gastar en la compra de desayunos escolares calientes y fríos, apoyos alimentarios como despensas, construcción y rehabilitación de aulas, sanitarios, bibliotecas, laboratorios, talleres, áreas deportivas, salones de usos múltiples, para educación tecnológica y de adultos, compra de medicamentos, y un largo etcétera, pero no lo hizo.
En los Servicios de Salud la ASF detectó el pago de aviadores, empleados que no estaban en su área de trabajo, otros con sueldos mayores a los fijados en el tabulador, pagos a proveedores fantasma pues no se pudo comprobar que entregaron medicamentos; en general, no se pudo aclarar el manejo del dinero.
El asunto cobra mayor relevancia porque los señalamientos no los hace algún partido de oposición, ninguno de los diez estados federalizados ni algún periodista de investigación o columnista crítico, a los que tanto descalifica el presidente, sino un órgano oficial autorizado.
Desde muy temprano empezaron a naufragar
En este espacio, el año pasado me vine ocupando del subejercicio que había, aunque el gobernador venía negando que lo hubiera, como lo hizo el 10 de diciembre cuando compareció ante el pleno de diputados con motivo de su Primer Informe de Gobierno.
En “Prosa aprisa” del 15 de diciembre de 2019, con el encabezado “Devolverán millones por no ejercerlos”, apunté que de acuerdo al Artículo 17 del Capítulo I del Título Segundo de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, a más tardar el 15 de enero de este año, el Gobierno del Estado debería reintegrar a la Tesorería de la Federación los recursos federales etiquetados que no hubiera ejercido hasta el último día de diciembre.
Dias antes, por fin el secretario de Desarrollo Social, Guillermo Fernández Sánchez, en su comparecencia en el Congreso, había aceptado que su dependencia solo había ejercido 61% de 438 millones de pesos que se le habían asignado, quedando pendientes 198 millones, aproximadamente. Ignorante de la ley, dijo que el resto se lo podía gastar hasta marzo de este año, ya que de otra forma tendría que devolverlo, ignorando que los recursos no son transferibles de un año para otro.
Por su parte, el secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Elio Hernández Gutiérrez, el 27 de noviembre, también en su comparecencia, aceptó que su dependencia había ejercido apenas 50% del total de su presupuesto de 2 mil 165 millones de pesos.
El angelito se vio obligado a revelar que de 208 contratos celebrados, 129 habían sido adjudicados en forma directa, o sea más de la mitad. Varios diputados denunciaron entonces que en forma extraña varias licitaciones habían sido declaradas “desiertas” para ser adjudicadas en forma directa a empresas de Guanajuato, Puebla, Querétaro, Pachuca, Guadalajara y Ciudad de México, pero ninguna de Veracruz.
Uno de los legisladores, Gonzalo Guízar Valladares, aseguró que de las empresas beneficiadas de manera directa, muchas carecían de domicilios fiscales confiables, tenían historiales de fraudes en otros estados y no gozaban de buena reputación en el ramo.
Otro funcionario más, Roberto Ramos Alor, titular de los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), el 13 de diciembre de 2019 se ufanó de habilitar el periodo vacacional que llegaba y mantener sus actividades para “el desahogo de procesos de licitaciones”. Para entonces tenían que estar entregando ya las obras o haber acabado con la entrega de medicamentos y equipos, así como la contratación de personal. Las licitaciones tenían que haberse hecho a más tardar nueve meses antes, en marzo del año pasado.
De la conclusión y entrega de obras para marzo pasado, que tanto cacarearon, nunca volvieron a decir una sola palabra y se taparon con el manto de la pandemia de Covid que llegó precisamente en marzo para no rendir cuentas.
Ni cuentas claras ni chocolate espeso
Los serios señalamientos de la ASF se dan a una quincena del Segundo Informe de Gobierno y de que de inmediato empiecen a comparecer en el Congreso los funcionarios, a seis meses y días de las elecciones de diputados y alcaldes, cuando los diputados de la oposición aprovecharán para sacar ventaja electoral, a menos que los “cañoneen” para que no cuestionen a fondo, aunque la ciudadanía, el electorado, estará pendiente de la rendición de cuentas, esto es, si los opositores claudican de su deber legal perderán imagen y votos. |
