Es en ese contexto que el pasado 6 de noviembre de 2020 el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó, con nueve votos a favor y dos en contra, un acuerdo que establece los lineamientos para lograr la paridad de género en las candidaturas a los gobiernos estatales a partir de los comicios que se celebrarán el año entrante, lo cual representa un hito histórico que, como era de esperarse, ha provocado resistencias de extremo a extremo del espectro político e ideológico.
¿Qué implica en los hechos este acuerdo? Que en las elecciones de los 15 gobiernos estatales de 2021 sean postuladas al menos siete mujeres por partido o coalición que participe, lo cual puso los pelos de punta en aquellos institutos políticos en los que no se han preocupado por preparar los suficientes cuadros femeninos para contender por tal cantidad de espacios; o bien, en los que esos cotos de poder de los que hablábamos están “reservados” para hombres.
Solo así se puede entender la impugnación que del acuerdo del INE hizo ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuatro días después de aprobado, el Senado de la República a través del presidente de su mesa directiva, Eduardo Ramírez Aguilar, legislador por Morena que también ha sido diputado por el Partido Verde y secretario general de Gobierno de Chiapas durante el sexenio de Manuel Velasco Coello, periodo al que pertenecen unas fotos en las que aparece reunido ni más ni menos que con el “hermano incómodo” del actual régimen, el “recaudador” Pío López Obrador, consanguíneo de “ya saben quién”.
En el recurso de apelación promovido por el Senado se alega que “lo que se recurre es esa falta de competencia y facultades del INE para emitir las medidas de paridad de género en la postulación de candidaturas a las gubernaturas”, y contiene “argumentos” verdaderamente patéticos, como una supuesta vulneración de la Constitución a partir de que “para emitir medidas o lineamientos que otorguen derechos a las mujeres, necesariamente se deben restringir derechos de los hombres”.
Pero el planteamiento es una total falacia. No hay tal vulneración de la Constitución toda vez que desde el año pasado se llevaron a cabo una serie de reformas a los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de paridad de género en todos los niveles de gobierno y en los poderes públicos, enmiendas conocidas como “Paridad en Todo” que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2019. Se trata pues de un mandato constitucional en firme al que los partidos buscan darle la vuelta –con chillidos como el mencionado- porque afecta los intereses de quienes los controlan, que son todos del sexo masculino.
Y hay otro elemento en juego y quizás el que verdaderamente es la clave del rechazo: una vez que sea una realidad la paridad en las postulaciones a las candidaturas a las gubernaturas, no podrá evitarse que se aplique de manera casi natural el mismo principio en el siguiente nivel: la elección de Presidente de la República en 2024.
Las ambiciones políticas de varios se derrumbarían sin remedio. Por eso la quieren “tumbar”.
Fiasco
Sin un objetivo concreto, sin logros que mencionar y cercado por los escándalos de violencia política de los últimos días, lo que terminó acaparando los titulares acerca del mensaje por el segundo informe de labores del gobernador Cuitláhuac García Jiménez fueron sus reiterados señalamientos y acusaciones a su antecesor directo, Miguel Ángel Yunes Linares.
Cuando eso es lo más importante de la comunicación oficial de tu acto de exposición pública más relevante del año, sabes que fracasaste rotundamente.
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