En la celebración de los contratos para la construcción de las Ciudades Judiciales, magistrados, consejeros de la Judicatura estatal, servidores públicos del Poder Judicial, legisladores locales y empresarios constructores se coludieron y para obtener beneficios ilícitos que le costaron al Tribunal Superior de Justicia más de 5 mil millones de pesos.
Al asumir la Presidencia del Poder Judicial de Veracruz, la magistrada Sofía Martínez Huerta se encontró con que heredaba una obligación de pagar, mes con mes, más de 17 millones de pesos, lo que la motivó a ordenar una auditoría externa para conocer los términos de dicho acuerdo. Lo que encontró fue tan irregular, que al mismo tiempo que preparaba una denuncia por las inconsistencias detectadas, detuvo –durante 11 meses- los pagos a las Asociaciones Público Privadas (APP).
Una vez que la magistrada Sofía Martínez fue depuesta del cargo de Presidenta, su sucesora, Isabel Inés Romero Cruz, dispuso que de inmediato se reanudaran los pagos y se resolviera lo relativo a las cuotas no solventadas en meses anteriores.
Esta actitud permite concluir que la conjura en contra de la magistrada Martínez Huerta fue promovida por los involucrados en el millonario negocio de las Ciudades Judiciales.
Este martes fue presentada la segunda denuncia penal contra los principales actores de este gigantesco fraude, en el que figuran personajes como el que fuera Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edel Álvarez Peña; los magistrados Andrés Cruz Ibarra y Pedro Luis Reyes Marín, así como la exmagistrada Irma Dinorah Guevara Trujillo.
Portando varios legajos de documentos para soportar su denuncia, el doctor Tomás Mundo Arriasa acudió a la Fiscalía Anticorrupción y a su salida explicó que en este entramado participó el consorcio que integraron las empresas “Agrupación de Compañías Constructoras de Veracruz, S.A. de C.V.; Construindustrias Comerciales, S.A. de C.V.; Consorcio Integral de Comercio Exterior, S.A.P.I. de C.V.; Concesiones y Promociones RUA, S.A.P.I. de C.V.; Desarrolladora de Caminos, S.A. de C.V. y Constructora y Promotora Malibrán, S.A. de C.V.
Mundo Arriasa llamó la atención sobre la “extraña coincidencia” de que, justo cuando la entonces magistrada Presidenta, Sofía Martínez, suspendió los pagos a las constructoras, fue cuando inició el golpeteo del Gobierno de Veracruz en su contra, lo que derivó en su destitución y, una vez fuera, la inmediata reactivación de los pagos por parte de la nueva presidenta encargada de despacho.
Entre los delitos que se detallan en la denuncia, aparacen pagos duplicados, autorización del Congreso del esquema de Asociación Público Privadas, a pesar de que no se contaba con los terrenos; aprobación del dictamen sin contar con expediente técnico y dictaminación del tercero especializado; licitaciones sin estar autorizadas por el Congreso; incumplimiento de las empresas participantes de los requisitos de la convocatoria; empresas comprometidas con el consorcio participante brindaron “asesoría” al Poder Judicial y sobrecostos en diversas etapas de los proyectos por más de 80 millones de pesos.
El abogado penalista informó, además, que se realizan las gestiones necesarias para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda (SHCP) intervenga las cuentas bancarias de los señalados en la denuncia y los investigue, pues se presume que resultaron beneficiados por permitir todas estas irregularidades.
En la denuncia también son señalados diputados de la LXIV Legislatura que aprobaron dictámenes sin contar los expedientes técnicos que les permitieran corroborar que lo propuesto cumplía con las normas jurídicas.
El engranaje de la justicia está en movimiento y muchas cabezas habrán de rodar.
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Epílogo.
Cuitláhuac García se muestra sorprendido e indignado por el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no haya entrado a fondo en el análisis de la reforma electoral de Veracruz, y la haya invalidado “con argumentos de procedimiento”. *** Su declaración muestra la falta de voluntad para admitir que se equivocó. Esos “argumentos de procedimiento” se refieren a que no fueron tomados en cuenta, al momento de plantear esta reforma, los pueblos originarios, esto es, las 13 etnias que están asentadas en territorio veracruzano. *** Alguien tuvo que recordarle al gobernador lo que expresí el 21 de diciembre de 2018 (a tres semanas de haber tomado posesión) en la ciudad de Papantla: “Las políticas públicas del nuevo Gobierno tendrán como prioridad a todos los pueblos originarios de la entidad”. ¿Tan pronto lo olvidó? *** La Secretaría de Salud informó que en lo que va de la pandemia de Covid-19 en México, los contagios confirmados suman un millón 060 mil 152, con un incremento de casos confirmados por laboratorio de 10 mil 794, lo que representa un nuevo record de casos reportados en 24 horas. Los decesos también aumentaron con 813, para un reporte total de 102 mil 739 fallecimientos. El director de Epidemiología, José Luis Alomía, detalló que de los 2 millones 742 mil 996 personas que han sido estudiadas, un millón 283 mil 714 han obtenido un resultado negativo. Las personas recuperadas son ya 791 mil 516. *** En cuanto a la tasa de positividad, indicó que en la semana epidemiológica 46, se reporta que de cada diez personas que son examinadas para determinar si son o no portadores del virus que causa la enfermedad del Covid-19, casi cinco tienen un resultado positivo.
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